Superintendente de salud responde por crisis en el sector: “El propósito de intervención de las EPS no es la liquidación”

Colombia enfrenta una crisis sin precedentes en el sistema de salud y los ojos del país están puestos sobre el Gobierno nacional, al que múltiples sectores acusan de estar detrás del problema que tiene en vilo a millones de personas. En diálogo con SEMANA, el superintendente Giovanny Rubiano habló de los puntos clave del problema.

De acuerdo con el funcionario, en el último año, las dos principales causas de reclamo de los pacientes fueron la negación de consulta con especialistas y falta de oportunidad en la asignación de citas: “Algunas de las especialidades con barreras de acceso por negación o por disponibilidad de agenda son oftalmología, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología, urología, neurología y medicina interna”.

El tercer dolor de cabeza de los pacientes son las tecnologías en la salud y medicamentos: “El 95 % de los reclamos corresponde a tecnologías cubiertas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y un 5 % corresponde a tecnologías que no están cubiertas por el plan de beneficios. Además, algunas tecnologías como soportes nutricionales, pañales y cuidados especiales para pacientes crónicos”.

Rubiano describió que entre febrero de 2024 y enero de 2025 se radicaron ante su entidad 1.604.968 reclamos. Al analizar esta tasa por 10.000 afiliados, las EPS con el mayor número de reclamos son Comfenalco Valle (557,79), SOS (542,06), Capital Salud (468,35), Compensar (457,52), Famisanar (422,72), Salud Total (421,82), Sanitas (393,05), Savia Salud (379,16), Capresoca (375,28), Sura (371,14) y Nueva EPS (334,01).

EPS intervenidas

El Gobierno nacional tiene intervenidas a nueve EPS que acumulan deudas con las IPS que superan los 15 billones de pesos, sin incluir a la Nueva EPS, cuyos resultados financieros hasta 2023 se van a presentar en abril.

“A esto se suma que, en general, las EPS, no solo las intervenidas, no constituyeron las reservas técnicas que la ley les exige. De tal modo que no tienen el resguardo para poder pagar las deudas de épocas pasadas y las EPS que no cumplen con estas reservas suman más de diez billones de pesos”, agregó el funcionario.

Según su interpretación, hay unas EPS que acumulan pasivos de vigencias anteriores y, al no poder garantizar la regularidad de los pagos con sus distintos proveedores de medicamentos y su red de prestadores, empiezan a tener dificultades y esas mismas se ven reflejadas en barreras en la prestación de los distintos servicios, entre los cuales está la entrega de medicamentos; lo que está ocurriendo hoy.

“Desde el mismo momento que asumí como superintendente, he buscado precisamente esclarecer las cuentas con las que recibí estas EPS bajo medida de intervención. De hecho, estos procesos lo primero que buscan es sincerar las cuentas de estas entidades. El propósito de la intervención de estas EPS no es la liquidación, la idea es llevarlas a una situación que les permita cumplir con sus indicadores financieros, técnicos científicos y jurídicos. Así que la intervención forzosa administrativa para administrar, aplicada a estas EPS, es una medida de salvamiento”, aclaró el superintendente de salud.

“Audifarma no cumplió”

Con relación a los medicamentos, “estas EPS también muestran deudas acumuladas de vigencias anteriores por insumos y medicamentos por casi un billón de pesos, que generan dificultades en las relaciones contractuales”, dijo Rubiano.

Él planteó el ejemplo de Audifarma y Nueva EPS: “Aún con pagos por más de 270 mil millones de pesos realizados por la Nueva EPS a este gestor, Audifarma incumplió en un 87 % con la entrega de medicamentos. Audifarma no cumplió”.

La Superintendencia no solo tiene la lupa puesta sobre las EPS, también hay 12 hospitales públicos con intervención forzosa administrativa.