¿Chávez vive? Parte 2

La semana pasada, en esta misma columna, escribí sobre lo que está ocurriendo con el gobierno del presidente Petro y su aparente intención de mantenerse en el poder más allá de 2026. No me refiero necesariamente a que él mismo busque la reelección —algo jurídicamente imposible en Colombia por nuestra Constitución—, sino a la intención de perpetuar su proyecto político, utilizando incluso recursos del Estado para ese propósito.

Lo alarmante es que muchas de las estrategias que está implementando Petro ya fueron utilizadas en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro para consolidar su poder. Y todos conocemos los desastrosos resultados: el deterioro democrático, el colapso institucional y la crisis humanitaria. Por eso, lo que estamos viendo en Colombia debe generar alarma no solo en los partidos de oposición, sino también entre los ciudadanos independientes, aquellos que no militan en ninguna colectividad pero que sí creen en la democracia como sistema político.

La reelección presidencial en Colombia es inviable tanto legal como democráticamente. Pero lo que resulta aún más preocupante es la estrategia del Gobierno de trasladar el debate político y legislativo a las urnas, mediante mecanismos como las consultas populares. Esto podría parecer democrático en apariencia, pero en el fondo es una manera de debilitar la institucionalidad y convertir a la ciudadanía en cómplice involuntaria de decisiones impuestas desde el poder.

La más reciente jugada del presidente Petro, acompañado de su hábil ministro del Interior, Armando Benedetti, es justamente esa: forzar una consulta popular para “refrendar” temas incluidos en la reforma laboral que fue recientemente archivada. ¿Y cuál es el objetivo de esta maniobra? Convertir la consulta en una plataforma de campaña para las elecciones de 2026, consolidar un bloque político afín al Gobierno y mantener vivas sus banderas ideológicas, aún después de su mandato.

Cabe recordar que la mencionada reforma laboral no ofrecía soluciones reales para la creación de empleo ni para la formalización laboral. En muchos aspectos, era un pliego de peticiones sindicales que el Gobierno intentaba cumplir como parte de los compromisos adquiridos en campaña, especialmente con las centrales obreras que apoyaron la elección de Petro y la conformación de las listas del Pacto Histórico al Congreso.

Es cierto que algunos artículos de la reforma tenían aspectos positivos, como la regulación de las horas extras o los recargos dominicales. Pero para eso no se necesita una consulta popular. De hecho, el Partido Liberal, en cabeza del senador Alejandro Chacón, radicó recientemente un proyecto de ley en el Senado que busca concertar esos puntos específicos entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Esa debería ser la vía legítima, democrática y técnica. No una consulta popular politizada que se convertiría en una excusa para hacer campaña a favor del Gobierno.

Y es aquí donde comienza a replicarse el modelo venezolano. El presidente y su ministro del Interior han iniciado reuniones con organizaciones comunales, comprometiéndolas a trabajar activamente en favor del Gobierno y a promover un voto afirmativo en esa eventual consulta. Así ocurrió en Venezuela, donde Chávez y luego Maduro utilizaron a las comunidades organizadas como un brazo político, disfrazado de participación ciudadana, para garantizar respaldos incondicionales en cada referendo.

Lo paradójico es que aún no conocemos el contenido de la consulta. No se sabe cuáles serán las preguntas ni qué otros temas podrían incluirse además de la reforma laboral. Es decir, el Gobierno está pidiendo apoyo ciego a un mecanismo cuya legalidad y pertinencia están en entredicho, sin que el Congreso lo haya aprobado, y sin que exista un debate público transparente sobre su contenido.

Bajo el discurso de la democracia participativa, lo que en realidad se busca es socavar el equilibrio de poderes. Las organizaciones comunales —muchas de ellas legítimas— podrían terminar instrumentalizadas mediante la entrega de recursos, beneficios o favores, para convertirse en operadoras políticas del Gobierno. Así se vacía de contenido la deliberación institucional y se reemplaza por una supuesta “voluntad popular” fabricada desde el poder.

Petro y Benedetti saben que, si se fortalecen estos mecanismos alternativos, pueden saltarse al Congreso y a la Corte, instituciones que hasta ahora han actuado como frenos democráticos frente a las reformas del Gobierno. En más de la mitad del mandato, ninguna de sus grandes reformas ha sido aprobada. Y eso no es un fracaso de la democracia, sino justamente lo contrario: la prueba de que nuestra separación de poderes funciona.

El ministro Benedetti lo ha dicho con claridad: “Todas las reformas están muertas porque las engavetan. Entonces vamos a ver qué hacemos”. Y luego agregó: “Serán los sectores sociales, la clase obrera, los movimientos estudiantiles y los indígenas quienes liderarán el proceso de la consulta”. Esa declaración deja claro que el Gobierno pretende movilizar a sus bases no solo para defender sus ideas, sino para presionar las decisiones políticas desde afuera de las instituciones.

Eso es exactamente lo que hizo Chávez en Venezuela. Esa es la razón por la cual hoy tantos venezolanos están en Colombia buscando refugio. Y es por eso que los colombianos debemos estar atentos.

La consulta popular es, hasta ahora, una expectativa. Pero su trasfondo plantea un riesgo real para la institucionalidad. Si el Congreso, especialmente el Senado, aprueba esta iniciativa, estaríamos entregando al Gobierno una herramienta para modificar las reglas del juego por fuera de los cauces institucionales.

Señores senadores de la República: sobre sus hombros recae hoy una responsabilidad histórica. Ustedes deben decidir si Colombia sigue por la senda de la democracia, o si abre la puerta a una deriva autoritaria disfrazada de participación ciudadana.

Hoy no se trata de defender a un partido o atacar a otro. Se trata de defender el Estado de derecho, el respeto a las instituciones y el principio fundamental de que en democracia las reformas se construyen con diálogo, no con imposiciones.

No cometamos el error de mirar para otro lado. Chávez no vive, pero su modelo está tocando la puerta de Colombia. Depende de nosotros no dejarlo entrar.