¿Alguien sabía que existía una Comisión Asesora de Política Criminal en Colombia?

La verdadera noticia no debería ser la renuncia de ocho integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal, sino que en Colombia exista tal comisión. Porque, seamos honestos, hablar de política criminal en nuestro país es como hablar de democracia en Corea del Norte: un espejismo, una ilusión, un mal chiste disfrazado de burocracia.

Para los que no lo sabían, esta comisión tiene como función asesorar al Gobierno en la formulación y evaluación de políticas que combatan eficazmente la criminalidad. En palabras más simples, esto significa identificar cómo lidiar con la corrupción, la migración que viene de Venezolanos de Estados Unidos, el Tren de Aragua, las guerrillas, los narcos, los fleteros, los extorsionistas y, últimamente, hasta con los terroristas ‘niños’. Sí, esos mismos menores de edad que algunos políticos prefieren ver como simples travesuras juveniles mientras secuestran y asesinan.

Pero volvamos a nuestra comisión. Ocho de sus diez miembros renunciaron recientemente, denunciando la falta de apoyo, recursos e interés del Gobierno. ¿Sorpresa? Ninguna. Colombia es experta en crear instituciones inútiles que luego abandona a su suerte. Aquí, la realidad supera siempre la ficción: tener una política criminal que no refleja en absoluto la compleja realidad colombiana es simplemente inútil.

La política criminal no es una simple teoría jurídica, debería ser un sistema eficaz y proactivo que interprete y combata los fenómenos criminales específicos que afectan la seguridad ciudadana. Su eficacia debe medirse por resultados concretos: disminución de delitos, percepción de seguridad, efectividad de la justicia, y especialmente, confianza ciudadana en las instituciones del Estado. En Colombia, lamentablemente, estos indicadores parecen sacados de una película de terror.

Veamos cifras concretas. Según datos recientes, en 2024 la tasa proyectada de homicidios en Colombia es de 24,4 por cada 100.000 habitantes, ligeramente menor que en 2023, pero aún escandalosamente alta. Más grave aún, la violencia familiar aumentó en un 33,5 %, las lesiones personales un 9,4 %, y unas cifras más tristes, las amenazas han inundado ciudades como Cúcuta y Floridablanca, con incrementos del 136 % y 126 %, respectivamente. Claramente, los delincuentes no leen las políticas criminales colombianas, y si las leen, se ríen.

Más cifras alarmantes: en lo que va de 2025, más de 30.000 ciudadanos fueron víctimas de extorsión telefónica desde prisiones colombianas. ¿Qué clase de política criminal permite que los delincuentes continúen operando impunemente desde las cárceles? La respuesta: una basada en el miedo, la inacción y la complicidad institucional.

La comparación con El Salvador es inevitable y dolorosa. Mientras acá los fiscales parecen olvidar convenientemente el delito de concierto para delinquir, en El Salvador se ataca de frente bajo el equivalente llamado agrupaciones ilícitas. ¿Resultado? En menos de una década pasaron de ser el país más violento con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes a solo 1,9 y bajando.

¿Cuál es el secreto salvadoreño? Muy simple: reconocer su realidad y actuar en consecuencia. Sí, eso incluye juzgar menores de edad como adultos cuando cometen crímenes atroces, algo que, aunque duela, responde a una realidad donde niños y adolescentes son los soldados más feroces de las pandillas. Durante mi labor como comisionado presidencial de derechos humanos en El Salvador, uno de mis mayores retos fue ofrecer alternativas reales a estos jóvenes, programas de educación y deporte que fueran más atractivos que el sicariato y el crimen. Y aunque es frustrante reconocerlo, el arraigo a estas estructuras criminales es más fuerte, incluso que a sus propias familias biológicas.

En Colombia, mientras tanto, seguimos debatiendo si nuestros terroristas son niños jugando o criminales peligrosos. Seguimos reaccionando en lugar de anticiparnos. El caso reciente del atentado contra Miguel Uribe es una dolorosa muestra: un ataque claramente planificado, con logística criminal evidente, que se trata erróneamente como delincuencia común, cuando detrás claramente hay estructuras terroristas.

Estimado ministro Eduardo Montealegre, la verdadera política criminal de Colombia no debería ser un documento decorativo guardado en algún escritorio de la burocracia oficial. Debería reconocer el complejo entramado de corrupción y violencia en el que vivimos, aplicar leyes reales, crear cárceles que sean centros efectivos de aislamiento y rehabilitación, y apostar por una inteligencia policial libre de corrupción. Una política criminal real debe desarticular las redes de complicidad entre criminales y agentes del Estado, debe ofrecer justicia efectiva y rápida, y, sobre todo, debe erradicar el miedo paralizante en el que viven millones de colombianos.

Hoy, tristemente, seguimos rezando por Miguel Uribe, por los policías asesinados en el plan pistola, por los Colombianos sicariados cada día, por las víctimas del Catatumbo, de las extorsiones y del maldito ‘gota a gota’. Mientras tanto, elevemos una plegaria para que usted, ministro Montealegre, logre iluminarse en su gestión. Porque, a estas alturas, solo la intervención divina parece capaz de salvarnos de nuestra propia ineptitud y de este miedo que nos tiene como rehenes en nuestro propio país.