Crisis inducida y mortalidad evitable

Es sabido que la protección financiera que los sistemas de salud brindan a las familias suele analizarse a través del indicador del gasto de bolsillo. Si estas tienen que cubrir sus gastos de salud de su propio pecunio, un sistema de salud no sirve para nada.

En un contexto político tan tóxico como el que vivimos en la actualidad, una reforma a la salud solo puede conducir al desastre. No hay espacio a la discusión con base en evidencia y es claro que la evidencia existe, pero ya en el Gobierno no hay oídos que escuchen.

Uno de los logros más importantes del sistema de salud colombiano es la sustancial reducción del gasto de bolsillo: En 1997, el 38 % del gasto en servicios y medicamentos salía directamente las familias colombianas. De acuerdo con un análisis liderado por Victoria Soto de la Universidad ICESI, con datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del Dane, en ese mismo año el 75 % de los hogares reportaron un gasto de bolsillo mensual de salud de $ 280,000. Para 2022 —en plena pandemia— el porcentaje de familias con gasto de bolsillo llegó al 33 %, con un promedio mensual de $ 163,000. Es decir, dicho porcentaje disminuyó en 60 % y el monto del gasto en 40 %, todo en los últimos 25 años.

Según los datos de la OECD y Banco Mundial de 2019, que permiten comparar los diferentes países de Latinoamérica, Colombia presentó en ese entonces el segundo más bajo gasto de bolsillo de los hogares en la región, equivalente al 14.1 %. Ese mismo año, el gasto de bolsillo en México fue del 42.3 %, en Brasil del 24.8 % y Argentina del 27.7 %. El gasto de bolsillo de Colombia era menor que el promedio de países de Latinoamérica (32.4 %) y de los países desarrollados de la OCDE (19.9 %).

La mala noticia —según el análisis de Soto— es que, según los datos de la ECV 2024, la tendencia se revirtió con un incremento del 5 % de más hogares expuestos a gasto de bolsillo en salud y, lo que es peor, aumentó la proporción de hogares con gasto catastrófico —aquellos que gastaron más del 40 % de sus ingresos en salud— llegando al 2 %. Estas cifras no hacen más que corroborar lo que la gente siente en la calle todos los días, con tremendas restricciones en el acceso a servicios, y el desabastecimiento de medicamentos.

Pero siempre nos había hecho falta la otra parte de análisis, lo que el país invierte en salud como se transforma en un mejor estado de salud y bienestar social. Los indicadores de mortalidad y morbilidad que siempre se han utilizado, son afectados por los cambios en la expectativa de vida y la proporción creciente de personas en envejecimiento. En los últimos años, se impuso el indicador de la mortalidad que mide las muertes que pudieron haberse evitado mediante la prevención —mortalidad evitable— o el acceso a servicios médicos de calidad —mortalidad tratable—.

Otra notable investigadora colombiana, Maylen Rojas, acaba de publicar un estudio donde midió tanto la carga residual de mortalidad evitable —prevenible y tratable— de los menores de 5 años en Colombia durante el 2000 y 2022. Los resultados son impactantes: la carga de mortalidad evitable en los niños se redujo en el país en un 56.1 %, reduciéndose de 22.1 muertes evitables a 12.4 muertes evitables por cada 1000 niños nacidos vivos. Un resultado que contradice evidentemente toda la retórica que están buscando en la actualidad para justificar la destrucción del sistema de salud.

Pero lo más importante, el estudio muestra tres realidades diferentes detrás de esos promedios. En los 19 departamentos más desarrollados del país —casi todos andinos— pasó de 19.8 a 10.9 muertes evitables por cada mil nacidos vivos. En el otro extremo, los cuatro departamentos de menor desarrollo —Chocó, Guainía, Vaupés y Vichada— la reducción fue del 44 % (de 53.3 a 29.1 muertes evitables). Los restantes diez departamentos —casi todos de la costa Caribe— pasaron de 30.9 a 15.0 muertes evitables por cada 1000 nacidos vivos, en los pasados 22 años.

El estudio que lideró Rojas nos muestra una Colombia completamente diversa, donde las diferencias entre departamentos de mayor carga de mortalidad evitable, tienen explicaciones que se relacionan más con los factores sociales que de los servicios de salud. Pesan mucho más la carencia de acceso a necesidades básicas, la condición de pobreza o miseria, la ruralidad, el embarazo adolescente y el analfabetismo femenino. En los departamentos más pobres, la inequidad en el acceso a servicios médicos explica la mayor parte de las diferencias en mortalidad tratable.

Los estudios de estas dos excelentes investigadoras colombianas muestra que no tiene ningún sentido aplicar las estrategias homogéneas de servicios de salud, cuando existen contextos territoriales muy diferentes y nos alerta que ya hay evidencia que la afectación del modelo financiero está conduciendo al severo empobrecimiento de las familias colombianas.