Con Petro, la calidad del trabajo cambió de mala a peor

El presidente del “cambio” afirmó en 2018, y ratificó en el 2022, con tono solemne y en tercera persona: “Si Petro es presidente la reforma laboral del presidente Uribe se deroga (sic)”. Tan pronto se posesionó, cambió la promesa de un Estatuto del Trabajo por una ley ordinaria de reforma laboral, con las recomendaciones de la Ocde y las requisitorias del capítulo 17 del TLC con Estados Unidos incluidas, como lo afirma la congresista ponente, Ma. Fernanda Carrascal.

En el Gobierno Petro, la política económica no se modificó y, antes bien, aumentó los impuestos a los alimentos y a los combustibles. Se refleja en el desempleo, que para 2024 fue 10,2 %, el que daña a 2 millones de hogares (Dane); en el 55 % de empleo informal y en el número de personas que pasan hambre, que eran 19,2 millones en noviembre, más que en 2023 (Bodensiek, 2/12/24, PMA-ONU).

Pero sí crecieron los tipos de trabajo indigno. En el sector público, se “olvidó” el caballito de batalla electoral: que los contratos por servicios, ámbito de precarización para funcionarios de facto, “deben pasar a la historia”. En diciembre de 2024 crecían hasta 920.000 en todo el aparato estatal (Villegas, J.).

No es lo único. También pasa con los acuerdos laborales incumplidos con las organizaciones del sector público o con el pago retrasado a los contratistas, que desencadenaron agudos conflictos en MinDeporte, Colpensiones, la Dian, los 700 despidos en el Banco Agrario y la inédita huelga de los empleados del Ministerio del Trabajo. Ante estos, por intransigencia patronal, la exdirigente sindical, Gloria Inés Ramírez, acudió a no pagar salarios, a promover esquiroles y a amenazar con procesos disciplinarios, como lo denunciaron los 13 sindicatos que protestaron; pretendió sabotearla.

El más grande perjuicio en las relaciones laborales estatales es la reforma al sistema de salud del magisterio, por cuenta del deterioro en la prestación del servicio, debido al traslado del riesgo a cada uno de los más de 800.000 afiliados, entre docentes, pensionados y familiares; era malo y se dañó. El “cambio” dejó expuestos al saqueo los recursos del Fomag, y Fecode no acogió las advertencias que se le hicieron: que no era una improvisación, que las promesas eran falsas, que era inviable.

Para los trabajadores del sector privado, las cosas no son mejores. En primer lugar, porque el Gobierno Petro impuso, con aplausos de la CUT y de otras centrales sindicales, el modelo pensional del Banco Mundial, a favor del sistema financiero y con la paulatina depreciación a futuro de la mesada de jubilación, y porque los “ajustes” al régimen laboral en la reforma no le hacen ni cosquillas al abuso de poderosas multinacionales con los trabajadores colombianos. Es más, el Ministerio del Trabajo lo ha permitido.

Despiden al personal cuyas remuneraciones son superiores al promedio, a sindicalizados, a beneficiarios de convenciones colectivas, con estabilidad laboral reforzada, con fuero sindical, con contrato laboral (fijo e indefinido), y sus reemplazos se enganchan con menor estabilidad, baja remuneración, sin beneficios extralegales y se tercerizan bajo la figura de contratos de obra o de labor.

Se enseñorean firmas especializadas en esas tareas, como la española JobandTalent, entre cuyos clientes corporativos están AB InBev-Bavaria, Cencosud, Unilever y Nestlé. Por ejemplo, la operación de la nueva planta cervecera en Palmar de Varela funcionará con obreros bajo el régimen de JobandTalent, mediante contrato por obra o labor, o Nestlé, que, con la anuencia del Ministerio del Trabajo, no negocia el pliego del sindicato Sinaltrainal, mientras esta multinacional se enfoca en el outsourcing.

Hay casos como el de Solla S. A., que aprovecha un pacto laboral por 10 años y vincula operarios tercerizados permanentes, sin que el Ministerio del Trabajo se pronuncie ante las denuncias del sindicato, Sintrasolla. Tampoco hay trabas para la estandarización de despidos en el sector bancario que, según Aceb y Uneb, se hacen por “mutuo acuerdo” por encima de indemnizaciones o acuerdos convencionales.

El Grupo Ecopetrol es ejemplo negativo. Con alrededor de 14.000 trabajadores de nómina, mantiene más de 18.000 tercerizados –para distintas áreas de trabajo– en empresas como Magnex, Morelco, Tabarca y muchas más.

La connivencia del Gobierno Petro con las arbitrariedades contra los derechos laborales, así como la reforma pensional y laboral, junto con el deterioro de las condiciones dignas en el empleo público, configuran un escenario de envilecimiento del mundo laboral en estos 30 meses, peor que el de antes.

¿Resistirán los trabajadores y obreros, al contrario del nocivo colaboracionismo de la CUT y de otras organizaciones, apéndices del petrismo? Lo mínimo es unirse con autonomía para movilizarse.