Diagnóstico: en junio de 2024, el presidente Petro exhibió el sombrero de Carlos Pizarro y el Ministerio de Cultura lo reconoció como patrimonio cultural de la Nación mediante resolución, sin pasar por el Consejo Nacional de Patrimonio. Dos años después, el presidente De La Espriella anunció una “contrarrevolución cultural” y ordenó que desapareciera de los lugares públicos toda “oda al terrorismo”. Un gobierno exalta, el siguiente borra. El diagnóstico es el mismo: la politización de la cultura.
Retiro: recientemente, se retiraron del Museo Nacional al menos 30 piezas y, según algunos observadores, sin inventario público. Salieron los afiches de Pizarro y de Bernardo Jaramillo, candidatos asesinados en 1990, grabados de Alfonso Quijano y Carlos Correa sobre la Violencia, objetos del acuerdo de paz, piezas de la comunidad LGBTIQ+ y un cartel de la Casa de la Mujer. Pero sigue colgado un tapiz de Pablo Escobar. La ministra Paola Holguín invocó la protección de los niños y el rechazo al “adoctrinamiento político”. Seis museos de arte moderno respondieron: “Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas”.
Constitución: la norma fundamental establece que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad (art. 70), que la expresión artística es libre (art. 71) y que el patrimonio cultural está bajo la protección del Estado (art. 72). El Estado protege la cultura; no la escribe. Un Museo Nacional no exhibe lo que le gusta a un gobierno determinado, sino el arte y las reliquias que explican al país, incluidas sus heridas y sus contradicciones. Hay protagonistas de muy distintos talantes y simpatías que son parte de nuestra historia, nos guste o no su trayectoria. La Corte ya lo resolvió en 1996, cuando el Instituto de Cultura de Valledupar retiró de una exposición de fotografías de desnudos por considerarlas inmorales. Para la Corte, ese retiro fue censura, porque la censura consiste en “prohibir o recortar la difusión de cualquier idea” (T-104 de 1996).
Procedimiento: la salida está en las reglas, no en los gustos. El Consejo de Estado suspendió en septiembre la resolución del sombrero de Pizarro porque el Ministerio no tenía competencia y omitió el concepto del Consejo Nacional de Patrimonio que exige la Ley 397 de 1997. La misma vara debe aplicarse al retiro: ¿hubo acto administrativo, concepto técnico, criterio curatorial? Si no, la decisión es tan arbitraria como la exaltación que pretendía corregir.
Tutela: ahora un juez de familia de Bogotá, como medida provisional, ordenó conservar las piezas y prohibió retirar cualquier otra “por su contenido” sin acto administrativo. Conservar las obras es sensato. Pero congelar todo el museo para todos los visitantes, a petición de un partido y dos colectivos, es usar la tutela como política cultural. La tutela protege derechos concretos de personas concretas; no es un mecanismo para fijar reglas generales. Así lo señaló la Corte sobre la Plaza de Bolívar de Tunja: la sola afirmación de un ciudadano no basta para imponer medidas generales a toda una comunidad (T-371 de 1993).
Apagar el televisor: ya lo dijo la Corte Constitucional en 1993. Una madre pidió por tutela suspender telenovelas que consideraba dañinas para sus hijos, y los jueces ordenaron cambiar la programación de todo el país. La Corte, con ponencia de Carlos Gaviria, revocó esas órdenes (T-321 de 1993): los jueces habían dictado reglas generales, que es función del legislador, y el remedio estaba al alcance de la familia, que era impedir que los niños vieran esos programas. A quien le moleste un afiche le basta con no detenerse frente a él. Quitarlo para todos, por orden del Gobierno o del juez, es imponer a la mayoría la sensibilidad de unos pocos.
A tiempo: la cultura no se maneja con extremismos. Ni sombreros convertidos en reliquias por resolución, ni escobas presidenciales en las salas del museo. Que los curadores decidan con criterio técnico, que el Ministerio actúe mediante acto motivado y que el control lo haga el juez administrativo.
No es lo que el Gobierno quiera, sino lo que dicen la Constitución y la ley. El camino no es politizar la cultura ni usar la acción de tutela para imponer de manera general la posición de una persona o de un partido.
Cita de la semana: “Los ojos son incomparablemente más sensibles a la moral que los oídos.” Zygmunt Bauman, La sociedad sitiada (2002).
Redes: juanmanuelcharry.netlify.app