Consejo de Estado, salve usted la Patria

El Consejo de Estado acaba de publicar la lista de 20 preseleccionados, con base en la cual el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo seleccionará la lista. En ella, hay hojas de vida notables, perfiles con los que no solo se aseguraría un buen trabajo en la jurisdicción constitucional, sino el equilibrio de poderes. Es de esperar que los consejeros valoren en su discernimiento esa necesidad de frenos y contrapesos en la democracia, pues ya se han mostrado firmes en la defensa de la independencia judicial.

En el caso de la Corte Constitucional esa autonomía frente al gobierno es fundamental, pues se trata del tribunal que, con sus facultades para revisar la constitucionalidad de las normas, las decisiones de tutela e incluso de tutela contra providencia judicial, tiene la última palabra en todos los asuntos que son relevantes para el país. Esto es aún más importante en un escenario en el que el presidente ya logró ubicar a sus candidatos en cargos tan altos del Estado como el de fiscal general, procurador general e incluso en la Corte Constitucional, pues su exsecretario jurídico ya es uno de los nueve magistrados.

¿Tiene la Casa de Nariño candidatos en esa lista corta que hoy evalúa el Consejo de Estado? Entre los preseleccionados no hay nombres que puedan ser señalados de “petrismo”, pero sí personas con afinidad ideológica o cercanía con el Gobierno. Por ejemplo, el abogado Luis Manuel Lasso ya tuvo el voto de Gustavo Petro y su bancada en el proceso del que salió elegida la actual magistrada de la Corte Constitucional Natalia Ángel. Según Héctor Riveros —quien completaba esa terna—, el apoyo del hoy Pacto Histórico a Lasso se dio por intercesión del exministro del Interior de Petro, y entonces senador, Luis Fernando Velasco.

También está Adriana Guillén, quien desde la presidencia de Asocajas se ha mostrado distante frente algunas reformas propuestas por el gobierno, pero de quien hay razones para pensar que puede ser la candidata de Juan Fernando Cristo. Guillén es esposa de Edgardo Maya Villazón, un poderoso de la política que tuvo a Cristo como su jefe de campaña para ser elegido contralor y también contó con su apoyo para su reelección como procurador. Guillén, además, habría tenido el apoyo de Eduardo Montealegre —siendo fiscal— en su intento de llegar a la Sala de Consulta del Consejo de Estado. No sobra recordar que Montealegre es, actualmente, el abogado de cabecera de la Casa de Nariño para perseguir a sus críticos en los tribunales.

Como ya se anticipó, en este momento, el oficialismo ya tiene un aliado en la Corte Constitucional con el magistrado Vladímir Fernández, quien fue secretario jurídico de Petro y ternado por él. Esto no deja de ser inquietante, pues a la Presidencia aún le queda una terna para ser presentada el próximo año, por lo cual contaría con dos jueces amigos en el máximo tribunal. A eso se suma la incertidumbre por las dos ternas que presentará en 2025 la Corte Suprema de Justicia y ciertas afinidades que ya han mostrado con el gobierno los últimos magistrados en llegar a la Corte Constitucional, es decir: Natalia Ángel y, más decididamente, Juan Carlos Cortés.

En ese orden de ideas, no podemos ser indiferentes al proceso que adelanta el Consejo de Estado para seleccionar la terna que reemplazará al magistrado Antonio Lizarazo en la Corte Constitucional, pues está en juego el equilibrio de poderes y la preservación de la autonomía judicial. Si no se garantiza la independencia de los nuevos magistrados, podríamos ver una Corte más alineada con los intereses del Ejecutivo, debilitando los frenos y contrapesos fundamentales para una democracia sana. Si el gobierno ya ha logrado influenciar varios nombramientos clave en distintas instituciones, es crucial que esta decisión se tome sin injerencias políticas, para que la Corte siga siendo un muro de contención de control constitucional.