Fue una operación “desproporcionada”. SEMANA revela la acusación contra 24 militares por el polémico operativo en Alto Remanso que dejó 11 muertos

La acción de disparos duró dos horas y treinta minutos aproximadamente, en ese lapso de tiempo, los comandos de fuerzas especiales que integraban la Unidad Táctica, Ejército Nacional, al mando del capitán Marroquín, tuvieron un gasto de munición de 1.597 cartuchos calibre 5.56 x 45, 32 cartuchos 7.62 x 39, 09 granadas y 05 granadas de mano, en la materialización de la maniobra ofensiva de envolvimiento sobre el caserío Alto Remanso”.

Esta es la contundente descripción de la operación realizada en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), que tiene a 24 militares sentados en el banquillo de acusados. SEMANA revela en exclusiva el escrito de acusación de 254 páginas, en el que la Fiscalía, después de meses de investigación, logró reconstruir el bazar cocalero que se extendió por días, y que en medio de una dura operación militar terminó con la muerte de 11 personas, entre las cuales, según la acusación, había civiles.

La Fiscalía no se va con medias tintas y habla de una acción “desproporcionada”, mientras que desde la defensa de los 24 militares sostienen que se trató de una operación legítima, que tenía como objetivo dar con un narco, cabecilla de los Comandos de Frontera, llamado Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, quien sí estaba en el bazar, pero logró escapar. Sostienen que la operación fue coordinada por el alto mando y realizada por comandos especiales, quienes tenían claro que en el “bazar”estaban los narcos de esta organización criminal.

Para la Fiscalía, ocho de los 11 muertos eran civiles, solo tres formaban parte de los Comandos de Frontera, y por eso los acusó ante un juez por el delito de “homicidio en persona protegida”.

Así se relata en la contundente acusación que ya está en manos de los jueces: “El 14 de marzo de 2022, la Junta de Acción Comunal del caserío “Alto Remanso”, (…) publicitó a través de volantes la invitación a un bazar que se llevaría a cabo los días sábado 26, domingo 27 y lunes 28 en el que se promocionaban eventos deportivos, desafío de gallos, bailes populares, por supuesto, venta de comidas y bebidas alcohólicas; con el propósito de recoger fondos para satisfacer necesidades básicas de la comunidad, entre ellas, la construcción de una placa huella, arreglo de caminos, construcción de una batería sanitaria para la escuela y remodelación del polideportivo”.

El día de los hechos, relata el documento, “sobre las 10 horas, se dio inicio al bazar, evento al que concurrieron 450 personas aproximadamente. El lunes 28 de marzo de 2022, sobre las 07:13 horas, cuando el soldado profesional Arboleda, tirador de alta precisión, integrante del equipo TAP, ubicado en el costado suroccidental del caserío, previa autorización del teniente coronel Cadena, comandante del Bacn3, realizó el primer disparo sobre un presunto combatiente del GAOr E-48, que se encontraba entre la población civil sobre el costado suroriental, reitérese que, no era alias “Bruno”, objetivo militar a neutralizar, pues, este sujeto ya había abandonado el caserío”.

Ahí empezó la balacera, considerada como desproporcionada, en la que murieron civiles y que generó el escándalo. Incluso se advierte que el ataque se hizo mientras las personas que participaban en el bazar estaban completamente ebrias.

“La desproporcionalidad de la acción de disparos realizada por los comandos de fuerzas especiales, Ejército Nacional, valga acotar, repelida por un número reducido de presuntos combatientes de “Comandos de Frontera”, que se encontraban entre la población civil, en estado de beodez (borrachos), rematando el último día del bazar”, se lee en la acusación.

El escrito es tan detallado que pone como ejemplo la borrachera en la que se encontraba uno de los fallecidos en el operativo, “obsérvese que, Pablo Panduro Coquinche, (q.e.p.d.), gobernador del resguardo indígena “Kichwa” de “Bajo Remanso”, quien se encontraba en avanzado estado de beodez (tercer grado de alcoholemia), en la caseta comunal, al abandonar desorientado dicho lugar, recibió en su humanidad once impactos de proyectil de arma de fuego”.

La Fiscalía, exponiendo que entre los muertos había civiles, hace un inventario de cada una de las supuestas víctimas o población civil, como son reseñadas en el documento.

“Entre las ocho personas civiles muertas, un líder comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal; un líder indígena, gobernador del resguardo indígena “Kichwa” de Bajo Remanso; un menor de edad; una mujer, la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal; igualmente, cuatro personas civiles, no combatientes, entre ellas, tres mujeres adultas y una menor de edad que se encontraba en estado de embarazo y quien resultó herida en su propia casa”, señala la dura acusación contra los militares que participaron en la operación Mahlon 5.

Lo cierto es que los uniformados actuaron, según la defensa, acatando órdenes y siguiendo una operación que supuestamente estaba diseñada meticulosamente con información de inteligencia, que reportaba la llegada de hombres con armas largas, lo que dio vía libre al ataque contra los supuestos miembros de los Comandos de Frontera.

Incluso, un informe reservado revelado por SEMANA así lo advierte: “Se reporta la presencia de hombres armados (con armas largas) en el árbol que queda ubicado entre el río Putumayo y el burdel, no se autorizan acciones por presencia de civiles en la zona”.

Además, señala, como justificación de la operación, “dando inicio a combates contra la estructura de alias Bruno, se escuchan disparos desde varias partes del caserío, reportan al soldado Beleño herido con impacto de bala”.

Los militares se han declarado inocentes, mientras que la acusación de la Fiscalía deja claro que hubo yerros graves en la información de inteligencia: “En este sentido debe ser verificada por fuentes fiables, pues, sobre este tópico no se pueden cometer errores, resultando forzoso advertir que, ante la duda, se le debe dar el tratamiento de persona civil, es decir, no combatiente, que en estos eventos le confiere el Derecho Internacional Humanitario. La calidad de miembro de esos grupos no puede depender de una adscripción abstracta, de vínculos familiares o de cualquier otro criterio que pueda generar errores, arbitrariedades o abuso”.

Con todos estos argumentos, la Fiscalía lanza la sentencia que ahora debe ser analizada por los jueces y que tiene a los militares involucrados contra las cuerdas: “Nos encontramos frente a un hecho jurídico penalmente relevante que, previo juicio de valor, se subsume inequívocamente en el tipo penal de homicidio en persona protegida, en concurso real homogéneo, en la modalidad de tentativa, adviértase, éste último delito, concurso real homogéneo”.

SEMANA, ante la contundencia de la acusación, se comunicó con el abogado José Luis Villafane, quien lleva la representación de varios de los militares, y planteó: “No se ha contemplado la posibilidad de aceptar los cargos, ya que los uniformados desarrollaron una misión en cumplimiento estricto de la ley”.

En el juicio, los familiares de las personas que murieron en el operativo se han presentado como víctimas, lo que Villafane calificó como “no ajustado a derecho ni al sentido común; por tanto, la defensa aspira a que la autoridad judicial la rechace”, eso, al explicar que “las pruebas de balística realizadas a los cuerpos advierten de residuos de disparo en las manos, lo que indica que accionaron armas de fuego”.

Y lanza una advertencia sobre este proceso: “Los militares han recibido respaldo institucional. Sin embargo, algunos han optado por abogados externos que les den más garantías en un caso más político que jurídico; donde la definición de competencia en la Corte Constitucional se resolvió sin haberse descubierto las pruebas de la acusación, o sea, sin igualdad de armas y en contra de los militares donde uno quedó gravemente herido y discapacitado”. La última palabra la dictarán los jueces.