“Apoteosys” en salud

Y es entendible que los proveedores e interventores de Nueva EPS, la mayor EPS del país, con 11.546.000 afiliados en los regímenes subsidiado y contributivo (23 % del total de usuarios del sistema) y en intervención forzosa para administrar por parte del Gobierno desde el 3 de abril de 2024, la llamen así.

Todas las acepciones de la Real Academia aplican al caso: “ensalzamiento de una persona con grandes honores o alabanzas”; “en el mundo clásico, concesión de la dignidad de dioses a los héroes” y que tal esta última: “en una revista musical o en un espectáculo similar, escena culminante con que concluye la función y en la que participa todo el elenco”.

Sí, todo el “elenco” del gobierno y sus aliados “participan” en el robo más grande de la historia a la salud.

En el informe sobre el estado del aseguramiento en salud 2024, publicado la semana pasada por la Contraloría General de la República, se evidencia, al evaluar la desastrosa situación de la mayor EPS del país, con 51 % de capital público, el rosario de irregularidades en esta entidad, que, con la total tolerancia del “gobierno del cambio”, lleva dos años sin presentar a la Supersalud y a sus socios estados financieros auditados (aún pendientes EEFF de 2023 y 2024).

Y claro que la Contraloría constata que Nueva EPS, sin que se sepa con certeza con base en qué información financiera, incumple todos los indicadores clave de solidez financiera y de caja. Además, muy por encima de su proporción poblacional, es la EPS con mayor cartera frente a las IPS, la que más debe a operadores logísticos farmacéuticos, la que más aumentó en PQRS y la que más tutelas enfrenta.

En resumen, entre las EPS en general y las intervenidas, Nueva EPS es la que más pacientes mata, más IPS quiebra y más medicamentos debe en el país, a pesar de ser la consentida del sistema en la medida en que recibe más recursos por UPC en el contributivo por cuenta del nivel de riesgo de su población original.

Pero ¿por qué el sistema de control de anticipos es apoteósico para el gobierno, los interventores y los políticos que han recibido regionales de la EPS en este gobierno?

Bien resalta la Contraloría en su informe que la Nueva EPS, según Apoteosys, giró por “concepto de anticipos de costos médicos por un valor de $12.133.050.73118 para la vigencia 2023 y para la vigencia 2024 este giro ascendió a la suma de $15.568.558.618.909, lo que representa un aumento de $3.435.507.887.721 equivalente a un 28 % respecto al año anterior”.

Pero lo apoteósico no es el aumento de anticipos sin control a prestadores, una de las supuestas causas justificantes de la intervención y de la supuesta defraudación de las anteriores administraciones de la EPS que daría lugar a exhaustivas investigaciones de las que no hemos sabido nada.

Lo apoteósico es, según la Contraloría, la falta de legalización de los anticipos que se describe escuetamente sin mayor indignación así: “A febrero de 2025, la Nueva EPS tiene pendientes anticipos por legalizar por valor de $3.474.320.454.107 que corresponden al año 2023 y de $8.744.774.986.272 de la vigencia 2024, lo que evidencia un aumento por valor de $5.270.454.532.165 con un incremento de 152 %”.

Hace menos de un año, el contralor encargado, lagarteándole al Gobierno y pujando por la clase política, se rasgaba las vestiduras con indicadores menos aterradores de falta de legalización de anticipos y justificó ante la opinión con su informe equivalente, las intervenciones, entre otras las de Nueva EPS. Hoy se considera por la Contraloría, en medio del aumento inusitado de anticipos sin legalizar, que “…particularmente en lo relacionado con el Pago Global Prospectivo (PGP) y la posibilidad de realizar pagos anticipados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), representa riesgos fiscales significativos para el SGSSS. Esta forma de contratación, si bien busca incentivar la eficiencia y la continuidad en la atención, puede derivar de una inadecuada ejecución y control de los recursos públicos, especialmente cuando no existen mecanismos robustos de seguimiento a la efectiva prestación de los servicios pactados.”

¿Qué seguimiento estará haciendo Nueva EPS a la ejecución de sus anticipos cuando ni siquiera logra cerrar sus estados financieros, cuando el ministro de Salud la utiliza como herramienta de despliegue de su desastrosa estrategia de contratación de equipos territoriales de salud (programa que es bien sabido opera en la sede Nueva EPS) y cuando ha reemplazado la mayoría de los gerentes territoriales para satisfacer el apetito voraz de los politiqueros del congreso aliados del gobierno?

Quedan muchas preguntas que obviamente ni el interventor ni la Supersalud contestan. ¿Qué tanto se ha modificado la red de atención? ¿Qué nuevas IPS están recibiendo los anticipos? ¿Son los anticipos no legalizados una forma desesperada de mantener abierta la atención ante la incapacidad de controlar los cobros y legalizaciones en una ya usual mecánica de los interventores del pasado en otras EPS que terminan liquidadas para brincarse las prelaciones legales y “favorecer” a ciertos prestadores sobre los que no tienen “palanca”.

Hablar del deterioro en la calidad de la salud en este gobierno es llover sobre mojado. De lo que no se habla lo suficiente es de cómo toda la reforma a la salud —por el Congreso o por la puerta de atrás— se resume en una sola cosa: tomar la mayor cantidad de recursos, en el menor tiempo posible.Si no, que lo diga el impune, pero siempre activo señor Urán.