Gobernador de Antioquia nombra alcalde encargado en Bello. ¿De quién se trata?

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, designó a un hombre para tomar el control de la Alcaldía de Bello, luego de la condena por corrupción que tumbó al electo, Óscar Andrés Pérez Muñoz.

Se trata de Luis Giovanny Arias Tobón, quien fue nombrado por Pérez Muñoz como secretario de Servicios Administrativos. Él es administrador de empresas y está próximo a recibir un título de posgrado en gestión pública.

Las funciones las ejercerá de manera temporal hasta que el gobernador elija a alguien en propiedad para que culmine el periodo constitucional que el Tribunal Superior de Medellín le frustró al político del Centro Democrático.

Como faltan seis meses para cerrar el cuatrienio, no se citará a elecciones locales y Gaviria Correa tendrá la potestad para seleccionar al reemplazo con base en una terna que presente el partido que ganó la contienda en 2019.

La Secretaría de Comunicaciones de Bello aclaró que el plan de desarrollo que impulsó Óscar Andrés Pérez Muñoz no sufrirá traumatismos, al contrario, se priorizará el avance en cada una de las obras.

“Los planes, estrategias y proyectos que se vienen adelantando en la ciudad no sufren ninguna alteración y seguirán trabajándose para aportar al desarrollo social y económico”, aseguró la entidad.

¿Cuál fue la decisión que tumbó a Pérez Muñoz?

El Tribunal Superior de Medellín condenó a diez años de prisión al alcalde del municipio de Bello, Antioquia, por irregularidades en un proyecto de 180 millones de pesos que ejecutó en 2010. Él abandonó el cargo 24 horas antes de conocerse esta decisión.

Óscar Andrés Pérez Muñoz deberá estar privado de la libertad durante 120 meses por cometer el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, en ese tiempo no podrá ejercer cargos públicos y deberá pagar una sanción económica.

Esta misma determinación cobijó a Hans de Jesús Wagner Jaramillo y a Harold de Jesús Hincapié Rivera. En efecto, los magistrados ordenaron la captura y podrán refutar la sentencia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En medio de las investigaciones que se remontan a un contrato de 2010, el Tribunal Superior de Medellín aseguró que entonces el alcalde “incumplió [con los] principios de orden constitucional en detrimento del bien jurídico de la administración pública”.

Él entregó 180 millones de pesos a un privado a cambio de adelantar las elecciones del Consejo Municipal de Juventud de esa época, pero no se cumplieron los objetivos en su totalidad y, aun así, transfirió el dinero, entre otras irregularidades puestas en evidencia.

“No se hicieron capacitaciones a jurados, testigos y candidatos; actividades contratadas fueron realizadas por dependencias del municipio; el contrato era para iniciar el 1 de octubre de 2010, pero empezó el 1 de septiembre de 2010, actividades que, realizadas por fuera del tiempo del contrato, se pagaron; dicho contrato no era necesario porque su objeto podía ser ejecutado por las secretarías del municipio; se autorizaron pagos sin haber cumplido las exigencias del contrato”, comentó la Fiscalía General de la Nación.

Además, el ente de acusación reveló que no hubo un análisis técnico ni económico del valor del contrato y la selección del oferente se hizo antes de que Bello contara con la disponibilidad presupuestal.

Ahora bien, el exmandatario respondió: “Desde ese tiempo hasta la fecha, ejercí una defensa digna, con altura, demostrándole a la justicia que este contrato se había ejecutado. La interventoría lo demuestra. El informe por parte de la Contraloría municipal demuestra que no hubo ningún hallazgo fiscal”.