La semana pasada la Corte Suprema de Justicia le puso final al denominado caso Colmenares. Tras dieciséis años de intensos debates judiciales que en algún punto paralizaron al país, la sentencia de casación que confirma la absolución de Laura Moreno puso de presente una realidad inexorable: la peor víctima de todo este episodio fue la verdad.
Los hechos se remontan a la noche de Halloween del 2010. El joven Luis Andrés Colmenares salió a una fiesta de disfraces en la discoteca Penthouse, en la calle 85 de Bogotá, acompañado por varios compañeros de universidad, entre ellos Laura Moreno, con quien tenía una relación incipiente, y Jessy Quintero, una amiga. Tras terminar la fiesta, salieron del lugar y, a partir de ahí, todo es confusión, hasta el día siguiente, cuando encontraron a Colmenares muerto en el túnel ubicado en las inmediaciones del Parque El Virrey.
La necropsia inicial arrojó una muerte accidental. El fiscal a cargo concluyó que la causa de muerte era un hecho por establecer y el proceso quedó paralizado sin impulso. La familia insistió hasta llamar la atención de un segundo funcionario y, nueve meses después, el doctor Máximo Duque realizó una segunda necropsia que concluyó que el deceso era producto de un homicidio, con base en una serie de lesiones halladas en el cadáver exhumado.
Y a partir de aquí todo fue espectáculo. El segundo fiscal concluyó rápidamente que las responsables eran Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes fueron capturadas. La misma suerte corrió Carlos Cárdenas, exnovio de la primera y presente esa noche en la discoteca. Siendo el sospechoso cómodo, el ente instructor descargó todo su poder contra él. Mientras tanto, la opinión pública condenó a los acusados antes de que abriera la boca un juez. El veredicto fue tajante: culpables, ni aunque se demuestre lo contrario.
Carlos Cárdenas fue el primero en ser absuelto en las dos instancias. Quienes llegaron a testificar contra él eran falsos: declaraban una historia fabricada a cambio de beneficios económicos y judiciales. Su defensa demostró, mediante la geolocalización de su celular, que estaba en su casa durmiendo al momento de los hechos. Descartado el sospechoso cómodo, la Fiscalía no reculó. Se fue a juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes fueron absueltas en dos instancias y luego en casación. El ente acusador ni siquiera pudo probar que el caso se tratara de un homicidio. La razón de fondo es la misma en todo el proceso: el fiscal primero concluyó y luego investigó para confirmar lo que ya había decidido.
A estas alturas, es claro para el lector que este expediente no es solo la historia de un joven que murió en una noche bogotana. Es un manual de todo lo que puede salir mal cuando el sistema de justicia pierde el norte. Y como todo manual, tiene lecciones.
La primera lección recae sobre la Fiscalía. Los fiscales deben abordar los casos de manera objetiva y desapasionada: la hipótesis de investigación debe estar abierta a mutar si así lo exige la evidencia, de la que deben ser esclavos. No es admisible concluir primero para luego investigar de manera sesgada, ni actuar sobre testimonios sin corroborar. No deja de llamar la atención que tanto este expediente como el de Sigifredo López —otro proceso contaminado por testimonios fabricados, en el que el propio acusado era la víctima del secuestro— hayan sido adelantados bajo la Fiscalía de Eduardo Montealegre, quien imprimió a esas investigaciones su sello de ligereza, que terminó costándole la credibilidad al ente acusador.
La segunda lección es para los litigantes. En un sistema acusatorio, las defensas deben actuar de manera proactiva. Aquí eso fue determinante: con Cárdenas, su abogado demostró la coartada mediante las celdas del celular; con Moreno y Quintero, la defensa refutó el dictamen de Duque —acreditando que varias fracturas fueron causadas por la propia necropsia— y desacreditó a la bombera Yadira Piamonte, demostrando que el operativo de búsqueda fue incompleto desde el principio.
La tercera lección es para la sociedad. La presunción de inocencia no es un privilegio de los culpables: es la garantía que protege a cualquier ciudadano frente a una acusación penal. El linchamiento mediático en este caso fue implacable. Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas pagaron años de estigma por una teoría que siempre tuvo fragilidades infranqueables.
El caso Colmenares nos deja con una paradoja que incomoda. Tres personas capturadas, procesadas durante años, absueltas en todas las instancias, pero condenadas socialmente. La familia Colmenares, sin una respuesta y con la frustración de no tener claridad sobre lo que ocurrió esa noche; la justicia desacreditada por dieciséis años de un sainete protagonizado por funcionarios irresponsables con afán de figuración. Ojalá les sirva, al menos, de escarmiento. Perdón no van a pedir.