Impuesto de seguridad en Antioquia: esto es lo que tendría que pagar si aprueban nuevo tributo en el departamento

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó un proyecto a la Asamblea para imponer un impuesto de seguridad a través de la factura de energía. Aunque no hay un ambiente político para que prospere la iniciativa y hay varios sectores que la rechazan, el mandatario insiste en su importancia.

La idea es que los estratos 4, 5 y 6, más los clientes comerciales e industriales, saquen más dinero de su bolsillo para mejorar la infraestructura y tecnología de la fuerza pública en el departamento. Si le dan el visto bueno los diputados, en los próximos tres años se podrían recaudar hasta 1,2 billones de pesos.

La plata se recogería por medio de la factura de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM), pero la compañía de servicios públicos aseguró que este escenario podría generar inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios, desencadenando conflictos legales e investigaciones administrativas.

Pese a esta lectura, la Gobernación de Antioquia respondió que sí existen los mecanismos para imponer el impuesto de seguridad en la región y su posición fue respaldada por la Federación Nacional de Departamentos: “El proyecto cumple con los principios de legalidad, reserva de ley y certeza jurídica”.

El impuesto de seguridad se ejecutaría de esta manera, según las proyecciones mensuales: estrato 4 ($14.242), estrato 5 ($16.002), estrato 6 ($17.202), pequeño comercio ($36.358), gran comercio ($3.529.875), Fábrica de Licores de Antioquia ($14.952.625), Indeportes ($1.960.916) y Lotería de Medellín ($325.313).

Aunque la fórmula con la que se calcularon estos saldos se podría modificar en medio de la discusión que se dé en la Asamblea. Hay probabilidades de que se establezcan menores recaudos y se distribuyan alivios para algunos sectores del departamento. El gobernador está dispuesto a ceder en su proyecto.

“Somos siete millones de paisanos que estamos demandando seguridad. Yo espero, en esa tarea de persuasión, seguirle insistiendo, no solo a los diputados que han manifestado alguna prevención con la medida, sino también a los gremios, que nosotros necesitamos llenar la tasa de la seguridad”, dijo el mandatario.

El dinero no solo llegaría a apoyar las labores operativas e investigativas de la fuerza pública en el departamento, también se invertiría una parte en la adecuación de placas polideportivas para la convivencia, entre otras posibilidades que deberán ser analizadas y votadas por la Asamblea de Antioquia en las próximas semanas.

Este proyecto llegó a oídos del presidente Gustavo Petro, quien mostró rechazo de inmediato: “Un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo. Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle comida a los pobres y a los trabajadores en Antioquia”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también mostró oposición al proyecto de Andrés Julián Rendón: “Yo no puedo estar de acuerdo en que se quiera poner un tributo adicional a la tarifa de energía a través de la cuenta de los servicios públicos cuando ya la gente paga altas tarifas en el tema de la energía”.