El costo de la desesperanza

Ni la emigración definitiva de colombianos, ni las caídas abruptas de la inversión privada son fenómenos novedosos en el país. Podría decirse incluso que son paisaje, endemias. Y, tal vez por ello, no se evalúa tan rigurosamente su impacto en el futuro poblacional, económico y espiritual del país.

La emigración definitiva de colombianos ha tenido diversos destinos, etapas y caracterizaciones y ha sido justificada de manera casi que permanente por la falta de oportunidades laborales o de ingreso en el país y la violencia interna. De una emigración calificada en las décadas de los sesenta y ochenta, que migraba mayoritariamente a Venezuela y Estados Unidos, el país empezó a exportar mano de obra poco calificada en los ochenta y noventa con preeminencia de Estados Unidos. En los noventas y dos mil se mantiene la tendencia de exportar mayoritariamente mano de obra poco calificada, pero se dispara la migración hacia España y vecinos de América Latina como Ecuador, Argentina, Chile y México.

Hoy Estados Unidos sigue siendo el mayor receptor y es allí donde se ubica la mayoría de los colombianos en el exterior, pero España es la nueva meca del emigrante colombiano. En la madre patria somos la mayor nación exportadora de personas después Marruecos y el saldo de colombianos que allí residen se acerca al de Estados Unidos y supera el de Venezuela.

Las políticas públicas frente al fenómeno migratorio han pasado en el país de la indiferencia a la preocupación por la protección del colombiano en el exterior (Conpes 3603/2009) y después a la focalización transversal de la acción del Estado para manejar los efectos de la monumental de migración venezolana que se disparó entre 2017 y 2021 (Conpes 3950/2018).

Sin embargo, sorprende la debilidad de las herramientas de evaluación real del fenómeno migratorio en el país. A pesar de que las formulaciones de la emergencia migratoria venezolana dieron origen a la Encuesta de Pulso de Migración (EPM) y al Reporte Estadístico de Migración, ambos del Dane, el enfoque prioritario es la medición de la tipología, grado de formalización e incorporación productiva, social y legal del migrante venezolano.

Otros instrumentos de evaluación referidos comúnmente son los estudios de migración de la Ocde o las encuestas Gallup que contienen información interesante, pero con el sesgo de los países desarrollados que se preocupan por el aumento desenfrenado de los flujos migratorios desde países subdesarrollados y que resaltan, no solo la tendencia creciente de la intención de migrar, sino la efectividad de la iniciativa de migrar para el migrante en términos de la alta posibilidad que tienen de ubicarse productivamente, generar ingresos y atender la demanda laboral en los países receptores.

Si bien el grueso de los migrantes en hombres y mujeres está en los grupos quinquenales de 25 a 39 años, el mayor crecimiento a partir de la pandemia está en los grupos de 15 a 24 años.

La pandemia ha sido el evento de mayor incidencia en el salto reciente de emigración, que tuvo su récord absoluto en 2022, con más de quinientos mil emigrantes definitivos, y se mantiene en niveles históricamente altos en 2023 y 2024, por encima de trescientos mil emigrantes. Estos niveles recientes se relacionan con las altas estadísticas de capturas y solicitudes de asilo en Estados Unidos y con los niveles récord de residencias solicitadas en España.

Las estadísticas denotan que la casi totalidad de nuestros emigrantes viaja en avión al país de destino o a países fronterizos donde puede intentar el cruce ilegal.

¿Se huye de Colombia? ¿La migración es un efecto predecible de la globalización? ¿El derrumbe de la natalidad en el mundo desarrollado es la principal causa del fenómeno? ¿La movilidad laboral y el cambio de residencia son connaturales al desarrollo de la humanidad?

No tenemos una idea clara y tampoco, como grandes exportadores de personas a nivel mundial, lo estamos estudiando en detalle. Esta debería ser una prioridad nacional, máxime a la luz del crecimiento desaforado de las remesas de colombianos en el exterior y su peso cada vez más relevante en la cuenta corriente.

Nuestras estadísticas no dejan de ser oscuras, pero los cerca de 1,8 millones de colombianos que abandonaron el país entre 2020 y 2024 representan un juicio concreto sobre nuestra realidad. Una realidad mediocre en la que si bien el país indudablemente ha avanzado en muchos indicadores de calidad de vida, sigue sin generar, por cuenta del crecimiento económico anémico, las pobres condiciones de productividad y la baja competitividad en actividades de valor agregado, perspectivas que convenzan o motiven a nuestros compatriotas a construir su futuro económico y familiar en el país.

Sin el influjo brutal de migrantes venezolanos entre 2017 y 2022, para los cuales según la EPM Colombia representa una enorme mejoría en las posibilidades de generar ingreso y calidad de vida, el país pudo haber enfrentado una crisis de mano de obra barata que habría afectado gravemente actividades exportadoras como el café y habría presionado aún más al alza la inflación laboral, ya desbordada, que nos hace inviables como proveedores del near shoring norteamericano.

En la diáspora de colombianos, que no parece cejar, se nos van además los más formados e ilustrados de nuestros jóvenes, muchísimos empresarios exitosos con sus recursos, veteranos de la Fuerza Pública, obreros, artesanos y técnicos ampliamente formados.

La desesperanza que los mueve es justificada y deriva de nuestra incapacidad como país de acordar el desarrollo como nuestra gran y absoluta prioridad. Centrados en solventar la desigualdad por ley, decreto o apunta de contratos públicos y órdenes de prestación de servicios, no logramos nada y, sobre todo, no convencemos a esos emigrantes sin esperanza que nos cuestan mucho más que las remesas que nos mandan.