En más de cien años de historia, Colombia ha visto pasar guerras, procesos de paz fallidos, magnicidios, crisis económicas y toda clase de escándalos que han sacudido al país hasta los cimientos. En medio de toda esa turbulencia, el Congreso solo ha sido capaz de condenar a un presidente de la República. Uno solo, en más de un siglo. Ese dato, que debería avergonzar a cualquier demócrata, resume mejor que cualquier discurso lo que son los procesos judiciales contra el presidente de la República, una tarea que hoy corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esa célula legislativa, que en teoría existe para juzgar al máximo representante del poder ejecutivo del país, en la práctica se ha convertido en un cementerio de expedientes.
Cada presidente que termina su mandato deja detrás de sí cientos de procesos sin resolver, y el siguiente llega a engrosar la pila con los suyos, en una rueda que lleva funcionando así desde siempre. Por eso los colombianos, con justicia, dejaron de llamarla comisión de acusaciones y empezaron a llamarla comisión de absoluciones.
Las cifras no dejan espacio para el beneficio de la duda. Ese único condenado, en toda la historia republicana, fue el general Gustavo Rojas Pinilla, sancionado por el Congreso tras su salida del poder en 1957. Desde entonces, Colombia ha tenido más de veinte presidentes adicionales y ninguno ha vuelto a correr esa suerte. Desde que la Comisión de Investigación y Acusación adoptó su forma actual en 1992, el balance es todavía más desolador. Entre 1992 y 2014 llegaron a esa célula 3.496 denuncias. El 56 %, es decir, 1.957 casos, terminó archivado sin mayor explicación. El 44 % restante, 1.538 procesos, quedó simplemente pendiente, esperando una decisión que nunca llega. Y en todo ese periodo no se produjo ni un solo fallo de fondo. Ni uno.
Gustavo Petro está terminando su mandato con una cifra que ronda los 270 procesos abiertos en su contra, y la manera en que se conformó la nueva comisión para el periodo 2026-2030 demuestra que el patrón se repite sin ningún pudor. El propio Petro, según se conoció, participó directamente en la escogencia de los cinco representantes del Pacto Histórico que integrarán la célula que debe investigarlo, garantizando así un bloque de su confianza justo en el organismo llamado a juzgarlo. No hace falta ser jurista para entender lo que eso significa. Es el investigado escogiendo a sus investigadores.
Ese es el problema de fondo, y no es un problema de personas, sino de diseño institucional. La Comisión de Investigación y Acusación está integrada por congresistas, es decir, por políticos que responden a partidos, a mayorías y a cálculos electorales. Pedirle a un representante a la Cámara que juzgue con criterio judicial a un presidente en ejercicio, de quien además depende buena parte de la agenda legislativa y la repartición burocrática, es pedirle que se enfrente a su propio partido y, muchas veces, a su propio futuro político.
Por eso las cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia son tan reveladoras. De las denuncias que ha recibido la comisión a lo largo de su historia, el 42 % ha sido contra magistrados de las altas cortes, el 30 %, contra presidentes de la República, y el 28 %, contra fiscales generales de la Nación. Estamos hablando de la instancia constitucional encargada de investigar a los más altos dignatarios del Estado con fuero constitucional, entre ellos el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación. Y, sin embargo, frente a esas tres dignidades no ha producido resultados efectivos. No es una comisión ineficiente en un ámbito específico; es una comisión que ha fracasado de manera transversal en el cumplimiento de la misión que la Constitución le encomendó, sin que a nadie en el Congreso parezca urgirle corregir esta situación.
Esa transformación exige una reforma amplia de la institucionalidad colombiana, necesaria para la justicia del país. No tiene que ser una cruzada aislada ni una batalla más para perder en el trámite legislativo. Debe hacer parte integral de la gran reforma a la justicia que el país necesita con urgencia, la misma reforma que busca modernizar el sistema judicial colombiano de arriba abajo. No tiene sentido reformar la Fiscalía, la Rama Judicial y el sistema carcelario, pero dejar intacta la única instancia diseñada para que nadie, ni siquiera el presidente de la República, quede por encima de la ley.
Una comisión que ha dejado vencer tantos expedientes o no los ha procesado, que en más de treinta años bajo su forma actual no ha producido un solo fallo de fondo, y que hoy administra más de doscientos procesos contra un mandatario, no es una comisión de acusaciones. Es, como la bautizó con precisión el sentido común de los colombianos, una comisión de absoluciones.
Ese es exactamente el mensaje que una democracia madura no se puede permitir enviar a quien ejerce el poder.