El informe mortal: SEMANA revela el documento que iba a presentar el auditor Hernán Franco, y por el cual lo habrían asesinado en la zona del parque de la 93

Hace un año ocurrió el cinematográfico asesinato del prestigioso auditor Hernán Roberto Franco en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el parque de la 93. La escena del crimen fue reconstruida con cámaras de seguridad y hasta se vio una imagen que impactó. Franco, mientras hablaba por teléfono, cayó al piso tras recibir un disparo y murió unos minutos después. Lo que no se sabía es que ese día el auditor iba a entregar un delicado informe en el que había trabajado por meses y que, al parecer, se convirtió en su sentencia de muerte.

SEMANA tiene en su poder este delicado documento, hasta ahora desconocido, que Franco protegía con absoluta confidencialidad. Allí hacía referencia a presuntos malos manejos y hasta hurtos en la empresa El Arrozal, que era llevada a la bancarrota, según Franco, por uno de los accionistas que tenía el control. Ese día había una reunión con la junta en la que se iba a destapar la verdad. La cita no se dio. Franco fue asesinado.

Además del informe confidencial, este medio accedió a audios del auditor en los que se escucha la tensa situación con un sector de los accionistas, apartes de juntas en los que quedan claros los enfrentamientos y hasta detalles del viacrucis previo a su asesinato.

El día antes de que fuera cegada su vida, Franco se reunió con una de las personas de su círculo más cercano y le dijo que sentía que lo iban a matar, a tal punto que le pidió a uno de sus amigos personales que le prestara sus escoltas para la trascendental cita, pero finalmente desistió de la idea. También contó que estaba preocupado, pues iba a entregar el explosivo informe junto con una carta en la que le contaba a cada miembro cómo y quién era el responsable del saqueo en El Arrozal. Este documento y el computador en el que estaba guardado, señalan, no lo recaudó la Fiscalía y solo se sabe que quedó en la casa del auditor.

El Arrozal y tiendas El Líder formaban parte de una próspera cadena de almacenes que levantó con trabajo Roberto Romero. Al morir, su multimillonario negocio quedó en manos de sus herederos, varios hijos y diferentes matrimonios, que se repartieron por acciones, pero empezaron una guerra cuyo coletazo habría significado el asesinato de Franco hace un año.

El manejo de la empresa lo tomó uno de sus hijos, Jonathan Romero, que tenía el 10 por ciento. La accionista mayoritaria era la familia de la última esposa del empresario, Fidelina Escobar, con el 14 por ciento, pero el negocio, al parecer, empezó a ser mal administrado y caminaba hacia la bancarrota.

Es ahí cuando Franco entró en la ecuación. Recomendó la venta de acciones, sanear la empresa y buscar un socio. Apareció en el negocio un empresario pastuso llamado Pedro Bastidas, quien llegó de la mano de Jonathan Romero y, por medio de la sociedad Dicomer S. A. S., se quedó con el 46 por ciento de las acciones. Como la empresa iba a pique, Bastidas cedió el manejo de sus acciones a Franco y le pidió una auditoría, en la que concluyó, según un documento en poder de SEMANA, que la empresa estaba siendo saqueada.

El informe que no alcanzó a entregar Franco es tan claro que incluso, en su primera página, está la fecha en la que iba a ser distribuido entre los accionistas. Debajo del logo CNS Colombia, empresa del auditor asesinado, se lee el encabezado “Acompañamiento Gestión Financiera y Administrativa El Arrozal y CÍA. S. C. A.”. Enseguida: “21 de febrero de 2024”, el día del crimen en la 93.

Este informe iba dirigido de forma particular a Pedro Bastidas, el accionista que había adquirido el 46 por ciento por un monto superior a 1.800 millones de pesos. Aunque había llegado de la mano de Jonathan Romero, al ver que su inversión hacía aguas por los presuntos malos manejos, puso como representante a Franco, quien con este documento iba a desnudar todo lo que había detrás.

Según el informe, se trataba de un saqueo continuo. En el aparte denominado “plan financiero”, detalla que “no se cuenta con personal calificado, en la gestión financiera, control de recursos, entradas y salidas, sin existencia de flujo de caja diario. Planeación de pagos, presupuesto, segregación de funciones para pagos, aprobación”. En voz de una de las últimas personas que habló con Franco, lo que sucedía era que no había control y uno de los accionistas que manejaba la compañía pasaba con camionetas de su empresa de seguridad, recogía el efectivo y no rendía cuentas.

