¿Por qué no avanzan las investigaciones contra los altos funcionarios del Gobierno Petro involucrados en el escándalo de la UNGRD? ¿Impunidad a la vista?

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia tomó duras decisiones frente al escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El expresidente del Senado Iván Name y el de la Cámara Andrés Calle fueron enviados a la cárcel La Picota, en el marco de una medida cautelar de detención preventiva por considerarlos “un peligro para la comunidad” y porque en libertad podrían continuar con la “mercantilización de la función legislativa”. Sin embargo, los altos funcionarios del Gobierno seriamente implicados siguen en libertad y ni siquiera han sido imputados.

Con esta decisión caen dos de los primeros salpicados, dándole un golpe demoledor al Congreso y a su credibilidad. En el caso de Iván Name, habría recibido 3.000 millones de pesos, y en el de Calle, 1.000 millones de pesos.

La pregunta ahora es por qué no se toman medidas contra los ex altos funcionarios del Gobierno como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y compañero de armas en el M-19 del presidente Gustavo Petro; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, quien acompaña al presidente desde la alcaldía de Bogotá, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.

Los reflectores apuntan a la Fiscalía, que, aunque tiene el mismo arsenal probatorio que entregaron los testigos estrella de este caso –el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla– a la Corte, no toma decisiones, a tal punto que Carlos Ramón González, uno de los principales protagonistas de este escándalo, quien habría dado las órdenes en los “cónclaves”, salió del país hace más de cinco meses y nunca regresó.

Carlos Ramón González

Desde el primer momento, en entrevista con SEMANA y ratificado en sus declaraciones y pruebas presentadas ante la Justicia, Olmedo López denominó como “cónclaves” las reuniones en las que recibía las órdenes corruptas, y con fecha específica advirtió que el 21 de septiembre de 2023, en la Casa de Nariño, en la sala de espera del Dapre, González le dio la instrucción y empezó el plan de compra de los congresistas.

De inmediato, según contó a la Fiscalía, habló con Sandra Ortiz sobre la entrega de los 3.000 millones de pesos para Iván Name. “Antes de iniciar el consejo de ministros, Sandra me aborda y me pregunta si hablé con Carlos Ramón. Respondo que recibí la orden. Me indica que con ella únicamente lo relacionado con Name”, afirmó Olmedo López.

Su versión fue acompañada por chats con su secretaria Carolina Martínez con los tiquetes que tomó para llegar al encuentro, la ubicación en la Casa de Nariño determinada por las fotoceldas de la telefonía celular, los chats son Sneyder Pinilla dándole la orden de conseguir y entregar los 3.000 millones de pesos para Name y los 1.000 millones para Calle. La plata salió del famoso contrato para la compra de 40 carrotanques para La Guajira, direccionado y con sobrecostos.

Incluso, el 11 de octubre, Olmedo López recibe 11 llamadas de Sandra Ortiz y tres más de Carlos Ramón, con un único tema pendiente: la plata para Name, que fue entregada por Sneyder Pinilla el 12 y el 13 de octubre. Ahora, tal como reveló SEMANA, con la declaración y las pruebas de Sandra Ortiz, se conoce que ese dinero también habría sido para garantizar el agendamiento y la elección Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional. Igualmente, se le habría pedido a Name que apoyara en el trámite de la reforma pensional. Estas pruebas han sido ratificadas por Sneyder Pinilla, encargado de entregarle el dinero a Ortiz para que llegara a las manos de Name. En el caso de Calle, tuvo que viajar hasta Montería, Córdoba, para entregarlo personalmente, aunque el expresidente de la Cámara lo sigue negando.

Olmedo López, quien formó parte del M-19, lo ha dicho sin ambages: “Carlos Ramón González era nuestro jefe en el M-19 y aún lo es”.

Ricardo Bonilla

El caso del exministro de Hacienda cuenta con tozudas pruebas y aun así no ha generado decisiones de la Fiscalía. En este caso, se trata de la compra de la conciencia de los congresistas que formaban parte de la Comisión de Crédito Público para que aprobaran los créditos de la nación con la banca internacional a cambio de contratos. Por este hecho ya hay seis senadores y representantes respondiendo en la Corte Suprema, pero nada pasa con el exministro Bonilla.

