Fico Gutiérrez lanza fuerte crítica al presidente Petro tras fallo que ordena pago de EPS: “Están jugando con la vida de la gente”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió este lunes contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el manejo de la crisis del sistema de salud en Colombia, luego de conocerse el histórico fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que le ordena al Ejecutivo y a las EPS intervenidas pagar las millonarias deudas acumuladas con clínicas, hospitales y demás prestadores del servicio.

“La justicia nos está dando la razón. El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro, destruyó el sistema de salud y está poniendo en riesgo la vida de la gente. Eso está más que demostrado”, afirmó Gutiérrez con tono enérgico.

El pronunciamiento del mandatario paisa se da luego de que el fallo —resultado de una acción popular interpuesta por la Alcaldía de Medellín— diera un plazo máximo de 30 días al Gobierno y a las EPS bajo intervención para ponerse al día con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), tanto públicas como privadas.

“Nosotros interpusimos esta acción para preservar las instituciones y garantizar un servicio de calidad. Invitamos a los demás alcaldes y gobernadores a que hagan lo mismo, porque ya se demostró que esta vía tiene vocación de éxito”, enfatizó.

“Lo que han hecho con la salud es criminal”

Gutiérrez fue más allá y calificó la actuación del Gobierno nacional como un atentado contra el sistema de salud colombiano:

“Acabaron con el sistema de salud. Para mejorarlo no era necesario destruirlo. Lo que han hecho es criminal, como lo han hecho con otros sectores en el país. El gobierno está jugando con la vida de la gente”.

El alcalde alertó que, si no se cumple con la sentencia del tribunal, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones económicas e incluso penas de cárcel. “La justicia ya habló. El plazo es de 30 días y el país necesita que se cumpla”, dijo.

Según Gutiérrez, el Ejecutivo ha intervenido más del 60% de las EPS del país, y ahora tiene la responsabilidad de responder financieramente con los prestadores del servicio que siguen atendiendo a los pacientes, a pesar de las deudas acumuladas.

Una crisis sin precedentes

La acción popular interpuesta por la administración de Medellín buscaba evitar el colapso de la red de salud en la ciudad y fue respaldada por la decisión judicial que ahora genera presión sobre el Ministerio de Salud, la Superintendencia y las entidades estatales encargadas del aseguramiento en salud.

La deuda acumulada con hospitales y clínicas alcanza cifras multimillonarias y ha puesto en riesgo la operación de servicios básicos y especializados. La sentencia representa un precedente jurídico que otras regiones podrían seguir para reclamar el pago de sus carteras.