Terror en el sur de Bolívar: desplazamientos forzados y violencia imparable se recrudecen en la región

La situación en el sur de Bolívar empeora con el pasar de las horas. Cientos de familias han sido obligadas a huir de sus hogares, debido a la violencia desatada por diversos grupos armados ilegales. Esta zona, marcada por intensos enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, es ahora un escenario de terror.

En las últimas semanas, más de 500 familias se han desplazado hacia Santa Rosa del Sur y Barrancabermeja, en Santander, en busca de refugio lejos de los horrores de la guerra.

La violencia ha afectado especialmente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero también a la comunidad en general. “Para nadie es un secreto que la situación que se vive acá en esta zona del sur de Bolívar es compleja... vivir en esta zona es una cosa muy complicada”, le contó un líder social a SEMANA.

El hombre describió cómo los enfrentamientos entre los grupos armados han generado desplazamientos masivos en comunidades como Montecristo, Santa Rosa del Sur, Cantagallo y otras zonas rurales. Estos, motivados principalmente por la disputa de territorios mineros, han obligado a más de 500 familias a abandonar sus hogares.

“Caseríos mineros... es donde han venido saliendo más de 500 familias desplazadas hacia Santa Rosa y específicamente hacia Barrancabermeja, Santander”, detalló. La violencia no se limita a los desplazamientos, sino que también incluye asesinatos que generan más terror en la zona, pues las víctimas son personas inocentes que no se someten a sus reglas.

“La semana pasada fue asesinado un líder social identificado como Róbinson López, en zona rural de Santa Rosa, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal del Golfo. Fue atacado por hombres armados mientras se desplazaba por la zona. Todos tenemos miedo porque en cualquier momento nos pueden asesinar”, explicó el líder social.

Los desplazamientos no siempre son voluntarios. Muchas familias huyen debido a amenazas directas de los grupos armados. “Las personas lo hacen a raíz de que son obligados y por salvaguardar sus vidas”, explicó.

Los campesinos del sur de Bolívar se ven obligados a abandonar sus tierras para evitar quedar atrapados en los enfrentamientos o ser asesinados por los grupos ilegales. La situación empeora cuando los grupos armados se pelean por el control de la minería ilegal y la extorsión, que son los principales motores de la violencia en la región.

“La minería ilegal y la extorsión son los flagelos que hoy agobian a estas comunidades”, afirmó el líder social, quien además denunció que estos grupos siguen sometiendo a la población con sus propias reglas.

“El martes pasado, en Arenal, en la misma vereda que se llama Unión Dorada, varios trabajadores que se movilizaban a bordo de sus motocicletas fueron abordados por hombres armados que se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los despojaron de sus motocicletas y se las llevaron con rumbo desconocido”, relató.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para brindar apoyo humanitario, la situación sigue siendo extremadamente complicada. Además de los desplazamientos y asesinatos, el secuestro es otro flagelo que acecha a la región.

“Una de las preocupaciones más grandes es el caso de Eudaldo Contreras, un conductor de la ambulancia acuática del municipio de Simití, quien fue secuestrado el 14 de junio de 2024. A la fecha de hoy no se sabe absolutamente nada de él”, sostuvo.

Los reclutamientos de menores también se han convertido en un problema creciente. “En el mes de septiembre del año pasado, tres menores fueron desaparecidos del municipio de Morales... fueron contactados por redes sociales por un grupo al margen de la ley”, contó.

Al mismo tiempo, aseguró que, aunque dos de los menores regresaron a sus familias, uno de ellos falleció en medio de los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo.

SEMANA intentó comunicarse con varios funcionarios de la zona sur de Bolívar, pero no respondieron. Fuentes cercanas aseguraron que evitan hablar del tema en los medios, por temor a represalias de los grupos armados, ya que no cuentan con el respaldo del Estado.

“Es muy complicado que las autoridades den a conocer esta situación de orden público porque ni ellos tienen garantías de seguridad”, indicó una fuente consultada por este medio.