Diplomacia y economía

Colombia es un país que, en medio de todas sus dificultades políticas y sociales, siempre se ha caracterizado por tener una diplomacia muy profesional que se sustenta, desde hace muchos años, en la existencia de una carrera diplomática, lo mismo que en una economía sin mayores sobresaltos y de seguridad jurídica, tanto para la población colombiana como para la comunidad internacional.

En mi opinión, y por mi propia experiencia personal, eso ha sido posible porque —afortunadamente— hemos tenido personas de la diversidad política, social y diplomáticos de carrera que, en momentos muy difíciles para el país, han tenido el valor civil de manifestarles a los gobernantes —sean de derecha, centro o de izquierda— sus opiniones y verdades sobre lo que más les conviene a Colombia y a su población en un momento determinado.

Es probable que dicho comportamiento no sea de agrado en un momento determinado de aquellos gobernantes que están formados en la cultura de la adulación, de la zalamería y, por consiguiente, están en contra de los principios democráticos de autonomía e independencia que siempre deben caracterizar, tanto a las personas como a las organizaciones políticas, sociales y empresariales.

En el desarrollo de dicha política, es bueno anotar que Colombia, en materia de relaciones internacionales, siempre ha tenido plena independencia en sus relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones, tal como ha venido sucediendo desde hace varios años con diversos países de América Latina y el Caribe, de la Unión Europea, con Rusia y China, entre otros, pero evitando —eso sí— que las relaciones de soberanía de Colombia con alguno de esos países se haga sobre la base de debilitar las relaciones diplomáticas históricas con países como Estados Unidos, y cuyo debilitamiento puede poner en peligro las relaciones comerciales bilaterales con productos nacionales que son vitales para la generación de empleo en el país y para la propia economía nacional, como son el café y las flores, entre muchos otros.

Como las relaciones comerciales de Colombia están muy ligadas al desarrollo de la economía colombiana y a la búsqueda de una política de empleo, tanto en la parte urbana como rural, su desarrollo no debe darse sobre sueños y fantasías de “tratar de abrir un hueco para tapar otro hueco”, tal como desde hace más de 50 años lo anotara en las fábulas de Simón el Bobito nuestro poeta Rafael Pombo.

En ese mismo propósito, también se debe evitar apercollar con tantas medidas legales a los empresarios colombianos, porque en la vida real son ellos los que mejor pueden generar empleos decentes y mejores ingresos a las finanzas estatales.

No olvidemos que en Colombia el deber constitucional de todo presidente de la República es el de contribuir siempre, con la política del diálogo social y del desarme de la palabra, al fortalecimiento de empresas estatales y privadas cuyo fin fundamental es la generación de nuevos y más ingresos económicos como Ecopetrol o el sector comercial privado, lo mismo que al desarrollo de una política pública de transparencia, de no despilfarro y de rendición periódica de cuentas sobre los ingresos y gastos de los recursos públicos. Es bueno anotar que en el caso colombiano estamos en mora de saber unirnos en la diferencia, para exigirlo como un derecho democrático de la ciudadanía y un deber de obligatorio cumplimiento de los gobernantes y demás servidores públicos.

Lo anterior es urgente por toda la información que a diario estamos conociendo sobre la grave situación de las finanzas públicas y sobre el futuro económico de empresas emblemáticas para la economía nacional como Ecopetrol.

En el Estado, como en la vida cotidiana de las personas, se enseña con el ejemplo de vida. En el caso de la generación de políticas de empleos decentes, el Estado colombiano, tanto a nivel nacional, departamental o municipal, incluyendo en la prestación de servicios esenciales como el de la salud, desde hace varios años no es buen ejemplo a seguir por la precariedad de los empleos y malas condiciones de vida y de trabajo en que se hallan esos trabajadores.

Como no todo está perdido, estoy seguro de que si el presidente Petro tomara la decisión constitucional y valiente de hablar y descalificar menos, pero ante todo de dialogar con sectores políticos, sociales y empresariales diferentes a su pensamiento político y social, estoy seguro de que ese diálogo en la diferencia contribuiría a diseñar una nueva ruta democrática para el bien del futuro de la diplomacia, la economía, el empleo y las finanzas públicas, que son la base para el logro de una Colombia mejor y sin tanta violencia.

Los anteriores caminos son, en mi opinión, varios de los desafíos más importantes de las personas que aspiren a la Presidencia de la República el 31 de mayo de 2026.