Nos llovieron rayos y centellas cuando, muy al inicio de este gobierno, denunciamos el desmonte de la estructura tecnocrática del ministerio de Salud. Rápidamente fueron despedidos de la entidad una gran mayoría de líderes y cuadros técnicos, perdiéndose el esfuerzo que por más de 15 años se había conformado, para capacitar una base de profesionales con la suficiente idoneidad que definiera las políticas de salud del país. Hoy muchos de ellos son preciados consultores que laboran en organismos multilaterales en diferentes países y otros han fortalecido a las secretarías de salud.
Sin pudor alguno, los técnicos han sido reemplazados por activistas cuya única capacidad es la de actuar como fuerza de propaganda para el gobierno. Ese camino lo siguió todo el aparato ejecutivo del Estado -a lo largo del presente gobierno- y solo se han salvado las juntas y comisiones cuyos nombramientos van más allá del periodo. Basta ver quiénes hacen los comunicados de los ministerios con cero reconocimientos en su sector, cero fundamentaciones y pura comunicación sin contenido diferente a la defensa de las actuaciones del gobierno.
Pero el panorama es aún desolador y el mejor ejemplo es el tristemente célebre ministerio de Igualdad y Equidad: Cero ejecuciones. Se convirtió en un saludo a la bandera desde una izquierda que se interesa por los pobres y marginados sólo en su condición de votantes o asistentes a marchas y manifestaciones. Masas para “llenar” plazas que, cada vez se ven más vacías, cuando las cita el presidente. Incipientes grupitos alimentados por contratos -o dineros entregados a dedo- y sin pudor alguno como sucede con las organizaciones indígenas y reconocidos activistas.
La salud es el sector que ha llevado la peor parte. El hoy firme nombramiento de Daniel Quintero como SuperSalud es el perfecto ejemplo del nulo interés del gobierno por superar sus problemas. Quintero no puede acreditar experiencia directa en manejo del sistema de salud y su nombramiento es puramente político, pero puede hacer mucho daño a un sector que se encuentra en cuidados intensivos.
Una situación similar es la de Jorge Iván Ospina designado como interventor de la Nueva EPS. Ospina no cumple con los requisitos para ejercer las funciones de la interventoría, su caso no es diferente a la mayor parte de los interventores nombrados por este gobierno y que han sido generadores del completo fracaso de gestión de las EPS intervenidas.
De entrada, Ospina reconoció la verdad de a puño que los recursos entregados a la EPS eran insuficientes, lo cual concitó la furia de un ministro que -con sus consabidos berrinches- pretende convencer en el sentido contrario a una opinión pública. Esta ya no le come cuento. En los hogares ya sufren las consecuencias de su responsabilidad en la destrucción del sistema de salud. Las secuelas en acumulación de deudas, pérdidas operacionales y patrimonio negativo estallarán al próximo gobierno en una crisis financiera sin precedentes del sistema.
La superintendencia dejó de ser para convertirse en un instrumento de destrucción. Su institucionalidad esta tan resquebrajada que un grupo de funcionarios se atrevió a denunciar públicamente “como inconvenientes” las decisiones tomadas por la superintendente ad hoc para Nueva EPS. Funcionarios honestos y valientes -con total desespero- que expresaron su posición frente a las consecuencias personales de las decisiones muy lesivas del Estado. Los 90 días que le restan a este gobierno, le pronostican un nuevo calvario al sector salud que ha visto, descaradamente, cómo el gobierno le dio la espalda durante los pasados cuatro años.
El escenario es macondiano: Un desbaratado gobierno, donde las lealtades han estallado desde la intimidad de la propia Presidencia de la República y donde los funcionarios entran en el modo sálvese quien pueda. Y Quintero, con su reconocido desenfreno y odios viejos que no deberían afectar al sector, puede hacer mucho daño en el ejercicio del poder en esta entidad e instrumento tan poderoso como lo es SuperSalud. Los órganos de control del Estado deben estar muy atentos a detener cualquier desafuero de una superintendencia instrumentalizada.
* Activocracia: Vocablo coloquial. Del latín activus y el griego kratos: poder. Sería el equivalente al auge del activismo en la gestión pública.
