Apaciguamiento mortal

Siguen oyéndose voces que claman por apaciguar a Petro alrededor de la pretensiosa iniciativa de la consulta popular para aprobar la fallida reforma laboral archivada por el senado. Se critica que la comisión séptima, en medio de la oprobiosa presión y la ruidosa algarabía de los congresistas del Pacto Histórico, hayan frenado una reforma que tenía múltiples conceptos técnicos que la criticaban como destructora del empleo formal y de la productividad. Se afirma que fue un error dicho archivo porque se le abrió al gobierno la ventana de la consulta popular y para abusar de los poderes del estado adelantando la campaña electoral de 2026. La opción, consideran, era aprobarle la funesta reforma, para evitar que acudiera a otras formas de movilización, evitar darle así una supuesta ventaja en la contienda electoral y prevenir de alguna forma sus abusos del poder.

Este tipo de sofismas y argumentaciones plagan la historia de la política nacional. Sea que las vías de hecho y los abusos provengan de los guerrilleros, los narcos, los criminales o los políticos, ellos no deben ser enfrentados ni expuestos. Es anatema la aplicación de la ley, es anatema la denuncia de la arbitrariedad, es anatema reclamar la acción efectiva del estado y es anatema reclamar decencia y cordura.

La premisa frente a la improbable consulta popular y la crítica al congreso por archivar la reforma parte de la falsedad de que si se hubiera aprobado, Petro no hubiese acudido al abuso de los recursos públicos y las funciones estatales para comprar votos, lealtades y financiar su enorme aparato de propaganda. Esa consideración es falsa. Desde que fue alcalde de la capital, Petro y su gabinete de entonces, hoy reencauchado en diversas entidades, se caracterizaron por abusar de cargos, políticas públicas y espacios burocráticos para consolidar y soportar sus bases políticas. Además, expresamente, Petro ha abusado siempre de la presunción de legalidad de los actos administrativos, aquella institución que le otorga a las decisiones del ejecutivo vigencia efectiva hasta tanto una autoridad judicial competente no las declare nulas. Las capacidades de litigio estratégico se transforman, bajo las órdenes de Petro, en tinterilladas que buscan mantener la vigencia de decisiones ejecutivas abiertamente ilegales.

Petro se la pasa corriendo la cerca. Buscando llevar al límite a las instituciones. La más reciente intentona es la transmisión en directa de los consejos de ministros a través de todas las cadenas de televisión. Claro que la transmisión sistemática y el formato de perorata eterna de los consejos de ministros era ilegal y abusiva. Eso era evidente para todo el país, la clase política y la prensa. Pero mientras se interpuso la tutela y se pronunció el Consejo de Estado concediendo el amparo, Petro recaudó los réditos mediáticos de su abuso en su público principal que mayoritariamente sigue viendo ampliamente la televisión pública.

Ahora frente a otra forma de contemporización con el petrismo que es la de rehuir la lucha democrática, implícita en la posibilidad de que se adelante la tan mentada consulta popular, es común declarar a Petro presumible ganador de todo emprendimiento electorero que acomete. En el caso de la laboral se presume a priori que, como se trata de una ampliación desaforada de derechos para los trabajadores, automáticamente el gobierno contará con masivo apoyo popular. Esta presunción, de que el populismo laboral necesariamente es invencible y que, por ello, es mejor plegarse de antemano, es la clase apaciguamiento intelectual, político y social que ha llevado a la democracia colombiana a las fronteras de su extinción.

Una mezcla de facilismo, mediocridad y en muchos casos identidad sentimental con las agendas socialistas, han venido convirtiendo en norma la premisa de apaciguar a la izquierda militante, ruidosa y chantajista. Este apaciguamiento sistemático se extiende a las agendas contra culturales en todo el espectro de la agenda progresista en temas sociales polémicos y a la agenda indígena y de negritudes.

El más grave de los apaciguamientos sigue siendo aquél que pretende convalidar la cultura cocalera. Desde los paros cocaleros del gobierno Gaviria a las convocatorias de Petro en el Catatumbo a una asamblea nacional cocalera, realizada Tibú antes de que el estado colombiano perdiera el control y soberanía sobre esta enorme región, los auxiliadores de la guerrilla en la academia, la prensa y la política han creado falsas percepciones como que el fenómeno de la siembra es inevitable, que el cultivo de la coca, una maleza de monte nunca antes cultivada, es ancestral, que la coca tiene importantes usos alternos a la elaboración del clorhidrato de cocaína y que, en fin, la prohibición es inútil y el narcotráfico es invencible.

Detrás de la consideración válida del fracaso de la prohibición como mecanismo de reducción del consumo y del hecho económico contundente de que el enorme margen del tráfico deriva esencialmente de la prohibición, se busca crear una renunciación a la acción del estado y la concesión de espacios territoriales para la actividad criminal y la siembra desaforada de coca.

Esta cultura de apaciguamiento desconoce no solo el hecho de que la prohibición no depende exclusivamente de Colombia, así como su terminación o modificación, sino desconoce también que los campesinos y ciudadanos que entran en el cultivo de la coca, su procesamiento y su tráfico hacen un cálculo personal del riesgo de enfrentar los riesgos de la acción de la justicia en la toma de su decisión de comprometerse con este tipo de actividades. Cuando el estado renuncia a controlar los cultivos ilícitos y deja expuesta a grandes poblaciones a la influencia y control de las mafias y las guerrillas, propicia el predominio del cultivo ilícito que lentamente va ahogando la economía legal en las regiones.

Por ello es importante retomar sinceramente los esfuerzos de erradicación en el marco del compromiso con el retorno de la justicia, el orden y la infraestructura, en particular la vial, a todas las regiones donde predomina el narcotráfico. El estado si puede proteger de los violentos a quienes viven en las zonas cocaleras, hacerles sentir el peso de la ley y darle viabilidad de las alternativas productivas. Renunciar a ello abre las puertas a la ruptura de la integridad territorial, al fortalecimiento de todas estructuras organizadas de violencia y a la degradación general del orden público. Hay guerras que hay que dar. El riesgo de no darlas es quedar con mucha más guerra y perder la dignidad.