Drogadicto del poder

El desconocimiento sistemático de la voluntad democrática por parte del presidente Gustavo Petro se ha convertido en una peligrosa constante.

El pasado 13 de mayo, el Senado de la República hundió la propuesta de convocatoria a una consulta popular impulsada por el Ejecutivo, decisión adoptada en un contexto de reiteradas presiones y amenazas del mandatario hacia los legisladores. Como era previsible, el presidente calificó dicha decisión como un “fraude” e hizo un llamado a sus adeptos para movilizarse en las calles, con el único propósito de ejercer presión social e institucional orientada a revivir su fallida iniciativa.

La propuesta de consulta popular surgió tras el archivo de la reforma laboral en el Congreso, evidenciando no un genuino ejercicio democrático, sino un mecanismo de imposición frente al Legislativo y una clara intromisión en la autonomía de esta rama del poder.

A pesar de estas tensiones, el Congreso actuó con firmeza y mantuvo su imparcialidad institucional. Sin embargo, una apelación interpuesta por congresistas del Pacto Histórico y la Alianza Verde permitió reabrir el debate de la reforma laboral en una nueva comisión, prolongando así la discusión.

El mandatario convocó “cabildos abiertos”, solicitando al Senado someter nuevamente a votación su iniciativa. Lejos de buscar consensos reales, parece decidido a imponer su voluntad por vías de hecho.

Esta intención quedó en evidencia con el reciente anuncio del ministro del Trabajo sobre una “nueva” propuesta de consulta popular, esta vez con 16 preguntas —cuatro más que en la versión original—, las cuales presentan ambigüedad jurídica, escasa técnica normativa y un claro sesgo ideológico. Estas preguntas no solo carecen de claridad, sino que están orientadas exclusivamente a un sector de la población —los trabajadores—, omitiendo deliberadamente a los empleadores y distorsionando el principio de representación equitativa.

El panorama para el Ejecutivo no parece positivo. El próximo 29 de mayo, la Corte Constitucional iniciará el estudio de la exequibilidad de la reforma pensional, debate que contará con ponencia negativa y que, de prosperar, podría llevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de toda la normativa. A ello se suma el anuncio del Consejo de Estado de dictar sentencia anticipada en el proceso de nulidad electoral contra la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Elección que no solo estuvo torpedeada, sino que también fue objeto de presiones indebidas y manifestaciones promovidas por colectivos y sectores afines al gobierno, entrometiéndose en la autonomía de la Corte Suprema de Justicia.

Frente a estos hechos, es evidente que el presidente Petro desconoce de manera reiterada los límites institucionales. Su discurso se radicaliza cada vez que encuentra obstáculos en el Congreso o en las altas cortes. Para él, quien no se alinea con sus directrices es “mañoso”, “golpista” o “fraudulento”, en abierta deslegitimación del orden constitucional y de la separación de poderes.

En contraste, tanto el Congreso como las altas cortes han dado ejemplo de independencia y compromiso con el Estado de derecho, ejerciendo sus funciones con sobriedad y apegados a la legalidad. Su actuación ha sido clave para contener los embates de un Ejecutivo que, lejos de asumir un rol institucional, parece empeñado en consolidar un proyecto autoritario que encuentra en la polarización y los ataques a la institucionalidad, su forma de “gobernar”.

Las consecuencias de este ambiente de polarización ya son visibles en la capital. El lunes 19 de mayo se presentaron disturbios protagonizados por miembros de la comunidad Emberá, quienes, a pesar de haber sido previamente reubicados por las autoridades distritales, intentaron retomar de manera violenta el Parque Nacional.

Este episodio —que incluyó agresiones contra una funcionaria de la Secretaría de Integración Social— se enmarca dentro de un clima de movilización social impulsado por el discurso de odio promovido desde la Presidencia, y que tiene como telón de fondo la imposición de una cuestionada consulta popular.

Colombia atraviesa un momento crucial, en el que se pone a prueba la solidez de sus instituciones y la madurez de su democracia. Defender la autonomía de los poderes públicos y rechazar cualquier intento de concentración del poder no solo es un deber jurídico, sino una responsabilidad histórica.

No podemos permitir que se continúe imponiendo la narrativa destructiva desde las tarimas de los mal llamados cabildos abiertos, que no son más que una muestra más de gobernanza, con migajas y discursos vacíos y delirantes de quien dice no ser un “drogadicto del poder”.