Álvaro Uribe, un preso político

En Colombia, la figura de Álvaro Uribe ha sido tan disruptiva que la justicia decidió no juzgarlo sino neutralizarlo. La sentencia que lo condena por fraude procesal y soborno en actuación penal no es más que el instrumento formal de una persecución que lleva más de una década en marcha. Hoy, Álvaro Uribe Vélez es un preso político en pleno siglo XXI. Y lo es porque su verdadero delito fue haber enfrentado, sin titubeos, a los enemigos del país que ahora gobiernan con impunidad.

No hay que ser uribista para ver el montaje. Basta con revisar el expediente. Un juicio sostenido por testimonios de presos condenados, pruebas obtenidas ilegalmente, interceptaciones irregulares y una cadena de custodia hecha trizas. Y sin embargo, todo fue validado por una jueza con discurso ideológico, que convirtió el estrado en tribuna y la sentencia en un arma política. Sandra Heredia no juzgó, militó. No aplicó la ley, ejecutó una narrativa. Con esta juez queda en firme la politización de la justicia.

Uribe representa un trofeo para la extrema izquierda que hoy gobierna desde las sombras del poder judicial y político. Un trofeo especialmente valioso para Iván Cepeda, gran visitador de exparamilitares detenidos en cárceles federales de Estados Unidos. Fue allí donde, según lo ha denunciado alias el Tuso Sierra y otros, Cepeda buscaba fabricar testimonios contra Uribe, manipulando a quienes fueron extraditados durante su gobierno. El objetivo fue fabricar un relato judicial y mediático que presentara a un supuesto victimario frente a una “víctima” cuidadosamente construida, cuyo papel protagónico no termina en los estrados y que ahora es la carta que un sector político quiere llevar hasta la Casa de Nariño.

Recuerden que en 2017, en pleno debate en el Congreso sobre la creación del partido político de las FARC, Iván Cepeda recibió una llamada del narcoterrorista Iván Márquez. No fue un error. Fue un símbolo brutal de cómo los tentáculos del terrorismo siguen vivos dentro del poder legislativo. ¿Quién le contesta a un criminal desde el Congreso? ¿Qué clase de “democracia” estamos construyendo si los autores de masacres aún marcan el ritmo del debate político? Esta no fue solo una llamada. Fue una señal de que la infiltración es real, la impunidad es descarada y la complicidad institucional mucho más profunda de lo que se quiere admitir.

Con esto se derrumba la mentira repetida por Iván Cepeda de que no tiene vínculos con los narcoterroristas de las FARC. ¿Cómo explica que, mientras se debatía la creación del partido político de esa organización, un excomandante de las FARC prófugo como el criminal Iván Márquez- jefe de la Segunda Marquetalia y protegido por la narcodictadura venezolana-, hiciera una llamada directa a alguien en el Congreso? ¿Por qué en ese preciso momento? La narrativa de Cepeda, construida con victimismo y con el oficio persistente de lavador de rostro de los narcoterroristas de las FARC, no resiste una imagen tan brutalmente reveladora.

Esa llamada no fue un descuido, fue una línea directa con el crimen. Y si esa línea sigue activa, es porque hay quienes la mantienen viva desde dentro del poder.

La persecución contra Uribe no empezó en este juicio. Empezó cuando se atrevió a poner en su sitio a las narco FARC. Cuando le quitó al terrorismo el control del territorio y al narcotráfico su santuario político. Desde entonces, la izquierda radical -la misma que hoy se disfraza de institucionalidad- no ha cesado en su obsesión de cobrarle con odio su eficacia.

Uribe fue acusado con el libreto clásico del lawfare, tomar una disputa política, forzarla por vía judicial y vestirla de legalidad. El expediente se acomodó, los testigos se alinearon y la justicia se convirtió en munición política. Hoy, mientras los criminales de lesa humanidad que sembraron bombas y desaparecieron civiles están libres, empoderados y con curules, el hombre que los combatió está condenado. Esa es la imagen más grotesca de la justicia invertida.

El fallo busca una venganza disfrazada de “justicia”. No lo condenan por lo que supuestamente hizo en el proceso, lo condenan por haber sido el presidente que enfrentó a las FARC y por seguir siendo el mayor obstáculo para su regreso al poder. Un modelo de autoridad, eficacia y defensa del orden que desmonta el discurso del resentimiento ideológico. Lo que buscan con esta condena no es justicia, es eliminarlo políticamente para sacarlo del camino y asegurarse de que no tenga cómo influir ni frenar la maquinaria que quieren imponer en las elecciones de 2026.

Y si esto fue posible con Álvaro Uribe, que fue jefe de Estado, qué puede esperar un colombiano que se cruce con el poder judicial manejado por ideología. ¿Qué defensa tiene el ciudadano común cuando la justicia se arrodilla ante la política? ¿Qué garantías tenemos?

Álvaro Uribe no está condenado por los delitos que le fabricaron, está condenado por lo que representa y por el obstáculo que significa para el proyecto comunista que quiere tomarse el país. Su caso no es jurídico, es político. Y su prisión no es legal, es simbólica. Es un mensaje para todos los que se atrevan a desafiar al nuevo régimen. Si lo hicieron con él, lo pueden hacer con cualquiera.

Uribe es hoy un preso político. Y callarlo con una sentencia no silenciará la verdad.

Ñapa: Hay un dato realmente importante y que no muchos han tenido en cuenta. En la teoría, el “reparto” judicial es el mecanismo que, a través de un sorteo aleatorio, asigna los casos a los jueces competentes, buscando transparencia e imparcialidad. En la práctica, sin embargo, este sistema ha sido señalado como una de las puertas más abruptas para manipular la justicia. Basta con direccionar un expediente hacia un despacho específico o aprovechar la provisionalidad para colocar allí a un juez afín.

Tras renunciar al Senado en 2020, el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria, quedando a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Entre 2021 y 2022 se presentaron dos solicitudes de preclusión, ambas negadas por juezas en provisionalidad: primero la titular provisional del Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá y luego la juez del Juzgado 41 Penal del Circuito. La única jueza de carrera que falló a favor de Uribe fue la del Juzgado 30 de Control de Garantías, quien el 10 de octubre de 2020 autorizó su libertad mientras continuaba la investigación.

Finalmente, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia -mujer de inclinación de izquierda innegable y en provisionalidad- dictó el fallo condenatorio en primera instancia el 28 de julio de 2025, encontrándolo culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Cuando un proceso de alto impacto político, como el de Álvaro Uribe, recae una y otra vez en jueces provisionales, la pregunta es inevitable, ¿fue realmente azar o el reparto se convirtió en un reparto a la medida?