Las reveladoras denuncias que alertan de posibles falsos positivos del Ejército y la Armada en varias regiones del país

El miércoles 20 de agosto, faltando cinco para las seis de la mañana, un estruendo seguido de algunos disparos y de dos explosiones más puso con los pelos de punta a los pescadores de la vereda La Encaramada, en San Jacinto del Cauca, en el sur de Bolívar.

“Llevo viviendo 35 años aquí y nunca había escuchado algo así. Tiraron tres granadas, se escuchó un estruendo bien fuerte”, dijo, bajo la condición del anonimato, un habitante de la zona consultado por SEMANA.

El ataque provocó heridas a Adonis de Jesús García Requena, quien en ese momento estaba cepillándose los dientes a orillas del río Cauca, donde vive junto a su esposa. Ella, Karen Lorena Cortez Colpas, apenas estaba despertándose cuando, dicen en la zona, algunas esquirlas de los explosivos le impactaron en los senos.

En segundos, el apacible territorio se convirtió en un infierno. Los vecinos, como pudieron, salieron a ver qué pasaba, vieron cómo miembros de la Armada Nacional auxiliaron a Adonis y a su mujer Karen Lorena y, según ellos, abandonaron el sitio.

Posteriormente, la comunidad trasladó a los heridos en una canoa hasta el centro médico más cercano, a 15 minutos de viaje por el río hasta Guaranda, en Sucre. El hecho violento, asegura la comunidad, fue obra de los militares.

Al ser consultada por SEMANA, la Armada Nacional aseguró que sus hombres respondieron al “ataque indiscriminado propiciado a dos unidades fluviales, ante lo cual se reaccionó con el uso de la legítima defensa ante una agresión contra la tripulación, respetando los DD. HH. y en cumplimiento de los principios del DIH que rigen la materia”.

Pero desde San Jacinto del Cauca, aún atemorizados, los pescadores dicen que no hubo tal ataque y que la respuesta de los militares fue tan desproporcionada que una de las balas atravesó la ventana de la escuelita de 64 metros cuadrados que estaba para estrenar e impactó en uno de los muros, provocando un enorme hueco. Ese espacio, dicen en la comunidad, llevan esperándolo desde hace más de 20 años.

Denuncias similares a esta han sido recopiladas por el abogado Álex Alberto Morales, quien se presenta como defensor de derechos humanos en Coveñas (Sucre), Turbo (Antioquia) y Nuquí (Chocó).

Por ejemplo, el abogado ha pedido a organismos nacionales e internacionales investigar la muerte de otro supuesto pescador, presentado como dado de baja en combates de hombres de la Armada Nacional contra delincuentes del Clan del Golfo en Nuquí. Su nombre era José María Herazo Meza.

Murió el lunes 11 de agosto y su caso, dicen personas allegadas a su familia, que piden no ser mencionados con sus identidades, desencadenó un deterioro de la salud de su mamá, que vive en Barranquilla. “Era un muchacho muy juicioso, tenía 23 años, era trabajador, no le buscaba problemas a nadie, por donde vivía lo querían mucho”, dijo uno de los allegados a SEMANA.

Para la Armada, José María no andaba en buenos pasos. Según respondieron a esta revista, él cayó en medio de un operativo contra una central de comunicaciones ilegales que “al parecer estaría siendo custodiada por sujetos armados, al parecer pertenecientes a la Estructura Jairo de Jesús Durando Restrepo” (sic).

Contestó la Armada que, el 11 de agosto, en el desarrollo de la operación militar, “halló un área campamentaria ocupada por hombres armados, quienes, al percatarse de la presencia de miembros de la Armada Nacional, abrieron fuego”, por lo que la unidad militar “respondió haciendo uso de sus armas en legítima defensa”.

Sin embargo, el abogado Morales se pregunta por qué, según él, el cadáver de José María estaba atado con una soga de pies y manos, y presentaba, además de un disparo en el tórax, múltiples golpes que “le destrozaron el cráneo” y provocaron moretones en la espalda.

La Armada manifestó que esos hechos ocurrieron bajo una “legítima defensa y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza”, aunque admitió que ya está andando una “indagación disciplinaria por parte de la Brigada de Infantería de Marina n.° 2, que tendrá como objetivo verificar si la operación se ajustó a la Constitución”. Otra de las denuncias recabadas por el abogado es la de las muertes de dos supuestos campesinos en Turbo. Ellos eran Divier Herrera Alcaraz, de 25 años, y Pedro Luis Guerra Pérez.

Según el Ejército, Divier y Pedro Luis eran dos integrantes del Clan del Golfo. El primero era conocido como Moniquilla y el segundo como el Indio. Ambos aseguraron, al ser consultados por SEMANA, que custodiaban una central de comunicaciones de la estructura Fernando Oquendo Estrada, la cual se enfrentó a los militares durante una operación realizada el lunes 7 de julio. Divier y Pedro Luis, dijo el Ejército, “portaban armas tipo fusil largo AK-47 y se desplazaban vistiendo prendas de civil”.

Además, que una fuente le habría manifestado a la fuerza pública que “a los mencionados se les atribuye la participación activa en la recepción de comunicaciones ilícitas, transmitidas por vía radial, que posteriormente eran retransmitidas hacia los cabecillas de otras subestructuras criminales del Clan del Golfo” y que les reportaron “que poseían armamento de diverso calibre y alcance, entre el cual se incluyen un fusil, una pistola, un revólver y una granada de mano”.

SEMANA habló con familiares de los dos hombres. De ambos dijeron que eran trabajadores de una finca ganadera en el sector El Dos, en el municipio de Turbo. “El Mono salía de la casa en la que vivía con su mamá todos los días a las seis de la mañana a rebuscarse el diario, y llegaba en la tarde. Ella dependía económicamente de él y desde que lo mataron su salud decayó. Hoy está en el hospital de Turbo con una neumonía”, contó una persona cercana a Divier.

Por estas dos muertes también, dijo el Ejército, hay investigaciones penales y disciplinarias en las que miembros del Batallón de Infantería n.° 47 Francisco de Paula Santander deben dar explicaciones. Y un reclamo más de justicia, en los casos documentados por el abogado, es el de Valentina López Solórzano, la joven de la que algunos medios dijeron que era una influencer. Ella murió el lunes 5 de febrero de 2024 en una finca del Cerro Petrona, en Coveñas.

Allegados a Valentina le contaron a SEMANA que la joven no vivía en ese municipio, sino en Necoclí, que estudiaba regencia de farmacia y que había ido a visitar a su mamá. Pero salió en la mañana de ese lunes y, afirman, cuando descansaba en una hamaca, recibió varios impactos de fusil: uno de ellos le destrozó la boca, el otro le dio en el tórax y uno más en la pierna.

Para el Ejército, la joven estaba en un lugar en el que se desarrolló una operación para tratar de capturar a dos cabecillas financieros del Clan del Golfo: Álvaro Javier Zapata Tuirán, alias Cachete Peludo, y Pedro Eliseo Villalba Quintero, alias Tren, y que terminó en un combate.