SANDRA FORERO Columna Semana

Opinión

El apocalipsis de la vivienda en Colombia

El cuarto jinete se disfrazó de sostenibilidad.

Sandra Forero
21 de octubre de 2025

En solo tres años, Petro logró que la vivienda tuviera sus propios jinetes del Apocalipsis: ocho, y no cuatro. Tres años le bastaron al gobierno de Gustavo Petro para destruir lo que se construyó durante décadas. Estos tres años han sido los más críticos en la historia reciente de la vivienda en Colombia.

Desde que inició este gobierno, 206.161 hogares no lograron cumplir el sueño de tener casa propia. En total, 577.251 personas —la población de una ciudad como Santa Marta— perdieron la oportunidad de construir su patrimonio. El país también sufrió: el Gobierno marchitó una inversión potencial de $60 billones, que las familias habrían destinado a vivienda, cifra equivalente al 3,4 % del PIB.

El abandono de la vivienda formal también afectó la iniciativa empresarial. En tres años se dejaron de lanzar 271.762 viviendas formales. Miles de familias tuvieron que construir sus casas sin cumplir los requisitos técnicos mínimos, sin servicios básicos ni infraestructura urbana. Otras, se vieron obligadas a pagar arriendos más altos.

Las ciudades también perdieron: esas viviendas habrían aportado 234 hectáreas de parques, 96 hectáreas de equipamientos urbanos y, si se hubieran construido en Bogotá, más de $2 billones en ingresos municipales por impuestos prediales, industria y comercio, y delineación urbana.

El impacto también se refleja en las cuentas nacionales. El sector edificador acumula ocho trimestres consecutivos de caída en su valor agregado, con -9,7 % en junio de 2025. De igual manera, las obras nuevas han disminuido desde el tercer trimestre de 2024, y las licencias de construcción registran actualmente una caída anual del 3,1 %.

Todo este daño se consolidó a través de ocho decisiones del Gobierno, que han actuado como los jinetes del Apocalipsis de la vivienda. El primer jinete llegó con la exministra Catalina Velasco, quien, en abril de 2023, redefinió los criterios de asignación de subsidios introduciendo el Sisbén como nuevo criterio. Solo este cambio provocó que, de inmediato, el 40 % de las familias que cumplían los requisitos tuvieran que decir adiós a su sueño de tener casa propia. A largo plazo fue peor: en este gobierno las renuncias superaron las 113.000 unidades, 44.830 más que hace tres años.

El segundo jinete fue el Plan Nacional de Desarrollo, que planteó inicialmente una asignación de 25.000 subsidios anuales para Mi Casa Ya, muy por debajo de los 67.000 beneficiarios al año que había alcanzado. Posteriormente, la meta nominal se elevó a 50.000 subsidios por año, pero en 2025 apenas se programaron 10.919 subsidios, y para 2026 solo 752.

El tercer jinete nació con la idea de reorientar los recursos de Mi Casa Ya hacia los programas de mejoramiento, cuya ejecución ha sido mínima: desde 2023 y hasta junio de 2025, Fonvivienda solo ha entregado 11.637 mejoramientos, apenas el 2,91 % de lo prometido. Además, la delegación de selección y el manejo de recursos a entes territoriales y organizaciones populares, el desmonte del régimen técnico y los giros directos a beneficiarios politizaron el programa.

El cuarto jinete se disfrazó de sostenibilidad. El Gobierno creó un mecanismo de verificación y control que asignó a las entidades territoriales la responsabilidad de verificar el cumplimiento de metas de ahorro de energía y agua en las nuevas edificaciones. Una decisión que desconoce los avances del país: Colombia es líder mundial en certificaciones EDGE, con 22 millones de m² y más de 312.000 viviendas sociales certificadas. Además, erosiona la productividad y facilita la corrupción, reduciendo la posibilidad de certificar más proyectos.

El quinto jinete llegó con el estandarte de la estatización: la intervención directa del Gobierno Nacional en la selección de proyectos, la priorización de criterios de la demanda y la reducción del monto del subsidio a 22 salarios mínimos. Esto limita la libertad de elección de los hogares, restringe la participación del sector privado y facilita la politización de los recursos destinados a quienes más los necesitan.

El sexto jinete es un cadáver: el del modelo fiduciario. Este es uno de los pilares del mercado de vivienda nueva formal en Colombia tras la crisis hipotecaria más grande del país a finales de los noventa. Este Gobierno ha intentado redistribuir de manera inequitativa los derechos y deberes fiduciarios y no fiduciarios, minando la confianza en un modelo que consolidó el acceso a vivienda formal y fortaleció el mercado.

El séptimo jinete se manifestó con la caída del presupuesto de vivienda. De $3,8 billones en 2023 pasó a $4,3 billones en 2024 y a $2,7 billones en 2025. Para 2026, la inversión proyectada, es de solo $1,7 billones. Esta reducción contrasta con el aumento del costo de la burocracia, estimado por Fedesarrollo en $10 billones adicionales para 2025.

El octavo jinete, el más terrible de todos, es la mala política fiscal. La desconfianza que generó en los mercados disparó el riesgo país y encareció la deuda del Estado. Familias que obtuvieron una hipoteca en 2023, con las altísimas tasas, tuvieron que destinar hasta un 30 % adicional de sus ingresos solo para cubrir su cuota mensual del crédito. En pocas palabras, esta fue otra forma de este gobierno de meterle la mano al bolsillo de los colombianos en su inversión más valiosa: su casa propia.

En solo tres años, este gobierno hizo realidad todos los males que podían caer sobre la política de vivienda: dejó a miles de familias con su sueño roto, empujadas a la informalidad, pagando arriendos y créditos más caros, y destruyó la confianza y la inversión, el verdadero combustible del crecimiento. Decisiones irresponsables e ideologizadas hipotecaron el futuro de una generación que soñaba con cronstruir su patrimonio más preciado: la vivienda.

A pesar de todo, no podemos perder la esperanza. Las ciudades han demostrado que sí existe otro camino. Bogotá es el mejor ejemplo: se anticipó a la crisis, triplicó los recursos para vivienda hasta una cifra cercana a $1 billón y se propuso garantizar 75.000 soluciones habitacionales, de las cuales 60.000 son viviendas nuevas. Con Mi Casa en Bogotá, la ciudad les devolvió la esperanza a miles de familias. Esa es la prueba de que Colombia la salvarán las regiones, porque Colombia tiene futuro.

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