La insólita historia de los perros “capturados” en Bogotá. Integraban organizaciones criminales y tienen que someterse a un proceso judicial

Parece un chiste, pero es la dolorosa historia de cientos de perros, en su mayoría considerados potencialmente peligrosos, que son capturados por la Fiscalía o la Policía. Integran organizaciones criminales, por lo menos en Bogotá, y son presentados ante un inspector de Policía que hace las veces de juez. Los animales ingresan a un proceso judicial que define su futuro: adopción o sacrificio.

Un reciente operativo de la Policía en el sector de San Bernardo, en el pasado un barrio cachaco de vecinos elegantes con paraguas de gancho, hoy la olla de estupefacientes más grande de Colombia, permitió descubrir que a este punto del centro de la capital del país, cerca a la Casa de Nariño y a la Alcaldía Mayor, están llegando las mascotas perdidas, hurtadas o abandonadas, reclutadas como un miembro más de las organizaciones criminales. Las ponen a trabajar cuidando los expendios de droga, prestando seguridad y hasta para peleas con apuestas.

Las mascotas que también se pueden comercializar en esta olla son perros pequeños de razas finas o delicadas, vendidos o usados en procesos ilegales de reproducción. Los considerados de razas peligrosas son entrenados, maltratados y puestos al servicio del crimen, atados a habitantes de calle o sometidos a jornadas eternas de vigilancia.

Esos perros, como los pitbulls, cumplen un rol definido en el crimen. Los cabecillas de las organizaciones aprovechan el temor que provocan entre la población para amenazar y marcar territorio. Los canes son maltratados y sometidos a pasar días sin comer para asegurar un estado de excitación, siempre dispuestos a atacar. La Policía sabe que, en buena parte de las llamadas ollas de estupefacientes, los perros hacen de campaneros e informantes ante la presencia de las autoridades o cualquier persona extraña en el sector. Así, para los agentes infiltrados, resulta casi imposible acercarse sin que los perros del crimen detecten su presencia.

Estos animales también son entrenados para atacar a la policía; con solo ver a los uniformados no dudan en lanzarse. En ocasiones retrasan cualquier operativo antidrogas. El factor sorpresa de las autoridades se estropea cuando el mejor amigo del hombre también es amigo del delincuente.

En el país se conocen casos de policías agredidos por esta clase de perros. Los canes protegen la olla y a sus dueños. La autoridad es una intrusa que, a los ojos y olfato del perro, debe ser extinguida. Las armas o alarmas no son necesarias cuando estos animales se suman a la nómina del tráfico de drogas.

“Los entrenan para hacerlos más violentos, los maltratan y en el interior de esas casas los tienen en reproducción para luego venderlos. Quienes los entrenan para hacerlos agresivos se disfrazan de policías, así los animales no toleran ni siquiera ver a un uniformado, porque de manera casi inmediata atacan”, explicó uno de los uniformados que participó del operativo en el barrio San Bernardo.

Muchos de los llamados perros del crimen, según la Policía, terminan en las ollas porque son abandonados por sus dueños. La raza pitbull es la que más sufre, pues dichos perros son parias en un mercado que los comercializa de cachorros y desecha de adultos. Comparten su tragedia con los habitantes de calle; eso los hace inseparables pero peligrosos.

Los perros se acostumbraron al olor de la basura y de las drogas. Para ellos no hay bozal, no hay normas o reglas. Defecan donde quieren, atacan al que sea. En San Bernardo se pasean con cuidado, ellos saben de fronteras invisibles. Cada olla tiene su can y toparse con otro es una amenaza que termina en desastre.

Los traficantes de droga encontraron en los perros más que la mera función de cuidar ollas o alejar a la policía. Investigadores de la Sijín en Bogotá le contaron a SEMANA que los cabecillas de organizaciones criminales los utilizan para intimidar a otros delincuentes, incluso para saldar cuentas.

“Cuando un habitante de calle, por ejemplo, no paga lo que consume en estupefacientes, algunos cabecillas simplemente dicen: ‘Que lo echen a los perros’. Una orden explícita para que los animales lo ataquen, y los perros saben que están para eso, hasta lo disfrutan”, dijo un investigador que desarticuló varias organizaciones criminales en San Bernardo.

Los perros participan de un ritual violento. Un círculo de dientes asesinos en el que los rivales, delatores o deudores terminan en el centro, bajo la amenaza de un ataque. Los animales se enloquecen con la escena y, como en una película de gánster, se desesperan por alcanzar a la víctima. Esa ferocidad asusta al más drogado de los sentenciados.

La judicialización

En los operativos de intervención en las ollas o expendios de estupefacientes en diferentes localidades de Bogotá, participa, además de la Policía o la Fiscalía, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), justamente, ante la presencia de mascotas o cualquier tipo de animal que sea víctima de maltrato o instrumentalizado en el crimen.

Esos animales, al ser recuperados, son trasladados a la Unidad de Cuidado Animal, ubicada, irónicamente, en el espacio que hace varios años era el Centro de Zoonosis de Bogotá. La mayoría son perros, y todos ingresan a un proceso de judicialización, un escenario legal que define cuál será su suerte jurídica.

Pero antes los atienden. Les hacen valoración médica, los recuperan para que después de un proceso legal puedan pasar a unas salas de espera, con la ilusión de ser adoptados. Sin embargo, los perros del crimen, en general, no tienen tanta suerte en los procesos de adopción. Su comportamiento violento, casi irreparable, prácticamente los sentencia a muerte.

Todos los canes que llegan al cuidado del Distrito, los rescatados por la Policía o incautados por la Fiscalía, tienen una carpeta, un expediente judicial que se debate ante una especie de juez, un inspector de Policía que tiene que escuchar los argumentos del Idpyba, el reporte de los uniformados o el fiscal para concluir que el animal puede ser dado en adopción.

El problema es que, como en el sistema judicial de los humanos, en los animales también está colapsado. Son más de 20 casos diarios de animales rescatados o abandonados, casi 7.300 al año, y apenas hay un inspector de Policía, que en este momento está por pensionarse. El Idpyba solo puede dar en adopción a los que cumplieron ese proceso judicial, pero el retraso y la congestión judicial animal son ingentes.

Muchos animales deben esperar por meses que se resuelva su situación jurídica. Por fortuna, en la Unidad de Cuidado Animal las condiciones son dignas y la dedicación de los funcionarios es agradecida con lametazos y abrazos. Pero su medida de aseguramiento no puede ser eterna. Adoptar se convirtió en un trámite burocrático, aunque necesario.