¿Negocio redondo de Coca Cola? Solo han pagado 34 millones de pesos en 10 años por sacar el agua que venden embotellada. La licencia venció. ¿Será renovada?

Bogotá tiene sed. Desde hace meses la recomendación que se repite día tras día es que hay una urgente necesidad de ahorrar agua, pero, irónicamente, desde La Calera son tomados millones de litros de nacederos ubicados en la vereda Santa Elena, y son aprovechados por Coca-Cola a precios absolutamente irrisorios.

Lo más grave es que en la concesión, entregada por la Corporación Autónoma Regional (CAR), se ha documentado que los predios San José y Los Cerritos, en donde se ubican las captaciones de agua, se localizan dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Sin embargo, esta explotación es aparentemente legal.

El asunto no es de poca monta y, aunque en el papel está justificada no solo la concesión entregada en 1983, hace más de 40 años, sino las renovaciones, nadie se explica el monto insignificante que tiene que pagar en este caso la Industria Nacional de Gaseosas, subsidiaria de Coca-Cola Femsa desde 2003, por la explotación industrial con la que llenan las botellas de agua Manantial que venden en todo el país y que resultan costosísimas si se comparan con lo que pagan por el líquido que embotellan.

La factura de 2023 llegó por solo 11.213.000 pesos, por un consumo de 64.943.790 litros, según información entregada directamente por la CAR a SEMANA. Para hacerse una idea, una piscina olímpica se llena con 2.500.000 litros, así que con el consumo industrial de Coca-Cola en las captaciones de agua de San José y Los Cerritos se llenan 26 piscinas olímpicas. El cálculo en la presentación de 600 mililitros son 108 millones de botellas de agua Manantial. Cada una vale más de 3.000 pesos en el mercado.

Según la Alcaldía de Bogotá, una familia promedio consume 6.910 litros de agua al mes y 82.920 en el año. En la práctica, Coca-Cola saca lo que gastan 785 familias en aseo personal, cocina, sanitarios y lavado de ropa.

SEMANA consultó a la CAR por el pago del consumo de agua para uso industrial por parte de la empresa en los últimos años y, por ejemplo, en 2022 fue de 8.614.548 pesos por más de 69 millones de litros. Un año más atrás, en 2021, la factura fue de 1.902.084 pesos, esta vez por más de 45 millones de litros.

Para redondear las cifras, de acuerdo con información entregada por la CAR, por todo el consumo que usaron para llenar cientos de millones de botellas de agua en los últimos diez años solo tuvieron que pagar un total de 33.392.096 pesos.

La cifra resulta baja. En el mercado un litro de agua tiene un costo promedio de 5.000 pesos en supermercados y grandes superficies. Este mismo litro le salió a Coca-Cola, según los documentos y facturas aportados por la CAR, en solo 0,17 pesos para la vigencia de 2023. Es decir, con los 5.000 pesos de ese litro en el mercado, desde la fuente saldrían 29.000 litros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un cálculo básico que no tiene en cuenta los costos agregados a una producción, como instalación de plantas, funcionamiento, nómina, publicidad, procesamiento, envasado, distribución, entre otros, que aumentan el valor. SEMANA estuvo investigando y haciendo seguimiento a esta concesión, que le corresponde a la CAR, y aunque todo está ajustado a ley, en este caso la norma favorece la gigantesca explotación.

Según el Informe Técnico n.º 492, del 28 de abril de 2014, hace ya diez años, “los puntos de captación se encuentran incluidos dentro de la Zona de Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y el uso de suelo se clasifica en área de especial de importancia hídrica de páramos subpáramos PS”, donde es prohibida la explotación.

El mismo documento de la CAR deja claro en un aparte que los usos prohibidos en esta zona de reserva forestal son “agropecuario intensivos, industriales, minería, urbanización”. Sin embargo, hay extrañas excepciones en la norma y, en este caso, la favorecida es Coca-Cola, pues se permite que saque agua a sus anchas.

