Buenaventura: más allá de Shottas y Espartanos

Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y responsable de cerca del 40 % del comercio exterior del país, vive una preocupante paradoja: mientras sus terminales operan con eficiencia y generan riqueza para la nación, la mayoría de su población permanece atrapada en la pobreza, el abandono institucional y la violencia.

Tras la desmovilización de las AUC (2003-2006), surgieron nuevos actores armados —Bacrim, Los Rastrojos, el Clan del Golfo— que se disputaron el control del narcotráfico. La intervención estatal de 2014 desarticuló parcialmente estas estructuras, pero dio paso a bandas locales como Los Shottas y Los Espartanos, cuyos cabecillas, según inteligencia, continuarían delinquiendo desde el exterior. Paralelamente, grupos armados organizados (GAO) como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo se enfrentan por corredores estratégicos tanto al norte (Bajo Calima y río San Juan) como al sur (esteros utilizados para el tráfico de drogas).

La selva tropical, la falta de vías y la movilidad fluvial favorecen al crimen organizado, que actúa con rapidez y escasa contención estatal. La violencia, intermitente y selectiva, obedece más a dinámicas criminales que a una respuesta sostenida del Estado. Las cifras son elocuentes: en 2021, la tasa de homicidios fue de 62 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio nacional. En 2022 descendió a 35, aumentó a 43 en 2023 y cayó a 24 en 2024, gracias a una tregua promovida por el obispo diocesano, hoy rota. En lo corrido de 2025 ya se registran 50 homicidios, lo que vuelve a encender las alarmas. Mientras tanto, sigue sin concretarse la Ley de Sometimiento, prometida como parte de la paz total y considerada piedra angular de una eventual negociación. Sin un marco jurídico que respalde los diálogos con el Estado, se depende únicamente de la voluntad de las bandas enfrentadas, lo que puede reducir los homicidios, pero no necesariamente las desapariciones forzadas.

El impacto de esta violencia lo sufre la población civil, víctima de enfrentamientos, fronteras invisibles, restricciones de movilidad, desplazamientos forzados y una extorsión sistemática que presenta alto subregistro por temor a denunciar. Esta realidad ha paralizado la economía local, forzado el cierre de negocios y encarecido excesivamente la canasta familiar —una de las más costosas del país—, pues la mayoría de los alimentos deben traerse de otras regiones.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), alcanza el 48,3 %, muy por encima del umbral del 33 % que define la condición de pobreza. A pesar de la abundancia hídrica, no hay acueducto, y persisten graves carencias en servicios básicos, salud, educación, empleo y seguridad. La falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, los convierte en blanco del reclutamiento criminal.

En el plano institucional, la Alcaldía enfrenta una situación financiera crítica: corrupción heredada, numerosos embargos y deudas prácticamente inmanejables. A ello se suma la denuncia de un presunto ‘cartel de los embargos’, conformado por abogados y funcionarios judiciales que habrían facilitado fallos lesivos para el municipio. Esta situación limita severamente la inversión social y la capacidad de acción del gobierno local.

El panorama se agrava con la incertidumbre sobre la operación del muelle 13 —en proceso de reversión al Estado— y las denuncias por presuntas irregularidades en el nombramiento del funcionario de la Dian local, clave para el control aduanero en uno de los principales puntos de recaudo del país.

El Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura (PIEDB), proyectado a diez años, fue establecido por la Ley 1872 de 2017 y es financiado por el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura). Su objetivo es cerrar brechas estructurales mediante proyectos en educación, salud, infraestructura, servicios públicos, desarrollo económico e inclusión social y cultural, en articulación con otros instrumentos de planeación.

Este plan, concebido como respuesta al paro de 2017, ha terminado siendo otra promesa incumplida. Ni el gobierno anterior ni el actual han honrado lo pactado. Resulta aún más paradójico que, en la segunda vuelta presidencial de 2022, Buenaventura respaldara con un contundente 86,35 % de votos al presidente Gustavo Petro.

No obstante, la ejecución del Fondo ha sido lenta y deficiente, obstaculizada por fallas técnicas, bloqueos contractuales, inseguridad y una capacidad institucional limitada. Según fuentes bien informadas, la mayoría de las iniciativas no pasan de ser acuerdos sobre el papel, y los pocos proyectos estructurados —como el muelle de cabotaje, clave para mejorar la conectividad marítima y la seguridad de más de 40.000 pasajeros mensuales— siguen sin financiación.

La cooperación internacional, aunque presente, se dispersa entre múltiples ONG sin articulación con las autoridades locales, lo que reduce su impacto. Mientras tanto, los bloqueos sociales derivados del abandono estatal y la frustración ciudadana afectan la economía nacional y amenazan la competitividad del puerto frente a sus pares del Caribe y el megaproyecto portuario de Chancay, en Perú.

Más allá del conflicto entre Shottas y Espartanos, el verdadero desafío en Buenaventura es cerrar la brecha entre la riqueza que genera el puerto y la pobreza que padece su gente. Se requiere una voluntad política real para que, con base en el mapa de ruta ya existente (PIEDB), los acuerdos se traduzcan en proyectos concretos y, lo más importante, se les asignen los recursos necesarios —ya sea bajo la modalidad de obras por impuestos u otros mecanismos— y se ejecuten con los más altos estándares de calidad que merece la población más vulnerable. Mientras no mejoren las condiciones sociales ni se generen oportunidades reales de empleo, será imposible arrancar a la juventud de las garras de la violencia.

pauloguevara@yahoo.com