El caso del Ministerio de Hacienda también tiene pruebas. La principal, el papel, de puño y letra, de la representante a la Cámara Karen Manrique, en el que le habría escrito a Olmedo López cómo se repartieron los contratos con sus colegas. Además, está el Certificado de Disponibilidad Presupuestal #5723, con el que se entregan 700.000 millones de pesos a la UNGRD para presuntamente iniciar la compra de congresistas.

Esa orden salió el 22 de septiembre, un día después de que Olmedo López recibió la orden en el “cónclave”. Pero este hecho corrupto se habría consolidado más adelante, en diciembre, cerca a la llegada de la vacancia en el Congreso y por eso la urgencia. Los miembros de la Comisión de Crédito tenían que dejar el aval antes de salir de vacaciones.

El 27 de septiembre, en la Casa de Nariño, en una reunión convocada por Carlos Ramón, a la que también asistió Bonilla, se explicó por parte del también exministro Velasco la forma cómo estaba negociando con los congresistas y cómo sacar el dinero de la UNGRD.

El 14 de diciembre de 2023, Bonilla llama y le escribe a Olmedo López (así consta en los registros de celular que entregó a la justicia). Para el 15 de diciembre, el exdirector de la UNGRD se habría reunido con Ricardo Bonilla y su exasistente María Alejandra Benavides.

En esa reunión, también corroborada con chats, ubicación y hasta la declaración de Benavides, quien se ha convertido en uno de los principales testigos en el proceso contra Bonilla, se habrían dado dos órdenes. La primera, sacar a la representante Karen Martínez como emisaria de los congresistas de la Comisión de Crédito Público y al también investigado Wadith Manzur.

La segunda, poner a Benavides al frente de los contratos y que ella se entienda de forma directa con Sneyder Pinilla para cumplirles a los congresistas. De esto también hay pruebas entregadas por López, Pinilla y Benavides. Los chats son contundentes, los involucrados establecen un enlace con asesores y alcaldes de los municipios de Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca) para ejecutar los contratos.

Todas estas versiones han sido corroboradas por Benavides, quien entre sollozos afirmó: “Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, se escucha en un audio revelado por SEMANA.

Benavides entregó incluso la matriz de contratos que se manejaba en Hacienda, y en la que está especificado el nombre del congresista, la obra adjudicada y el monto. Bonilla, a través de su defensa, negó su participación y en un comunicado afirmó: “Siempre existió una actuación legal y transparente por parte del exministro. Nunca impartió instrucciones para direccionar contratos ni para beneficiar a personas o congresistas”.

Luis Fernando Velasco

Según Olmedo, Luis Fernando Velasco, como encargado de la política y del manejo de Congreso, estaba al tanto de todo lo que pasaba; incluso, advierte que en la reunión del 27 de septiembre de 2023 contó cómo estaba negociando con el Congreso para conseguir las mayorías, entregando contratos a cambio de los votos.

En el caso de Velasco, su interés era cooptar la Comisión Primera del Senado, y según las pruebas y testimonios, su emisario sería el senador Julio Elías Chagüi. Justamente, Fernando Henao, entonces asistente del exministro de Interior, tomó contacto vía chat con Olmedo López, el 27 de noviembre, y le pasó el teléfono de Chagüi para que sacaran la transacción.

El 4 de diciembre, en otro “cónclave”, según la versión de Olmedo, recibió la orden de Velasco para que se comunicara con el senador Chagüi. El 6 de diciembre se reunieron López y Chagüi en el café Vienés, en el Centro Internacional de Bogotá, donde cerraron el oscuro negocio con el presupuesto de la UNGRD. Al final del encuentro se unió Sneyder Pinilla, a quien le dieron las instrucciones y así lo ha corroborado en su confesión.

A Chagüi lo habrían transado con un contrato de Invías por más de 28.000 millones de pesos para obras en Sahagún, Córdoba. Todo esto fue ratificado por Benavides, la exasistente del ministro Bonilla, quien aportó los chats con Chagüi en los que queda clarísimo que hablaban continuamente sobre este contrato.

Más de un año ha pasado desde que estalló el escándalo de corrupción. En el proceso están vinculados tres exministros, 11 congresistas, cinco funcionarios de Gobierno y por lo menos una decena de exfuncionarios de la UNGRD, pero el círculo de la Casa de Nariño parece intocable. Con el envío de Iván Name y Andrés Calle a la cárcel, la pregunta es clara: ¿qué pasa con los procesos de González, Bonilla y Velasco?