El asunto más delicado en el informe tiene que ver con las cifras, que no mienten. En la página 13, hay un link con archivos titulado “Informe seguimiento comercial año 2023, El Arrozal y CÍA.”. Allí se detalla el descalabro, ítem por ítem, en la empresa. Contiene cifras de ventas, proveedores, márgenes de ganancias, facturas y porcentajes claros del negocio. En tablas dinámicas de Excel se ven los movimientos de días, semanas y meses.

Los resultados no podían ser peores, pero hay una cifra que lo resume todo: “Comparativo ventas 2023 vs. 2024, mes actual”. Se registran caídas en las ventas de entre el 34 y el 191 por ciento en los 17 almacenes de la sociedad en Bogotá.

Una de las recomendaciones es la advertencia sobre la necesidad de seguridad para manejar las finanzas, pues para Franco era claro el saqueo y el retiro de dinero en efectivo en camionetas de seguridad.

“Se considera pertinente que la entidad brinde las condiciones mínimas de seguridad, custodia, salvaguarda y acceso al área de tesorería y archivo lo antes posible, y como buena práctica administrativa implemente un protocolo de seguridad que abarque como mínimo los temas de custodia de los documentos mercantiles, soportes físicos de las transacciones realizadas por el área, salvaguarda de token y uso de sus claves”, se lee en el informe.

Nuevas pruebas

El asunto desencadenó el asesinato de Franco. Después de un año, con dos autores materiales capturados y decenas de pruebas en su poder, no ha pasado nada en la Fiscalía con la autoría intelectual. Sin embargo, SEMANA tuvo acceso a evidencias que reposan en el ente acusador. Hay un audio que refleja la hostilidad y un enfrentamiento que se habría dado entre el auditor y Jonathan Romero.

En voz de Franco se escucha decir: “Cuando tú llegaste, solo estaba Sebastián (hijo de Jonathan Romero), pero estaba el papá, que me tocó sacarlo a patadas de esta oficina esta mañana. Le dije: ‘Se va de aquí, usted no me asusta, grosero, inmundo, y se larga de mi oficina ya’. Porque estaba robando en El Arrozal (inaudible) 300 millones, pero claro que es un paquete enorme, entonces no… Y ahí se fue con el rabo entre las piernas, porque qué más hacía”. Este audio tiene fecha de noviembre de 2023, justo cuando Franco advirtió a allegados que le quedaban 90 días de vida.

SEMANA obtuvo otro audio de una asamblea de accionistas en la cual otro sector que se disputaba la herencia del negocio, representado por Fidelina Escobar, la última esposa de Roberto Romero, rechazó de forma rotunda la forma como Jonathan Romero se “autoproclamó” administrador de El Arrozal y la decisión de llevar nuevos socios, haciendo referencia al empresario pastuso Pedro Bastidas.

“No es ajeno a los accionistas que la intención del señor Jonathan Romero es, y siempre ha sido, la de tomar ilegalmente el control de la sociedad El Arrozal y compañía en comandita por acciones, y de ello ventajas injustificadas a su favor, abusando de mayorías obtenidas ilícitamente. Todas estas conductas las hemos denunciado al interior de las asambleas y hoy día cursan dos procesos arbitrales”, es la posición de Fidelina Escobar, quien también reclama la herencia.

SEMANA conoció que hay otras dos pruebas clave que no han sido exploradas ni revisadas a fondo por la Fiscalía. Una es el computador del auditor Franco, en el que había una carta que les iba a entregar a los miembros de la junta con la denuncia clara del saqueo. La segunda, su celular, que está en manos de un familiar y se sabe que borró información.

Este viernes se cumplió un año del asesinato de Franco. La Fiscalía apenas ha capturado a dos de los autores materiales y, pese a que cuenta con un arsenal de pruebas, llamadas, documentos, hasta ahora no hay nada en la búsqueda de los autores intelectuales del crimen. El temor es que cierren el proceso de un plumazo solo con la captura de los sicarios.