Al tomar posesión del cargo en agosto de 1990, el presidente César Gaviria saludó a los colombianos con esta expresión: “Bienvenidos al futuro”. Así celebraba el rito que es usual en las democracias: renovar las esperanzas de la gente, que siempre aspira a mejorar. Pero, al mismo tiempo, procuraba establecer un punto de inflexión frente a las difíciles circunstancias del momento. Vivíamos el asedio terrorista de Pablo Escobar y de las guerrillas tradicionales, ya en proceso de combinar “todas las formas de lucha”. Vale decir, de tomarse el poder político y prosperar en negocios ilegales.
Los resultados fueron, en lo esencial, virtuosos: el país se modernizó, la economía y el empleo crecieron, se redujo la pobreza, el manejo de las finanzas públicas fue prudente, se logró desmantelar a los dos grandes carteles de la droga. Y lo que es más trascendente: se puso en marcha la Asamblea Constituyente que nos dotó de una nueva carta política nacida de un amplio consenso. ¿Cabría hoy una expresión semejante a la de Gaviria? ¿Nos espera un futuro mejor? Nadie lo sabe.
Reconozcamos primero los aspectos positivos del proceso recién finalizado, los cuales, por ser recurrentes, tendemos a no valorar. La Registraduría Nacional cumplió con excelencia su papel. La Fuerza Pública garantizó la paz en los comicios. Los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas, prueba irrefutable de que valoran el derecho a elegir a sus gobernantes. El candidato perdedor reconoció la veracidad del preconteo y anunció que acogerá los resultados del escrutinio, que se esperan para esta misma semana. Los expertos en semiótica discuten a quién se quiso parecer Petro con su disfraz del domingo (¿al papa, a un oficiante de vudú, a un cantante de rock?), aunque coinciden en que quiso transmitirnos un mensaje de paz. Ojalá.
Bajo el supuesto de que los comicios fueron correctos, cabe discutir si el proceso electoral transcurrió de manera leal. No es lo mismo. La intervención del Gobierno para sesgar el resultado a favor de su candidato fue ostensible: empleo militante, contratación amañada, subsidios discrecionales, politización de la Fuerza Pública, promesas de última hora, etc. Estas conductas abusivas ocurrieron a pesar de las admoniciones al presidente realizadas por el procurador y de los numerosos procesos disciplinarios que se han abierto contra funcionarios gubernamentales.
La distribución de la votación en el territorio demuestra que donde hay cultivos de coca, en general, ganó Cepeda. Esta coincidencia puede provenir de dos factores diferentes: el temor de los campesinos cocaleros por una política de erradicación masiva no acompañada de medidas sociales compensatorias que Abelardo no ha anunciado, y debe hacerlo con celeridad, y la existencia de una comunidad de intereses entre las bandas criminales, que tanto se han beneficiado de la Paz Total, y el progresismo. “Dios los crea y el diablo los junta”.
No es insólito, ni necesariamente inconveniente, que los resultados electorales se definan por márgenes estrechos. Lo grave es la ruptura del pacto social que, en buena medida, se plasma en la Constitución. Es un problema generalizado en muchas partes del mundo.
La izquierda radical no cree en la democracia representativa, en la independencia del poder judicial, en la autonomía de los bancos de emisión ni en el Estado de derecho. Confiere un papel preponderante al presidente como genuino intérprete del pueblo, entendido no como la comunidad de los ciudadanos, sino como una constelación de minorías étnicas, sociales y sexuales. El Estado debe cumplir un papel esencial tanto en la regulación como en la provisión de bienes y servicios. Concibe el papel del mercado como residual y, en el caso de los servicios públicos (una categoría amplísima que puede abarcar la banca, el transporte y la salud, entre otros), solo lo admite si actúa sin ánimo de lucro, lo cual es como pedir que los leones sean vegetarianos. La prensa es respetable si es comunitaria o estatal. Cree que la igualdad es un valor absoluto, postura que otorga a la libertad un papel residual.
A la derecha radical tampoco le seducen algunas dimensiones del constitucionalismo liberal. Mientras para este es esencial “el libre desarrollo de la personalidad”, algunos sectores conservadores se oponen, invocando principios religiosos que no caben en una sociedad laica, al aborto, a la adopción de niños por parejas del mismo sexo y a la eutanasia. Como consecuencia de una visión corporativista de la sociedad, desprecian a los partidos políticos. La derecha liberal es “libertaria”, postura que es hostil a casi todas las políticas sociales. Al igual que sus contradictores del polo opuesto, no creen en la verdad. Lo suyo es “la posverdad”, cualquier cosa que eso signifique.
Abelardo ha prometido sumisión absoluta a la Carta de 1991. Creo que lo dice de buena fe y que, por lo tanto, tendrá que corregir o modular ciertas posiciones. No está a su alcance abolir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene rango constitucional. No puede aceptar la tesis de Trump según la cual los traficantes de drogas ilícitas son, por ese solo motivo, terroristas a los que se puede dar de baja como si fueran combatientes en una guerra. No me detengo a suministrar la argumentación jurídica, que es un tanto compleja; sin embargo, digo sin vacilar que proceder de esa manera sería violatorio del derecho internacional y de nuestra propia normativa constitucional.
Con razón, el nuevo presidente asigna una especial importancia al problema de la corrupción estatal, que siempre ha existido, pero que en el Gobierno de Petro ha superado con creces todos los antecedentes. Por este motivo, ha propuesto crear una Comisión Nacional Anticorrupción dotada de “poderes extraordinarios, autonomía reforzada y capacidad de intervención inmediata en entidades públicas capturadas por redes clientelistas o criminales”. Suena bien, aunque tengo dudas sobre la manera de insertarla en el entramado institucional existente. Desde diferentes perspectivas, la lucha contra la corrupción es competencia de la Procuraduría y la Contraloría. No percibo a primera vista el valor de una nueva entidad adscrita al Gobierno para cumplir funciones paralelas. Qué pena, además, ser aguafiestas: esa comisión tendría que ser creada por el Congreso; no podría operar “desde el primer día”.
En ese ámbito propongo: 1) eliminar la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público; 2) despolitizar el Consejo Nacional Electoral; 3) restringir la contratación directa, incluso entre entidades estatales; 4) profesionalizar la administración pública. Y una cosa más a la que concedo particular importancia: definir qué cargos de alto nivel se asignan en función de representación política, de tal modo que los demás sean provistos mediante concurso de méritos.
Briznas poéticas. Escribe Ana Blandiana, la gran poeta rumana:
Se tiñe de colores
y con ese brillante atavío
pasa de hoja en hoja,
las convence de que el vuelo no duele,
que es una experiencia maravillosa,
luego, las desprende suavemente,
y, por primera vez, libres,
se encuentran fascinadas por la experiencia,
como si no fueran a morir.
Pero mueren.