OPINIÓN
Condena a Álvaro Uribe
La decisión tiene lugar en un momento de alta polarización política, de enfrentamiento entre el actual presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, los principales actores de la política nacional.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en primera instancia, un fallo sin precedentes en la historia del país.
Se trata de un proceso con múltiples peculiaridades. El expresidente condenado había sido denunciante de presuntas irregularidades cometidas por el senador Iván Cepeda, a la postre exonerado y convertido en promotor de la investigación contra Uribe.
Interceptaciones telefónicas ordenadas a un tercero se realizaron efectivamente al expresidente y se aceptaron, a pesar de la equivocación; esto, además de interceptaciones a llamadas entre abogado y cliente.
Álvaro Uribe, en su calidad de senador, renunció a su fuero ante la Corte Suprema de Justicia.
Hay testimonios y retractaciones, grabaciones editadas sin cadena de custodia, y 13 años se emplearon para llegar a la decisión de instancia de más de mil páginas, una sospechosa extensión.
La Constitución establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, como serían las interceptaciones telefónicas referidas. Esto significa que, en tales casos, la prueba no puede ser utilizada en un proceso judicial y se considera inválida.
La nulidad de pleno derecho implica que la invalidez de la prueba es automática y no requiere una declaración judicial expresa para que surta efectos.
La decisión tiene lugar en un momento de alta polarización política, de enfrentamiento entre el actual presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, los principales actores de la política nacional.
El primero está pendiente de las decisiones sobre las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, otras penales relativas a su hijo, otras más por sobornos a los presidentes de Senado y Cámara por funcionarios de su administración, y por escándalos de incumplimientos del presidente, así como presuntos consumos de drogas adictivas. Todo, en proximidades a las elecciones de nuevo Congreso y presidente.
Si se tienen en cuenta los altos índices de impunidad que muestran los muchos casos que quedan sin investigación ni condena, la debilidad de la justicia penal, la morosidad para adoptar las decisiones y, en este caso, el interés del sector político gobernante en neutralizar a su más importante opositor, queda en evidencia el alto riesgo de politización de la actividad judicial.
Se impone la necesidad de transparencia; rigor jurídico, sin elucubraciones ingeniosas ni extranjerismos; independencia judicial para el trámite, y decisión, por parte de la segunda instancia, en el Tribunal Superior de Bogotá.
Nada peor que arribar con jueces al servicio del partido de gobierno y con condenas en las cuales se ensayan por primera vez raciocinios en desmedro de la igualdad.
Así las cosas, lo más importante es mantener el sistema de separación de poderes, pesos y contrapesos; de independencia y autonomía de la Rama Judicial; al margen de la polarización política, y, de esta manera, terminar por convertirse en un posible instrumento para amedrentar opositores.
Cita de la semana: “Comedia de fantoches capaces de valerse de las peores artimañas para ganarse el favor del público ávido de diversión”: Mario Vargas Llosa, La civilización de espectáculo (2012).
