¿El ratón cuidando el queso? Fabio Castellanos, delegado de la Contraloría para el escándalo de la UNGRD, fue candidato del Partido Verde, un protagonista del saqueo

El pasado miércoles, el país estaba a la expectativa de una trascendental audiencia en medio del escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Carlos Ramón González, el poderoso exdirector del Dapre y mano derecha del presidente Gustavo Petro, iba a ser imputado y se solicitaría su envío a la cárcel por ser el presunto “determinador” de esos hechos corruptos. Sin embargo, en la audiencia hubo un detalle que pasó desapercibido y que resulta escandaloso.

A esa sesión por el billonario saqueo llegó un representante de la Contraloría en calidad de víctima, teniendo en cuenta que es la entidad encargada de vigilar y cuidar los recursos públicos. Fabio Yesid Castellanos se presentó como jefe de la Unidad de Intervención Judicial de la entidad y no manifestó ningún impedimento. No obstante, es muy cercano al Partido Verde, colectividad que ha estado en el centro de este escándalo.

Castellanos ha sido el encargado por la Contraloría para actuar desde el minuto uno en el “proceso matriz”, como él mismo lo dice, por el escándalo de corrupción. En voz baja, varios de los sujetos procesales ya venían hablando y presentando su inconformidad, pues se ventilaba que este hombre, antes de ser funcionario, tenía aspiraciones políticas bajo el paraguas del Partido Verde. Incluso, subrayan que es muy cercano a los dirigentes de la colectividad desde hace años.

En síntesis, en la misma audiencia estaban sentados Carlos Ramón González, el dueño del Partido Verde y de cuya firma han salido los avales para las aspiraciones políticas del ahora jefe de la Unidad de Intervención Judicial de la Contraloría. Es decir, viejos conocidos.

La pregunta ahora es por qué este funcionario no se ha declarado impedido desde el primer momento en que asumió el caso por su evidente cercanía de vieja data con el polémico Partido Verde, el mismo que, con la exalcaldesa Claudia López y su esposa a bordo, Angélica Lozano, impulsó una consulta anticorrupción, pero irónicamente es la colectividad protagonista de este saqueo.

SEMANA habló con Castellanos, quien afirmó: “No tengo por qué renunciar al Partido Verde porque lo que prohíbe la ley y la Constitución es que los miembros, los que se encuentren en organismos de control, no hagan actividad política, cosa que no hago. No hago participación política, pero, además, no soy directivo de ningún partido”.

En la cárcel ya se encuentra Iván Name, quien fuera el presidente del Senado, la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, y Carlos Ramón González está “protegido” en otro país, a donde salió cuando ya tenía el agua al cuello, como lo reveló SEMANA. Todos eran cabezas del ahora cuestionado Partido Verde.

Aunque, como señala Castellanos, no hay impedimento legal para representar a la Contraloría en este gigantesco caso de corrupción, se le planteó la duda de si el impedimento es ético, dada la clara cercanía con el Partido Verde. Y lo negó. “No tengo impedimento ético, porque mi comportamiento como operador jurídico ha sido absolutamente claro, diáfano y transparente. Es más, contundente en muchos casos. Creo que prueba de eso la pueden dar las grabaciones de todas las audiencias públicas donde he solicitado y acompañado las medidas de aseguramiento de detención preventiva, la justificación de las mismas, y he solicitado la imposición en lo que tiene que ver con las propuestas jurídicas que siempre nos ha planteado la Fiscalía General”.

En registros de prensa y en las redes sociales se ve al ahora representante de la Contraloría en su labor de político y con la cúpula del partido. Hace diez años, cuando fue candidato a la alcaldía de Cartagena, Antonio Sanguino, actual ministro del Trabajo y llamado a juicio por tráfico de influencias, celebraba con bombos y platillos en su cuenta de Twitter la designación de Castellanos como carta del Partido Verde.

“En Bolívar @PartidoVerdeCoL juega verde/verde! @fabioyezid a Alcaldía d Cartagena y Rodrigo Arzuza a Gobernación d Bolívar! Decisión tomada!”, se lee en un mensaje de Sanguino publicado en julio de 2015.

Al funcionario, que tiene que cuidar los recursos de los colombianos, no le alcanzó la gasolina para la Alcaldía, así que cuatro años después aspiró al Concejo de la capital de Bolívar, pero nuevamente se quemó.

A Castellanos, quien ha trabajado en la Registraduría como asesor y en la Contraloría desde hace cinco años, le gusta postularse para acceder a cargos de importancia. Hace apenas dos meses se presentó a la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia para elegir magistrado de la Corte Constitucional, y otra vez se quemó.

Era muy activo en redes y apoyaba con fe ciega al presidente Gustavo Petro cuando fue candidato enfrentando a Iván Duque. En sus publicaciones se puede leer: “Estamos a una X de cambiar la historia... Nunca habíamos estado tan cerca de erradicar en Paz los ‘cien años de soledad’... se puede! #petropresidente #sepuede”.

Las fotos son muy dicientes y, en este caso, aplica esta máxima: “Una imagen vale más que mil palabras”. En plena campaña, hay una imagen de Castellanos, Sanguino y el hoy presidente Petro. También lo acompaña en sus correrías Antonio Navarro, dirigente del Partido Verde.

En otra imagen se ve al lado de Sanguino en la sede de la Registraduría Nacional, irónicamente, entregando las firmas para respaldar la consulta anticorrupción. Y en Bogotá aparece a la cabeza de una marcha con la bandera del partido en sus manos y acompañado de la plana mayor de la colectividad: Antonio Navarro, Jorge Londoño y Sanguino.

Pero el problema en este caso no son las aspiraciones de Castellanos. Es que esté sentado en nombre de todos los colombianos representando a la Contraloría, con la misión de proteger los recursos, y al otro lado de la mesa, como acusado, esté quien fuera su jefe en el partido, Carlos Ramón González, sin que hubiera manifestado un impedimento para asumir la gigantesca responsabilidad.

No se trata de un asunto de poca monta. Es el escándalo más grande de corrupción del actual Gobierno, que tiene a 12 congresistas respondiendo en la Corte Suprema de Justicia, a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco a las puertas de un proceso, a la exconsejera Sandra Ortiz en la cárcel y a González en calidad de “protegido” en otro país con pocas posibilidades de regresar.