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Opinión
Desarrollo social y económico
La experiencia, tanto en Colombia como en otros países, nos ha demostrado que es muy difícil hacer un buen desarrollo social en un país donde no existe el libre desarrollo económico regulado por el Estado.
Un falso debate en que desafortunadamente algunas personas, con posturas muy radicales de derecha e izquierda, a veces nos quieren meter en algunos países y en los propios organismos de Naciones Unidas, es qué es primero: ¿el desarrollo económico o el social? En mi humilde opinión, es lo más parecido al falso debate sobre qué vino primero, ¿el huevo o la gallina?
La experiencia, tanto en Colombia como en otros países, nos ha demostrado que es muy difícil hacer un buen desarrollo social en un país donde no existe el libre desarrollo económico regulado por el Estado. Esa es la razón fundamental que nos llevó en la Asamblea Nacional Constituyente, en 1991, a aprobar por unanimidad el mandato del artículo 58 sobre la garantía que debe existir en Colombia del derecho a la propiedad privada, siempre y cuando esta cumpla una función social y ecológica.
Ese mandato es constantemente violentado por la corrupción, la violencia, los contaminadores ambientales y por todas aquellas personas que ven al Estado como su “vaquita lechera”, o que sencillamente tienen como pretensión en la vida ser los más ricos del cementerio o vivir siempre de manera fácil a expensas del “papá” Estado. En ese camino, el Estado debe desarrollar mecanismos que eviten las grandes desigualdades sociales y en ese propósito también las organizaciones empresariales y cada uno de nosotros debemos asumir una responsabilidad social real para que nadie quede rezagado o excluido. No es posible construir desarrollo económico y ambiental, en medio de la pobreza de millones de seres humanos.
Eso significa promover desde el Estado y el sector privado de manera permanente: la cultura de la solidaridad, del diálogo social, de la responsabilidad social empresarial, de la empresa como casa común de los empresarios y los trabajadores, del esfuerzo individual y colectivo, de la educación, de la cultura y del deporte. Pero, ante todo, promover también la cultura del trabajo, del ahorro, de la convivencia pacífica, de gozar con los éxitos de otros y del valor de la palabra, entre otros.
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No olvidemos que el Estado, la economía y el mercado tienen que responder a nortes éticos para poder lograr el bien común.
En tal sentido, un modelo económico y social que deberíamos estudiar más es el de los países nórdicos, en los cuales, con una política pública de total transparencia, de respeto a los derechos humanos, de promoción y práctica del diálogo social y la concertación permanente entre empresarios y trabajadores, se ha venido logrando tanto un buen desarrollo económico, como un buen desarrollo social.
Todo lo anterior se ve reflejado en la sociedad nórdica por buenos y positivos indicadores económicos para los empresarios, pero también en buenos y positivos indicadores sociales para los trabajadores y para el conjunto de la población, y en la garantía de buenos salarios y de un sistema pensional para todas las personas; buenos servicios de salud, educación, cultura, recreación, formación profesional y empleo.
Ellos son, en la concepción de los países nórdicos, la garantía para la democracia, la paz, la convivencia pacífica y la cero tolerancia con la corrupción y la violencia. En otras palabras, es un gana-gana de la población, de los partidos políticos y sobre todo de los empresarios y los trabajadores.
Ese tipo de sociedad y de convivencia pacífica es la que deberíamos construir los sectores políticos y sociales en Colombia, trabajando desde la diferencia para lograr que, poco a poco, se vaya construyendo desde los municipios y regiones. Eso significa hablar, descalificarnos y matarnos menos, y posiblemente dialogar y entendernos más entre diferentes.
Creo que esos son, en mi opinión, los retos más importantes que le quedan al Gobierno nacional en el año largo que resta de mandato, pero, ante todo, a los diversos candidatos y candidatas, tanto para el Congreso como para la Presidencia y Vicepresidencia de la República en el año 2026.