Al margen del apretado resultado, el triunfo de Abelardo De La Espriella nos devuelve el aliento. Nuestra democracia resistió. Cerramos esta última etapa de la campaña sacudidos por dos emociones opuestas: la angustia de una elección violentada desde el Gobierno que mantuvo al país en vilo y la euforia de un movimiento que encontró en el Tigre el liderazgo capaz de devolverle la esperanza a Colombia.
Llegó el momento de mostrar la garra. El Tigre debe ponerse el overol porque el país que nos deja Petro es un campo en ruinas donde la complacencia asfixió a la autoridad, las instituciones fueron desmanteladas, la salud colapsó, la inversión huyó ante el desbordamiento del gasto público y la improvisación, y el campo quedó a merced del crimen.
En el entretanto, los líderes petristas amenazan con incendiar el país. Ellos, que se adelantaron a desconocer el veredicto de las urnas, dan muestra clara de lo poco que valoran la democracia y confirman que su vocación no está en los despachos gubernamentales, sino en la agitación radical y vandálica. Lo hizo Petro después del triunfo de Duque.
No vamos a aceptar este nuevo intento de desestabilizar el país y menos desconocer la voluntad popular. Las instituciones constituidas serán nuestra barrera definitiva. Bien lo sentenció el general Hugo López: el artículo 217 de nuestra Constitución es imperativo. Las Fuerzas Militares tienen la misión innegociable de defender el orden constitucional y la soberanía, por encima de los caprichos de quienes están y menos de aquellos que tendrán que abandonar el poder.
Frente a este panorama, es pertinente la propuesta del hoy presidente electo: el país exige un corte de cuentas con beneficio de inventario. Colombia demanda una auditoría rigurosa e implacable ante el temor latente de que los archivos oficiales sean alterados o destruidos antes de la salida del mandatario.
Y no es para menos. El caos que heredamos es una realidad que se siente en cada hogar colombiano. En salud, como no pudo imponer su reforma en el Congreso, Petro intervino las EPS más grandes y tomó el control de la vida de 25 millones de colombianos. El resultado está a la vista: deudas superiores a 32,5 billones de pesos, citas que no llegan, medicamentos escasos, cirugías suspendidas y ciudadanos condenados a tutelar para sobrevivir.
En el frente laboral, la incertidumbre y las reformas impuestas a la fuerza han espantado la inversión y destruido la confianza de quienes generan empleo. Y en pensiones, otras de las reformas en curso, el ahorro de toda una vida ha sido puesto en riesgo por una visión que prioriza el control político sobre la seguridad financiera de nuestros mayores.
Sin duda, lo peor fue la llamada ‘paz total’. Una grande y costosa mentira para atender el compromiso con los que suscribieron el Pacto de La Picota.
Hoy contamos más de 300 masacres, 1.447 víctimas, 196 uniformados asesinados y más de 1.000 heridos. El ELN, las disidencias de alias Iván Mordisco y otras estructuras criminales expandieron su control sobre más de 370 municipios. La extorsión –esa maldita ‘vacuna’– asfixia a comerciantes, campesinos y empresarios. Y el narcotráfico y la minería ilegal, fortalecidos por la permisividad, financian ahora nuevos horrores: drones con explosivos, terrorismo rural y control social armado.
Y al final aparece otra bomba: la económica. Petro deja el país en peor estado de endeudamiento de su historia, con gasto público desbordado y sin caja.
Centros de pensamiento como Anif han encendido las alarmas al confirmar que la deuda neta del Gobierno central ronda entre el 58 y el 60 por ciento del PIB, un nivel de endeudamiento que no se veía en el país desde finales del siglo XIX, después de sucesivas guerras civiles y con un estado embrionario.
La prueba irrefutable de que el Estado gasta más de lo que recauda es el déficit primario del Gobierno nacional central, que se multiplicó casi 20 veces en dos años, pasando de 3,2 billones de pesos en 2023 a 63 billones. Hacienda tuvo que ajustar el déficit fiscal al 5,3 por ciento del PIB. El gasto total llegó a 431 billones de pesos, con un 90 por ciento de inflexibilidad presupuestal por estar atado el gasto principalmente a erogaciones recurrentes como salarios u OPS.
Es decir: Abelardo recibe un Estado sin margen, sin ahorro y sin oxígeno.
Este desastre es el resultado de un delirio ideológico que prefirió el robo descarado, la propaganda, los discursos y los escándalos a la gestión.
Por eso cada entidad, cada ministerio y cada fondo debe ser auditado, porque no podemos construir el futuro sobre los escombros de una gestión que, hasta el último minuto, se empeñó en ponerle palos a la rueda del progreso.
Ante la previsible obstrucción en el empalme, el equipo de campaña debe actuar de inmediato y usar los derechos de petición que, por ley, corresponden a nuestros parlamentarios. Si en cinco días no hay respuesta, se procederá por desacato; que el país sepa quiénes intentan burlar la justicia para ocultar sus ruinas.
La primera tarea del Tigre será limpiar la casa para iniciar la reconstrucción de Colombia. Para ello, ha planteado un ambicioso plan de 90 decretos que entrarán en vigor desde el primer día de su gobierno como eje de su proyecto ‘patria milagro’. Su apuesta es reemplazar la improvisación por la eficiencia, desmontar las trabas ideológicas que paralizaron al Estado y sentar las bases de un país donde la autoridad, la seguridad y la prosperidad vuelvan a ser los pilares del desarrollo nacional.
La era de la improvisación terminó. Los colombianos ya hicieron su parte; ahora le corresponde al Tigre construir la patria milagro.