Diego Bravo y otros funcionarios de la alcaldía de Petro, a ponerle la cara a la justicia por el descalabro patrimonial de las basuras en Bogotá

Con todo tipo de artimañas jurídicas, el proceso por las presuntas irregularidades en el cambio del modelo de recolección de basuras en Bogotá, durante la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro Urrego, se ha visto truncado en diferentes etapas, arañando cada vez más el terreno de la impunidad, pero esta vez la conclusión podría ser diferente.

SEMANA revela todos los detalles de la última ‘jugadita’ fallida de quienes eran los hombres de confianza de Petro, para anular el juicio por los actos de corrupción en la implementación del modelo Basura Cero, en 2012.

El asunto es así. Cuando la acusación era más que un hecho, los abogados del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) Diego Bravo y los exfuncionarios Jaime Humberto Meza, Mario Álvarez y Ricardo Agudelo pidieron tumbarlo, asegurando que no contaban con garantías procesales y se sentían atacados.

Aunque suene inaudito, los abogados señalaron que la fiscal del caso, Martha Cecilia Girón, había hecho publicaciones en redes sociales con las que se sentían afectados, pues cuestionaba los pensamientos de izquierda.

“Vulneró el principio de imparcialidad en tanto la fiscal que llevó a cabo la formulación de imputación, con anterioridad, había realizado algunas publicaciones en Twitter a través de las cuales se hacía evidente su animadversión frente a militantes de la ‘izquierda colombiana’ en contra del exalcalde distrital Gustavo Petro”, resalta la petición de nulidad radicada el 7 de marzo de 2023. Sin embargo, nunca citaron o anexaron las supuestas publicaciones ni argumentaron la forma en cómo los afectaba a la hora de investigarlos.

Los procesados llegaron al punto de asegurar que no les había quedado clara la acusación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Como si fuera poco, aseguraron que el aval como víctimas de la EAAB y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) no tenía justificación: “No se demostró el daño real, concreto y específico frente a cada una”.

Después de dos largos años de dilaciones, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá les tumbó los exóticos argumentos y concluyó que el proceso debía seguir, y advirtió un evidente y gigantesco detrimento patrimonial.

“El patrimonio de las entidades ha podido verse comprometido, producto de las presuntas irregularidades ocurridas con ocasión de la prestación del servicio público de aseo para Bogotá, específicamente en lo que concierne al cambio de esquema de la prestación del servicio de aseo adoptado por la administración distrital del alcalde mayor Gustavo Francisco Petro”, precisa el fallo.

En su acusación, la Fiscalía advirtió que se presentó un descalabro patrimonial cercano a los 116.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que las volquetas de segunda mano no cumplieron con las condiciones técnicas y quedaron en desuso rápidamente. Otros vehículos, por lo pesados y anchos, no podían acceder al relleno sanitario.

Con esta decisión, el expediente volverá al juzgado 61 de conocimiento de Bogotá para que, por fin, después de cinco años, se pueda formalizar la acusación el próximo 22 de septiembre.

En el documento se advierte que Bravo, en su calidad de gerente del Acueducto; y Jaime Humberto Mesa Buitrago y Ricardo Agudelo Sedano, estando al mando de Aguas de Bogotá, avalaron la compra de 278 vehículos para la recolección de basuras que resultaron obsoletos y –como si la historia fuera cíclica– terminaron oxidándose en una bodega de la capital de la república. A esto se le suma un sobrecosto de casi 6.000 millones de pesos en la compra de estos vehículos.

De ser hallados culpables, se exponen a una sentencia de 22 años y medio de prisión. Sin embargo, otro ingrediente se le suma a esta historia: la prescripción. Los hechos investigados se presentaron hace 13 años, el caso está a escasos dos años de cerrarse.