Durante años, la lucha contra el narcotráfico tuvo un libreto claro: perseguir capos, incautar cargamentos, erradicar cultivos. Una guerra dura, sí, pero dentro de márgenes conocidos. Ese libreto ya no existe. Y lo que está ocurriendo en la región debería encender todas las alarmas en Colombia. Me explico:
Primero fue Nicolás Maduro. La decisión de Estados Unidos de ir directamente contra su régimen bajo acusaciones de narcotráfico rompió un tabú histórico: señalar a un jefe de Estado como parte de la estructura criminal. No es solo retórica. Es un cambio de doctrina. Fuerte.
Esta semana vino México. La acusación contra Rubén Rocha Moya y funcionarios de su entorno confirma que no se trata de casos aislados. Es una estrategia en marcha. Washington dejó de ver el narcotráfico como un problema exclusivamente operativo y empezó a tratarlo como un fenómeno político. Ya no basta con golpear carteles. El objetivo ahora son sus conexiones en el poder. Pero el problema no solo es de México, donde tradicionalmente EE. UU. opera con algodones, es de toda la región.
Y ahí es donde Colombia entra en escena.
Según reveló The New York Times, fiscales federales en Nueva York adelantan investigaciones en las que aparece mencionado el presidente Gustavo Petro en el marco de indagaciones relacionadas con narcotráfico. No hay acusación formal. Pero ese no es el punto. El punto es otro: Colombia ya está en el radar judicial de Estados Unidos. Y, cuando Estados Unidos pone un país en su radar, las consecuencias no son menores. ¡Pilas!
Lo que estamos viendo es la consolidación de una nueva doctrina en Washington, particularmente bajo Donald Trump: el narcotráfico no se combate solo en el terreno. Se combate en el poder. Se desmantelan las redes políticas que lo protegen, sin importar jerarquías ni costos diplomáticos. Welcome to the Cartel de los Sapos, edición Palacio Presidencial.
Sin excepciones. Sin acuerdos. Sin zonas grises.
Esto plantea un escenario inédito para Colombia: la posibilidad real de que la Justicia estadounidense termine haciendo lo que durante décadas ha sido una deuda interna: desarticular la narcopolítica desde sus vínculos más altos.
Y aquí es cuando entra la pregunta clave: ¿cómo puede esto impactar las elecciones en Colombia?
Primero, por el efecto reputacional. En un contexto electoral, cualquier mención –así no haya imputación formal– tiene un peso político enorme. En una campaña, la sospecha puede ser tan devastadora como una acusación.
Segundo, por la presión institucional. Investigaciones en Estados Unidos suelen venir acompañadas de cooperación judicial, filtraciones, testimonios y eventualmente imputaciones. Todo eso puede irrumpir en plena campaña, alterando agendas, debilitando candidaturas o incluso sacando actores del juego.
Tercero, por el factor disuasivo. La señal es clara: quienes aspiren al poder con vínculos, directos o indirectos, con economías ilegales ya no solo enfrentan riesgos en Colombia. Enfrentan el alcance global de la Justicia estadounidense. Sorprende el silencio del siempre muy vocal Armando Benedetti en la contienda política actual.
Cuarto, por la intervención indirecta. No se trata de una injerencia electoral clásica, pero sí de algo más sofisticado: decisiones judiciales, anuncios o movimientos estratégicos que, en la práctica, terminan influyendo en el clima político y en la percepción del electorado.
La reacción del Gobierno probablemente será la habitual: negar, descalificar, invocar soberanía. Pero ese libreto también se está quedando corto. Porque la estrategia que estamos viendo no es retórica. Es acción.
Estados Unidos ya cruzó líneas que antes parecían impensables. Lo hizo con Maduro. Lo está haciendo en México. Y todo indica que Colombia podría ser el siguiente capítulo.
Ignorar eso sería un error.
Porque esta nueva fase de la guerra contra el narcotráfico ya no se libra en la selva. Se libra en los tribunales, en los despachos… y, sobre todo, en las elecciones.
Y la pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿Estados Unidos se quedará al margen… o será un actor determinante, así no aparezca en el tarjetón? Estamos a 30 días. Todo puede pasar.