Gobernación de Bolívar pide ayuda del Gobierno nacional por desplazamiento de familias en el sur de ese departamento

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Víctimas y Reconciliación, hizo hincapié en que es apremiante garantizar los derechos y el sano retorno de las familias que se han visto afectadas por los enfrentamientos de los grupos armados al margen de la ley que operan en el sur del departamento, específicamente en los municipios de Santa Rosa, Arenal, Montecristo y Morales.

El mandatario departamental Vicente Antonio Blel explicó durante la instalación del IV Comité de Justicia Transicional: “Este tipo de situaciones desbordan las capacidades del gobernador y los alcaldes, por eso necesitamos la ayuda y apoyo del Gobierno nacional, teniendo en cuenta la magnitud del desplazamiento y las limitaciones que tenemos en este momento por el cierre presupuestal y de gobierno”.

El secretario de Víctimas de Bolívar, Amaury Lora, manifestó que hasta el momento se tienen caracterizadas 1.800 personas desplazadas. Por lo pronto, la Administración Departamental y las locales se encuentran trabajando en la formación del censo en tiempo real para actuar con prontitud posible ante la situación de desplazamiento en que se encuentran los afectados.

De acuerdo con las denuncias de la Defensoría del Pueblo, son más de 1.400 personas, el equivalente a 556 familias, tuvieron que desplazarse de los municipios de Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales y Montecristo hacia el sitio conocido como La Y de San Luquitas, en esa zona del país.

“El defensor del Pueblo le solicitó a la institucionalidad gubernamental la implementación de acciones reales y efectivas para que sean atendidas las personas y protegidos sus derechos fundamentales, incluidos los derechos a la integridad y vida”, explicó la entidad.

Aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que la grave crisis en esta zona del país no es nueva, el ingrediente trágico está en el resultado que provocaron los enfrentamientos, esto es, el desplazamiento de las familias y la amenaza latente para la población. La crisis tenía solución, pero los encargados de evitarlo se quedaron cortos.

“Los enfrentamientos entre integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y la guerrilla del ELN tienen, lamentablemente, inmersos en un ambiente de temor y zozobra a menores de edad, mujeres, adultos y adultos mayores. Las autoridades deben actuar cuanto antes con medidas reales y efectivas”, dijo el defensor.

La Defensoría del Pueblo aseguró que han venido participando en diferentes reuniones para establecer la crisis que se anticipó, pero que muchas entidades ignoraron o concentraron actividades en otras zonas del país. La consecuencia directa es el desplazamiento forzado que padecen más de 1.400 personas en este momento en el sur de Bolívar.

“La institución nacional de derechos humanos, a través de su regional Magdalena Medio, ha venido participando en los comités de justicia transicional y en los consejos de seguridad convocados en Santa Rosa del Sur, espacios en los cuales ha hecho una serie de solicitudes en beneficio de las comunidades que pasan afugias”, explicó la Defensoría.

Para el próximo lunes 27 de noviembre, la Defensoría convocó un encuentro interinstitucional en La Y de San Luquitas, donde esperan la asistencia de las distintas entidades para que, atendiendo a sus competencias, brinden la ayuda humanitaria a las personas desplazadas.

“Atendiendo a su mandato misional, la Defensoría del Pueblo continuará acompañando a las comunidades que en este momento son susceptibles de la vulneración de sus derechos, al tiempo que seguirá instando a actuar a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, con el objetivo primordial de que contribuyan a salvaguardar los derechos de las poblaciones víctimas de las hostilidades en el sur de Bolívar”, señaló Carlos Camargo.