El Estado se retiró ante la lucha contra el narcotráfico

Presidente, seamos sinceros: su política contra las drogas no es real. El fracaso de los diálogos de su “paz total”, el debilitamiento de la moral en las Fuerzas Armadas, la falta de erradicación de cultivos ilícitos y el abandono del campo son, tristemente, sus principales “logros”. Hoy, rompemos récords por tercer año consecutivo en cultivos de coca.

Sabemos que por décadas, Colombia ha sido el epicentro de la producción mundial de cocaína. A pesar de los esfuerzos del Estado, los cultivos no solo persisten, sino que han aumentado en niveles alarmantes. Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 el país alcanzó un récord histórico de 253.000 hectáreas sembradas de coca. Esta cifra refleja una preocupante pérdida de control en varias regiones. En 16 de los 19 departamentos con presencia de cultivos, reportaron incremento, siendo Cauca, Nariño y Norte de Santander, los más afectados. Estos territorios siguen siendo dominados por el narcotráfico, disfrazado de guerrilla, bandas criminales, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Todas esas fuerzas caminan por allí campantes, menos el Estado, que en esas zonas es prácticamente inexistente.

¿Para qué engañarnos? Este Gobierno ha sido permisivo con los delincuentes, y por eso el narcotráfico prolifera. Gustavo Petro y su círculo cercano (también conocidos como ministros), no han erradicado los cultivos, y lejos de cumplir con los propósitos de los diálogos de paz, estos fallidos acuerdos solo han generado más cesiones del Estado, mientras miles de campesinos deben abandonar sus hogares entre la burla y el escarnio público.

La estrategia de reanudar la fumigación con glifosato, anunciada recientemente, es valiente y necesaria. Aplaudo esa decisión. Sin embargo, preguntarle a los campesinos (que viven bajo presión de grupos armados), si aceptan la fumigación en sus terrenos, es ponerles una lápida en la frente. ¿Quién puede decidir libremente cuando está siendo desplazado por quienes controlan los corredores del narcotráfico?

La erradicación manual ha demostrado ser ineficiente y peligrosa. En los últimos cinco años, más de 30 erradicadores han muerto en enfrentamientos o por minas antipersonal ocultas entre los cultivos. Además, de estos efectos, para el Gobierno el costo operativo es altísimo, sin contar el tiempo requerido y la rápida regeneración de estas plantaciones, que reaparecen en cuestión de meses.

Entre 2000 y 2015, cuando se utilizó la fumigación aérea con glifosato, Colombia logró una reducción significativa en las hectáreas de coca. En 2007, por ejemplo, se registró una disminución del 18 % frente al año anterior. Esta medida obligaba a los narcotraficantes a trasladar sus cultivos, les fragmentaba su logística y encarecía sus operaciones. Desde la suspensión de esta política en 2015, los cultivos no han dejado de crecer. Los resultados están a la vista: 181 municipios del país registran presencia de cultivos de coca. De estos, 65 municipios tienen menos de 100 hectáreas, sumando en total cerca de 2.000 hectáreas. La producción potencial de cocaína creció en un 53%, alcanzando las 2.664 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína pura.

Pero, si hoy contamos con tecnología más avanzada, ¿por qué no aprovecharla en esta lucha? Señor presidente, es urgente retomar las operaciones militares aéreas para destruir los laboratorios y utilizar drones de precisión para fumigar las áreas sembradas. No se nos olvide que van más de 700 acciones y ataques con drones por parte de estructuras criminales contra la fuerza pública y la población civil, detectadas solo este año por las autoridades. En ese caso, ¿por qué no salirle al paso a estos ilegales y hacer que el Gobierno se valga de esa tecnología para fumigar de manera focalizada?

La política de erradicación debe ser firme. No podemos tener un Estado cómplice en la lucha contra el narcotráfico. Necesitamos ofrecer alternativas económicas reales para que el campesino pueda trabajar y vivir con dignidad. En regiones como la Amazonía brasileña, en el Putumayo y parte del Caquetá, el cultivo del Asaí es ejemplo de cómo llevar desarrollo al territorio, respetando el entorno y generando oportunidades sostenibles.

La lucha contra los cultivos ilícitos requiere una estrategia integral, que combine desarrollo alternativo, presencia estatal, inversión social y, sí, también acciones contundentes contra el narcotráfico. La fumigación aérea no puede seguir siendo un tabú político. Es una herramienta más del Estado, y en este momento crítico, es una herramienta que no podemos darnos el lujo de ignorar.