Democracia en cuidados intensivos

El país se encuentra inmerso en una crisis de moralidad que ha sido alimentada por la corrupción y ha penetrado, no solo a algunos miembros del actual gobierno, sino también a integrantes del poder legislativo y a otros servidores públicos, como lo registran largamente los medios de comunicación. Interpretando la Biblia se puede hacer mención de que cuando la sal se corrompe, no solo pierde sus propiedades, también estas no serán fáciles de recobrar y, por tanto, la gente la desecha y la pisotea.

Lo mismo ocurre con las instituciones del Estado que —se considera— son parte de los pilares fundamentales que soportan el Estado social de derecho, particularmente cuando algunos de sus integrantes, en lugar de tomar las decisiones jurídicas basadas en la ley y las normas vigentes, deciden torcer el rumbo de sus providencias en favor de intereses mezquinos, posiblemente siguiendo instrucciones externas, lo cual es una de las muestras fehacientes de la corrupción que nos afecta.

La corrupción es el cáncer de la sociedad y hace metástasis afectando a toda la comunidad. Ciertos gobiernos otorgan impunidad para favorecer delincuentes, quienes se valen de su violento accionar para imponer a los votantes sus intereses electorales, lo cual también es parte de esa corrupción que motiva a los bandidos a continuar violando las leyes.

La desviación de la moral pública se ha incrementado con la aparición del dinero fácil que, a manos llenas, generan actividades criminales como el narcotráfico y las coimas que ensucian a muchos funcionarios.

Cuando la justicia se politiza, cuando un juez asume como ciertas algunas mentiras prefabricadas, o cuando rechaza las pruebas sustentadas; cuando sin ninguna vergüenza se viola la Constitución negando el debido proceso; cuando se favorecen los testimonios de quienes están fuera de la ley frente a las declaraciones de quienes defienden al país y a la ley; cuando se violan las garantías procesales, esto indica que hemos tocado fondo y que está en juego el Estado social de derecho y la Constitución.

Es imposible comprender que un juez acepte como prueba válida unas interceptaciones telefónicas ilegales, para justificar la sustentación de un fallo condenatorio contra un líder político, mientras que para defender al país y a la sociedad se rechazó la información de los computadores de alias Raúl Reyes, cabecilla de las Farc, solamente para evitar la judicialización de miembros de la izquierda comprometidos ‘hasta el tuétano’ por su actuar fuera de la ley. Esto es corrupción.

Estamos viviendo en el país más complejo del vecindario, donde los malos son premiados con la impunidad y se les otorga poder político, mientras que quienes han defendido la democracia y las libertades son puestos en el escarnio público y sentenciados como delincuentes. La justicia se ha acomodado a los intereses de quienes infringen la ley, posiblemente en retribución por su apoyo a la reelección santista. Pero Colombia no ha perdido, pues las cartas sobre la mesa muestran la realidad de lo que nos espera si la izquierda continúa en el timón del país.

Nadie duda en el planeta que los derechos de quienes respetan la ley deben estar por encima de los derechos de los delincuentes —quienes también tienen derechos como seres humanos—, pero lo que no es válido bajo ningún concepto es la instrumentalización de la justicia motivada por sesgos políticos. Un proceso judicial no puede colocar a la política por encima de la justicia, y para que la institución continúe siendo respetada, las actuaciones de sus integrantes deben ser completamente cristalinas.

Los colombianos tienen dolor de patria, especialmente cuando se observó que la lectura del fallo posiblemente buscaba humillar al líder que todos respetan por haberle devuelto la seguridad y la tranquilidad al país, e impedido que la violencia y el terrorismo de las Farc se apoderara de Colombia, como lo presagiaba la andanada de esfuerzos del Foro de São Paulo por cubrir de rojo todo el continente suramericano. Da la impresión de que le están pasando la factura por sus logros frente a la izquierda recalcitrante que tanto daño le ha hecho al país.

La izquierda ha perdido una oportunidad histórica con el desempeño y ejecutorias desastrosas del actual gobierno; la unión y el esfuerzo de todos los colombianos será el elemento primordial para que la democracia pueda salir de cuidados intensivos y se recuperen las libertades en búsqueda de progreso y desarrollo.

Unirnos en una sola dirección salvará al país del abismo al cual nos están empujando.