Norma del Gobierno Petro de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos también fue demandada por la Alcaldía de Cartagena

Cartagena de Indias se sumó a los entes territoriales que demandaron ante la Corte Constitucional la polémica norma de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAs) del gobierno de Gustavo Petro.

Según la Alcaldía de Cartagena, la nueva normativa “violaría la autonomía administrativa y reglamentaria de los municipios y distritos. Según la Constitución, el ordenamiento territorial es una competencia primaria y exclusiva de los entes locales, quienes deben decidir, conforme a sus realidades socioeconómicas, cómo planificar el uso del suelo”.

Pero esa entidad no es la primera en señalar de anticonstitucional las APPAs.

“La ley no es una opción. La Constitución no es una opción. Esto representa un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía local”, dijo el 5 de marzo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Además, llamó al Gobierno para que retirara el proyecto. “Pedimos al Gobierno nacional que retire el proyecto de resolución que, sin coordinación con las autoridades locales ni una participación ciudadana adecuada, pretende declarar como humedal y áreas de especial importancia ambiental zonas estratégicas de la ciudad”.

Galán aseguró en ese momento que ese proyecto del Ministerio de Ambiente, entonces a cargo de Susana Mohamad, ponía en riesgo 16 proyectos clave para la capital del país, algunos de ellos ya en curso, entre ellos, el patio taller de la primera línea del metro y una parte del trazado que atraviesa la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá que, eventualmente, se convertiría en un humedal.

Ahora, al reclamo de Bogotá, Cali, Medellín, algunas gobernaciones y la Federación de Municipios se le suma Cartagena, que sostiene en su demanda que “la norma impugnada desconoce la competencia exclusiva de los municipios y distritos para ordenar el desarrollo de su territorio, facultad reconocida por los artículos 311 y 313-7 de la Constitución”.

También que “la nueva regulación impone a los entes territoriales la obligación de preservar, en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), determinadas áreas agrícolas definidas unilateralmente por el Gobierno nacional, lo cual representaría una intromisión indebida del nivel central en decisiones locales”.

Milton Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena, se pronunció sobre la norma demandada ante la Corte Constitucional, advirtiendo que más allá de la loable finalidad de las APPAs, “la forma jurídica escogida por el legislador —elevarlas al rango de determinantes de ordenamiento territorial— implica asignarles un carácter vinculante y prevalente que afecta profundamente el ámbito de competencias locales”.

“Las APPAs no son simplemente orientaciones de política agraria; han pasado a ser mandatos normativos imperativos que los gobiernos municipales deben acatar en sus decisiones de ordenamiento”, dijo.

“La norma acusada convierte al municipio en un simple ejecutor de decisiones centralizadas, desconociendo su papel como planificador de su territorio”, añadió Pereira.

“No existe verdadera participación local en la identificación o manejo de las áreas protegidas, sino una imposición jerárquica que vacía el contenido esencial de la autonomía.” concluyó el jefe jurídico de la Alcaldía de Cartagena.

Cartagena y los demás demandantes aseguran que “aunque el propósito de proteger el derecho a la alimentación es legítimo y constitucionalmente relevante no justifica una restricción desproporcionada a la autonomía territorial”.

Y que una salida a esta problemática podría lograrse “mediante mecanismos menos restrictivos, como directrices orientadoras, incentivos económicos o instrumentos de concertación, sin necesidad de vaciar la competencia municipal”.