Sospechosas fallas en las cámaras de la Casa de Nariño: las grabaciones son una prueba clave en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Hace poco más de una semana, en los últimos días de abril, un grupo de investigadores del CTI llegó de nuevo hasta las entrañas de las salas de video de la Casa de Nariño. Lo hicieron en medio de una diligencia de inspección que tenía como finalidad recaudar las grabaciones de las cámaras de seguridad que pudieron haber capturado los denominados “cónclaves”.

Es decir, esos encuentros en los que, según Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recibió las órdenes para saquear el presupuesto de la entidad y comprar la conciencia de los congresistas.

Los resultados dejaron en evidencia algo insólito: la Casa de Nariño, la Hacienda Presidencial Hato Grande y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena tienen graves problemas en su sistema de seguridad y video.

Y aunque en la diligencia, por insistencia de la Fiscalía, se recaudó un robusto material de las cámaras, las dudas están puestas sobre la mesa por una posible pérdida de valiosa información y hasta una presunta manipulación de esta evidencia requerida para probar los oscuros acuerdos que esta semana pusieron tras las rejas a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso.

SEMANA tiene en su poder los documentos que contienen estas evidencias en poder de la Fiscalía, que se alista a tomar decisiones contra los alfiles del presidente Gustavo Petro, como el exdirector del Dapre Carlos Ramón González y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

En un primer informe quedó registrada esta diligencia de inspección: “Entre las 14:00 horas del día 29 y las 14:30 horas del 30 de abril de 2025, en las instalaciones de la Presidencia de la República, ubicada en la avenida calle 8 n.° 7-26, Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Presidencia de la República, se adelantó la diligencia de inspección ordenada, actividad que fue atendida por el ingeniero (…), a quien al indicarle el motivo de la visita, procede a realizar la revisión en presencia de los suscritos funcionarios de policía judicial, del sistema CCTV Securos Enterprise”.

La instrucción era clara y buscaba establecer si se dio la orden que compromete a los principales protagonistas de este gran escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Consultar si existen cámaras de seguridad en el salón de antesala al Consejo de Ministros, la oficina del director del Dapre o dependencias cercanas dentro del Palacio de Nariño. En caso afirmativo, obtener copias de los videos correspondientes al periodo 18 de septiembre al 11 de diciembre de 2023, que registren reuniones de Carlos Ramón González Merchán, Olmedo de Jesús López Martínez, Sandra Liliana Ortiz Nova y otros servidores públicos”, se lee en la orden judicial.

Los resultados plantean una ardua labor para los investigadores, pues advierte millones de registros que tendrán que ser revisados y establecer el vínculo con los acusados. “Se informa a la señora fiscal 9 DCSJ que la huella digital tomada a los archivos obtenidos en la diligencia y en razón en la cantidad se muestra un fragmento de la tabla total, la cual consta de tres columnas de 1.824.485 registros, archivos que se descargaron y se almacenaron en un CD”, se lee en el documento.

Lo que hay en esos registros es muy valioso. En una primera diligencia del CTI en busca de esta información, tal como lo reveló SEMANA, encontraron detalles de la reunión a la que se había referido Olmedo López en su confesión, sobre el cónclave del 21 de septiembre de 2023, cuando afirma que recibió la orden.

“Como parte del proceso de obtención de información, se procede a verificar el contenido de la cámara identificada como Hall Monja: cuatro (4) cámaras denominadas 132, 133, 134 y 135; donde se observa el día 21/09/2023, a las 16:32:04, a un hombre que por sus características corresponde a la descripción de Olmedo de Jesús López Martínez, en un pasillo, en medio de dos sillas, en compañía de otra persona, de la cual se desconoce su identidad”, detalla el informe.

La conclusión es contundente y justifica la insistencia de la Fiscalía y la preocupación por una eventual manipulación o pérdida de las grabaciones realizadas en la Casa de Nariño: “De igual forma, sobre las 16:33:54, llega al sitio, hablando por teléfono celular, una mujer cuyas características físicas se asemejan a Sandra Liliana Ortiz Nova”.

Este aspecto es clave si se tienen en cuenta las relevaciones hechas por Ortiz a SEMANA en las que, con pruebas en mano, reveló que los 3.000 millones de pesos que le entregó al expresidente del Senado Iván Name también tenían como finalidad concretar la elección del Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional.

Las fallas

En los informes en poder de SEMANA hay un intercambio de cartas entre funcionarios de la Casa de Nariño, concretamente entre el coronel Carlos Feria, el exjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, investigado por las chuzadas y seguimientos a la niñera Marelbys Meza; y René Guarín, exsubdirector de la Uiaf y exmiembro del M-19, en las que se refieren a un asunto que resulta inverosímil: los sistemas de video de la Presidencia presentan graves fallas.

En referencia a la Casa de Nariño, señala un documento de marzo de 2024, dirigido al coronel Feria: “Los eventos registrados por las cámaras de seguridad internas y externas instaladas en los diferentes puntos de la Casa de Nariño y Vicepresidencia no se están almacenando y/o guardando en los respectivos servidores, lo que impide consultar y verificar los hechos que se presentan en las instalaciones presidenciales; es de anotar que ya se han registrado diferentes novedades y no ha sido posible establecer visualmente por medio de las grabaciones de las cámaras de seguridad lo acontecido en los diferentes incidentes, ya que las mismas no guardan la información de forma permanente e ininterrumpida”.

Este diagnóstico es compartido por técnicos del grupo de redes de la Presidencia, quienes consignaron que “no se guardó la información requerida”. Y agrega: “Impidiendo hacer seguimiento a diferentes eventos y/o personas (…), generando un riesgo a la afectación de la seguridad de las instalaciones”.

También hay fallas de menor magnitud en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, donde se “cuenta con 22 cámaras, a las cuales no se les ha realizado mantenimiento preventivo, ya que algunas de ellas no enfocan bien el entorno o se ve borroso”.

Sobre la Hacienda Hato Grande, el informe refiere que “la cámara ubicada en el puesto #3 (dirección lomitas) y la cual enfoca el caserío, se encuentra fuera de servicio, ya que no proyecta imagen, impidiendo hacer seguimiento a diferentes vehículos y personas que transitan por el lugar”.

Este delicado asunto complica la labor de los investigadores, pues entre las falladas planteadas en los documentos se refiere a intermitencias en la señal de las cámaras en lapsos de entre 10 y 15 minutos, fallas de resolución y nitidez, 54 cámaras que tardan en cargar los videos, entre otras irregularidades injustificables para el sistema de seguridad de la Presidencia.

Ahora, con la duda de si estos equipos fueron manipulados o afectados para que no se pudieran recaudar las pruebas de las reuniones que se habrían dado en la Casa de Nariño para acordar el saqueo a la UNGRD y la compra de los congresistas, los investigadores tendrán que tratar de armar el rompecabezas con 1.824.485 registros en busca de las pruebas. Algo como buscar una aguja en un pajar.