Contraloría Distrital de Medellín abrió proceso de responsabilidad fiscal al exgerente del Inder

Por presuntos incumplimientos en el proceso de ejecución de dos contratos para actividades deportivas, la Contraloría Distrital de Medellín abrió dos procesos de responsabilidad fiscal en contra del exdirector del Inder de la capital antioqueña, Cristian Camilo Sánchez Vásquez, y la interventora Laura Roldán Hernández, quienes estuvieron en esa entidad en la administración de Daniel Quintero.

De acuerdo con el ente de control, los procesos abiertos tienen que ver con la ejecución de los V Juegos de la Paz y la Inclusión 2023 y la Copa de Verano realizada en ese mismo año, los cuales fueron ejecutados por la corporación River Plate.

Cada uno de esos contratos fue firmado por $ 250 millones, y de acuerdo con la Contraloría, las pruebas adjuntadas por el Inder no son verificación de la ejecución adecuada del contrato, porque solo agregaron fotografías que, dice la entidad, no logran determinar si los beneficiarios son 1500 personas, como estaba estipulado inicialmente y para quienes se compró indumentaria y medallería.

“Sin embargo, tanto el informe de supervisión, como el informe técnico a cargo de la corporación, no dan cuenta del cumplimiento de las actividades y bienes que la misma pagó con cargo de los recursos públicos aportados por el Inder”, dice el informe de la Contraloría.

Las otras irregularidades

La Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín habría sido convertida en un nido de presuntas irregularidades, según las denuncias que reposan en la Fiscalía y en la Procuraduría. SEMANA conoció detalles de un escandaloso contrato por más de 54 millones de pesos para comprar 37 chaquetas y 37 bolsos.

El proyecto se formalizó el 12 de diciembre de 2023 por medio de Plaza Mayor, entidad encargada de la operación logística de dicho despacho, con el propósito de vestir a los 37 integrantes del Consejo Comunal y Corregimental de Planeación (CCCP) del corregimiento San Sebastián de Palmitas.

Para los abrigos, estas fueron las exigencias: “Con los logos institucionales del CCCP color gris ratón, estilo casual, ideal para climas fríos y templados. Confeccionada 100 % en nylon, con capota acolchonada, plegable en bolsa, relleno reciclado, bolsillos internos funcionales. Marcado con CCCP 50 San Sebastián de Palmitas”.

El proveedor cotizó estos pedidos en el mercado y concluyó que cada unidad costaba $ 553.000, pero con el IVA escaló a $ 658.070. La administración le dio el visto bueno y transfirió $ 24.348.590. La nueva alcaldía afirmó que esa inversión fue descomunal y le pidió a la autoridad competente poner la lupa sobre los números.