Auditoría forense de la crisis explícita

El país entero está a la espera del texto de la Sentencia SU-277/2005 de la Corte Constitucional que revisa a fondo la intervención de la EPS Sanitas. De esa sentencia se desprenderán muchas demandas contra el gobierno nacional por las irregularidades de las intervenciones de EPS realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, el daño ya está hecho. Solo en el caso de Sanitas los estados financieros revelan cómo, de un patrimonio positivo antes de la intervención del Gobierno, ocasionaron pérdidas patrimoniales por $ 1,2 billones para 2024.

Esto refleja los resultados de una crisis inducida desde el inicio del Gobierno Petro para propiciar el cambio abrupto del sistema de salud. Las consecuencias de esa mala gestión hoy la pagan millones de pacientes desprovistos de tratamientos y medicamentos por la desfinanciación intencional del sistema, que se ha venido corrigiendo a punta de sentencias de la Corte Constitucional.

Pero ahora, la Contraloría General de la República anunció los resultados de una auditoría al sistema —que no solamente complementa la sentencia de la Corte— sino que arrojó la verdadera dimensión de esta crisis a partir del análisis de los estados financieros de las EPS. Ambos documentos representan una auditoria forense a los efectos de la crisis explicita.

Lo expresado por la Contraloría en su comunicado de prensa es demoledor y corrobora los nocivos y ocultos resultados de las nefastas intervenciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

En primer lugar, la siniestralidad de las 29 EPS durante 2024 y que aún operan en el país fue del 110,1 %. Esto significa que, por cada 100 pesos que las EPS recibieron para atender la salud de cada colombiano, gastaron 110 pesos. Esto comprobó que los recursos no alcanzan; que la estimación realizada por el ministerio de salud fue errada para ese año y que los recursos entregados claramente son insuficientes.

En un modelo de aseguramiento como el vigente, si los aportes no alcanzan, se afecta inmediata y directamente al patrimonio de las EPS y, por supuesto, a las inversiones necesarias para las reservas técnicas. Hay que aclarar que no es cierto lo que afirma el presidente de que no existe relación alguna entre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las reservas técnicas. Simplemente es la misma plata. Si existe un mal cálculo de UPC pues no hay posibilidad de resguardar fondos suficientes para soportar las reservas técnicas.

Eso se manifiesta en el desabastecimiento de medicamentos y la negación de los servicios que es lo que están observando los colombianos en el diario vivir.

Pero lo peor de todo este asunto es que la auditoria de la Contraloría demuestra que las EPS intervenidas directamente por la Superintendencia fueron las que más empeoraron en resultados. La Nueva EPS —cuyos interventores no han sido capaces de entregar estados financieros durante los dos últimos años— registra un patrimonio negativo con un severo deterioro de sus resultados. El remedio empeoró la enfermedad.

Parece increíble que ninguna de las entidades del Estado haya sido capaz de hacer que una de las empresas más grandes del país cumpla con las mínimas obligaciones legales.

Esta debacle nos debe poner a todos en alerta por los graves efectos que están generando sobre los colombianos más pobres que están siendo afectados en su salud y sus bolsillos por esta crisis inducida. La Contraloría demostró cómo las quejas y reclamos de los colombianos por la afectación de su salud crecieron en 23,2 % entre 2023 y 2024. Nada menos que 1,6 millones de colombianos presentaron PQR, el 91 % de ellas por falta de acceso a servicios y tecnologías de salud, un nivel nunca visto en las más de tres décadas de vigencia del actual sistema de salud. Las quejas empeoraron más en las EPS intervenidas.

Esperaremos con alta fruición el análisis completo de la oportuna y sólida auditoria —casi forense— de la Contraloría General de la República y ojalá se publique lo más pronto posible. Finalmente, nos asalta una gran inquietud: ¿con qué cara el gobierno piensa continuar el trámite de su proyecto de reforma de salud cuando su mala actuación generó una alta desatención, enfermedad y mortalidad de la población demostrando no tener la más mínima capacidad de gestionar la salud en defensa de los ciudadanos?.