César Ferrari y Pablo Trujillo

El año pasado, el superintendente financiero, César Ferrari, aplicó una multa de 980 millones de pesos a Bancolombia por incumplir la ley que ordena que las instituciones financieras, antes de reportar los deudores morosos a las centrales de crédito, deben informar a esos clientes para que efectúen el pago de la obligación o para que demuestren que ya lo habían realizado. La Superfinanciera recibió 32 quejas de clientes que fueron reportados sin que Bancolombia les hubiera comunicado por escrito, como exige la ley, que debían ponerse al día o quedarían en la lista negra de morosos. Bancolombia consideró que la multa era excesiva y desproporcionada a la infracción, cuando en realidad era elevada, pero no excesiva. Ningún cliente de Bancolombia tiene el mismo poder económico del banco, de modo que se justifica que la autoridad competente aplique una sanción severa cuando se deja de cumplir la ley del habeas data.

La defensa de los derechos de 32 consumidores financieros de Bancolombia necesariamente conduce a un cuestionamiento público frente al superfinanciero César Ferrari: ¿qué está haciendo para velar por los derechos no de 32 personas, sino de un millar de damnificados de la fiduciaria Acción Fiduciaria? Han pasado 11 años y a quienes entregaron sus ahorros para la construcción del hotel Karmairí en Cartagena les han birlado todos sus derechos. No han visto un solo peso de ganancia.

A las víctimas les presentaron tres escenarios de rentabilidad en que el peor era del 14,20 por ciento anual y el mejor del 16,41 por ciento anual. La inversión se promovió como segura, pues se prometió la “inmediatez de su comercialización”. Se estima que se captaron 55.000 millones de pesos, pese a que la fiduciaria sostiene que la información exacta es reservada. Se construyó el hotel sin contar con la planta de tratamiento de aguas residuales. Afirma el abogado de las víctimas que la fiduciaria “incumplió las verificaciones y controles que debía ejercer como administradora del fideicomiso, omitiendo exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales a la promotora, a pesar de las múltiples solicitudes de los inversionistas para acceder a información clave sobre la interventoría, el estado de la obra y el destino de los recursos. Dichas solicitudes fueron sistemáticamente rechazadas bajo el pretexto de confidencialidad”.

El abogado David Espinosa Acuña pidió a Acción Fiduciaria los informes de la auditoría. La fiduciaria los negó aduciendo confidencialidad. Esa actitud es muy sospechosa. Una fiduciaria es una entidad que por su naturaleza debe dar confianza a quienes le entregan su dinero. Y que debe rendir cuentas todas las veces que se le soliciten.

Pablo Trujillo Tealdo es el fundador y la cabeza visible de Acción Fiduciaria. Si César Ferrari no sanciona con la misma severidad que aplicó en el caso de Bancolombia, habrá demostrado que Karmairí es apenas otro de los abusos cometidos por Acción Fiduciaria. Esa fiduciaria es un relajo, como lo demuestran actuaciones de superintendentes financieros anteriores a Ferrari. En Acción Fiduciaria está demostrado que se tomaban dineros de un fideicomiso para pasarlos a otro sin sustento legal o contractual, está demostrado que se expedían órdenes de giro sin cumplir los requisitos para los egresos y está demostrado que se destinaban dineros a terceros que no eran beneficiarios de los recursos (Resolución 1770 de 2019). Para no hablar de “la utilización de medios fraudulentos” dentro de la fiduciaria, que es la frase literal que utilizó la Superfinanciera en esa resolución. Fraude y fiduciaria es la antonimia a la última potencia. Es como un quilombo casto.

Empiece, doctor Ferrari, preguntándose por qué los inversionistas no han recibido rendimientos, pese a que el hotel recibe huéspedes desde hace varios años. Empiece preguntándose por qué un hotel que se vendió como Karmairí hoy se llama Grand Sirenis Cartagena. Empiece preguntándole a Pablo Trujillo Tealdo bajo juramento: ¿es cierto, sí o no, que entre el 20 de octubre de 2020 y el 9 de abril de 2024 usted perteneció a la Junta Directiva de Profidmarket, firma que ha negociado derechos de los inversionistas de Karmairí por mucho menos de lo que costaron originalmente, es decir, una firma que se lucra de proyectos siniestrados?