Relevan a la fiscal del caso de perfilamientos del Ejército

La Fiscalía Séptima delegada ante la Corte acaba de cambiar de timonel. La encargada hasta esta semana del caso fue la fiscal Alexandra Ladino, quien completó diez meses a la cabeza de una investigación sensible cuyos resultados la dejaron mal parada.

Ese despacho quedó a cargo de investigar cómo integrantes del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército desviaron sus funciones para perfilar a periodistas, abogados, líderes sociales, miembros de la sociedad civil, en lugar de enfocarse en peligrosos delincuentes, como es su obligación.

Las denuncias fueron publicadas por SEMANA sin que hasta ahora se hayan producido resultados importantes producto de la investigación penal. El pobre balance fue documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), entidad que cuestionó irregularidades en la orientación de la investigación penal, además del riesgo de impunidad.

Según la Flip, la Fiscalía habría limitado el acceso a la información a las víctimas de estos perfilamientos. Señalan que la fiscal Ladino respondió el 11 de agosto un derecho de petición en donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, “no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20”.

Esta respuesta resulta cuestionable, pues refleja no solo los pocos esfuerzos para recolectar la totalidad de la información sino una valoración parcial del peritaje que ordenó la Corte Suprema y que realizó la Procuraduría General. El reporte técnico reveló la existencia de decenas de carpetas, que en su interior estaban subdivididas en capítulos con información de más de 60 víctimas. De hecho, solo los perfilamientos a los investigadores del equipo Rutas del Conflicto suman 20 víctimas.

En este contexto, la conclusión del ente investigador encendió las alertas pues a diferencia de la Fiscalía, el Ministerio Público a través de testimonios ha conseguido llegar a información de perfilamientos a más de un centenar de víctimas.

Y no solo eso. En cuatro meses, el Ministerio Público pudo llamar a juicio disciplinario a 13 miembros del Ejército por los perfilamientos. Con base a las declaraciones recibidas por la Procuraduría y las evidencias técnicas halladas en celulares y dispositivos electrónicos, el Ministerio Público ha podido establecer que existía la orden de oficiales de adelantar los perfilamientos y que eran a su vez oficiales del más alto rango los destinatarios de dicha información.

“En mayo de 2019 recibí una llamada del señor teniente Trujillo para que me comunicara con el señor teniente coronel Rozo, ahí me dio la orden de buscar en fuentes abiertas la información sobre Nicholas Casey. Me dijo haga lo que usted hace siempre. Esa es una orden del señor general García Luna”, contó uno de los militares ante el Ministerio Público. Este mismo uniformado aseguró que estuvo en varias reuniones con sus superiores para hablar sobre estos temas. “Llegó el general García. Otro general de allá nos prestó una oficina mientras llegaba el alto mando militar, yo supongo que era el general Nicacio Martínez”, confesó.

Pero esta información, para la Fiscalía parece irrelevante. El ente acusador reportó que realizó una inspección al expediente de la Procuraduría, sin que hasta ahora haya anunciado ninguna vinculación formal de presuntos responsables al proceso. Desde el búnker, también se anunció que se citaba a entrevista a cinco uniformados sin que hasta ahora se conozcan desarrollos de las mismas.

Ahora bien, al publicarse las denuncias documentadas por SEMANA, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. Cuatro meses después dicha diligencia no se ha realizado. En este contexto, y por orden del fiscal general, Francisco Barbosa, Ladino perdió el encargo y en su lugar llegará el fiscal Iván Augusto Celis.

El reemplazo de Ladino

El relevo de fiscal podría darle un nuevo impulso al caso. Llega al despacho, también en calidad de encargado, el abogado Santandereano Iván Augusto Gómez Celis. El funcionario se venía desempeñando como Coordinador de la Dirección de Justicia Transicional en Bucaramanga. Ha llevado a sentencia a decenas de miembros del frente Héctor Julio Peinado de las AUC, comandado por Juancho Prada.

Entre los casos destapados por este fiscal está el desplazamiento masivo que sufrieron decenas de familias de la Hacienda Bellacruz, en el Cesar, que puso en líos al exembajador y exministro Carlos Arturo y su hermano Francisco Alberto Marulanda.

Celis es un fiscal de amplia trayectoria, especializado en investigación criminal y derechos humanos. Con lo que se espera que el caso de los perfilamientos, en manos de Celis, tome un nuevo impulso.