El asunto es así: una cosa es el punto donde se da la captación en la zona de reserva; otra, muy diferente, según la respuesta de la CAR, “los predios denominados El Manantial y La Floresta, en donde se localiza la Planta Manantial, dedicada al embotellamiento de agua, que se encuentra por fuera de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá”.

El asunto abre el debate. Coca-Cola, a su favor, podría afirmar que tiene derechos adquiridos desde el 22 de agosto de 1983, cuando, mediante la Resolución n.º 2891, la CAR resolvió “otorgar concesión de aguas provenientes de un manantial que aflora en los predios denominados El Manantial y La Flora, dentro de las fincas conocidas con los nombres de El Nogal y Buenavista, en favor de la Sociedad El Manantial Ltda.”.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que no existen derechos adquiridos frente al uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las sentencias C-192 de 2016, C-035 de 2016 y C-443 de 2009.

En diciembre de 2014, con la Resolución n.º 3485, la CAR mantuvo el permiso de explotación, esta vez, a la Industria Nacional de Gaseosas S. A. La concesión ya venció, Coca-Cola está en el trámite de renovación y será la CAR la que dicte la última palabra. Si renueva, es un negocio redondo y serán otros diez años más de sacar agua por millones de litros a precios injustificables.

Sin embargo, el Informe Técnico 1732 de 2023 recomienda a la CAR “verificar los usos permitidos en la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, puesto que se observa que todos los manantiales donde el usuario tiene los puntos de captación se encuentran en la zona de protección”.

Otra lectura se hace con el Informe Técnico 492 del 28 de abril de 2024, que hizo referencia a los “usos de suelo definidos en el Acuerdo Municipal n.º 011 de agosto 27 de 2010, por el cual se ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Calera”.

Este informe técnico señala que en áreas de especial importancia ecosistémica –páramos y subpáramos– son prohibidos los usos “agropecuarios intensivos, industriales, minería, urbanización, institucionales”, y agrega que “se realizará la protección a cualquier sistema de páramo existente en el territorio municipal sin importar el nivel de altura en que se encuentre”.

Pero llama la atención la conveniente excepción que plantea el mismo documento: “En las áreas de protección establecidas en el presente acuerdo se permitirá la actividad de embotellamiento de aguas dadas las características y riqueza de dichas áreas, este tipo de actividad solamente será permitida previa obtención de los permisos respectivos expedidos por la autoridad ambiental competente”. En síntesis, como el agua del páramo parece una fuente inagotable, aunque no lo es, hay vía libre para la explotación.

Como ya se contó, la última concesión de aguas para Coca-Cola acaba de vencerse y los trámites para la renovación están en camino. La última palabra frente a esta explotación industrial de agua a precios irrisorios está en manos de la CAR. Su director, Alfred Ballesteros, le dijo a SEMANA que “los terceros (ciudadanos) solicitaron audiencia pública y estamos estructurando para ejecutar la audiencia en febrero a fin de tomar la decisión”.

Sin embargo, no respondió sobre el uso del agua y la protección de los recursos. Irónicamente, el director tiene la agenda copada revisando la viabilidad de buscar y tomar agua subterránea para calmar la sed de Bogotá, y atendiendo los incendios que generaron un desastre en Chingaza.

Sobre este tema, SEMANA consultó a Coca-Cola, sostuvo una reunión de más de una hora con personas del área jurídica y de comunicaciones de la empresa. Sin embargo, manifestaron que no querían dar ninguna declaración a medios. Lo que sí plantearon con claridad es que cumplen con la norma, cancelan el valor que les corresponde e incluso estarían dispuestos a pagar más, pero eso no lo deciden desde la empresa. Y tienen la razón. Los 17 centavos que cancelaron por cada litro de agua en 2023 están establecidos por normatividad del Ministerio de Ambiente.