Tensión en Jericó: once campesinos que protestan contra mina de cobre serán imputados por secuestro simple

Los ánimos están caldeados en Jericó, municipio del suroeste antioqueño que ha estado sumido desde hace más de dos años en un conflicto socioambiental por un proyecto de minería de cobre. Aunque, según habitantes del municipio turístico, el conflicto lleva más de dos años, el ambiente comenzó a calentarse otra vez a comienzos de abril, cuando un grupo de campesinos salió a las vías de la vereda Vallecito para protestar.

¿Por qué lo hicieron? Denuncian en el pueblo de la beata Laura Montoya que en una hacienda que lleva su nombre se podrían estar adelantando obras para la explotación de minas de cobre sin el aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Minería.

La denuncia fue conocida por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Jericó, la personería municipal y hasta el Gobierno nacional, que este 21 de abril, después de tres semanas de protestas, llegó a la zona para mediar.

De hecho, SEMANA conoció un informe de la Secretaría de Planeación fechado el 5 de abril de 2025 en el que se concluye que lo que se estuvo construyendo en el predio era “un beneficiadero de café de dos niveles”; el mismo documento firmado por la secretaria de planeación, Margarita María Rodríguez Garcés, contiene 30 fotos de la obra y también concluye que esta no cuenta con licencia.

Las inspecciones a la hacienda no detuvieron las manifestaciones de los campesinos, que han levantado la voz para pedir, desde el reconocimiento del conflicto socioambiental, la protección a zonas hídricas, el respeto a los derechos a la protesta hasta la protección de algunos hallazgos arqueológicos.

Esto llevó a que a Jericó llegaran este lunes, 21 de abril, funcionarios de los ministerios de Agricultura, las Culturas, Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Minería.

“En respuesta a la coyuntura que se presenta en el suroeste antioqueño por el conflicto socioambiental, el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro instaló una mesa de diálogo con las comunidades, con la intención de verificar denuncias y búsqueda de posibles soluciones”, dijo la Consejería presidencial para las Regiones, a cargo de Luz María Múnera.

Pero ni así ha sido posible que la tranquilidad vuelva a los labriegos y la razón que esgrimen es una: desde el Juzgado promiscuo de Jericó citaron a 11 campesinos para una audiencia de formulación de imputación de cargos que se realizará este miércoles 23 de abril.

Serán imputados, según información conocida por SEMANA, los presidentes de la Junta de Acción Comunal de las veredas Vallecito, de la vereda La Soledad, un labriego de 85 años y otros ocho hombres por secuestro simple, hurto calificado y daño en bien ajeno.

Pero los hechos con los que se les relacionan datan de 2022 y algunos de ellos argumentan que lo único que han hecho es protestar para proteger el agua de su pueblo.

SEMANA habló con Claudia Serna Cardona, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

“Cuestionamos el tratamiento que se le está dando a este conflicto, sobre todo por la condición de personas que protestan, son campesinos, la mayoría trabaja la tierra, y un gran número de personas son adultos mayores. Nos preocupa el tratamiento que se le da a la protesta social, al principio los llamaron perturbadores y ahora delincuentes”, dijo.

“Preocupa este tratamiento que estaba siendo policial y ahora es penal, lo que los implica en un proceso muy serio por los cargos que les van a imputar”, agregó, en referencia a los más de 50 campesinos que fueron querellados en 2023 ante la inspección de policía por el conflicto con la minera Anglo Gold Ashanti.

SEMANA intentó comunicarse con la Alcaldía Municipal, la Personería municipal y el juzgado promiscuo de Jericó, que adelantará la audiencia, pero no fue posible.