Condenan a exjueces que afectaron el patrimonio de Telecom tras fallar de manera irregular millonarias tutelas

El Tribunal Superior de Cartagena condenó a los exjueces promiscuos de El Carmen de Bolívar (Bolívar), Alí Antonio Silva Cantillo y José Luciano España Tovar, tras hallarlos culpables de haber fallado de manera irregular tutelas que afectaron el patrimonio de la extinta Telecom.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos exjueces ordenaron pagar más de 5.202 millones de pesos a varios extrabajadores de la extinta compañía de telefonía.

“En agosto de 2009, una abogada presentó una tutela en nombre de 19 extrabajadores de Telecom, con la cual buscaba que se les reconocieran prestaciones sociales, aportes a seguridad social y aumento salariales con los respectivos intereses causados desde 2006. Los peticionarios que pertenecieron a una agremiación sindical, habían perdido el fuero, y la entidad los retiró y liquidó en su momento”, indicó el ente acusador.

La Fiscalía logró demostrar en medio del proceso que, inicialmente, Silva Cantillo dio trámite a la tutela y ordenó el pago de los 5.202 millones de pesos a favor de los 19 extrabajadores de Telecom y además ordenó el embargo de las cuentas de la hoy extinta empresa, hasta que se desembolsaran los dineros.

Posteriormente, España Tovar, en segunda instancia, ratificó el fallo de Silva Cantillo.

“La Fiscalía estableció que los dos exservidores judiciales no eran competentes para conocer la tutela porque los reclamantes no vivían en El Carmen de Bolívar, la liquidación que recibieron de Telecom estaba ajustada a la ley vigente y habían perdido beneficios sindicales por lo que no podían mejorar sus mesadas. Adicionalmente, la acción de amparo se presentó tres años después de ocurridos los hechos y era extemporánea”, agregó la entidad.

Por esos hechos, Silva Cantillo deberá pagar 12 años de prisión en centro carcelarios, mientras que España Tovar fue sentenciado a 11. También, tendrán que pagar multas superiores a los 5.240 millones de pesos.

Para el Tribunal Superior de Cartagena, ambos fueron responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.

Dos exgobernadores procesados por corrupción en Guainía devolverán más de 14.000 millones de pesos

Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata, exgobernadores del Guainía, terminaron metidos en una maraña de corrupción de la que se convirtieron en protagonistas, luego en procesados y ahora en condenados.

A través de un preacuerdo, aprobado por la Corte Suprema de Justicia, los dos exgobernadores no solo fueron condenados a 11 y nueve años de prisión, sino que se comprometieron a devolver los recursos que fueron apropiados de manera ilegal por el entramado de corrupción, más de 14.000 millones de pesos.

“Recibió aval de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, los exmandatarios Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado deberán cumplir penas de 11 años y tres meses, y nueve años y un mes de prisión, y pagar multas equivalentes a 4.103 millones de pesos y 2.036 millones de pesos, respectivamente”, señaló la Fiscalía.

La reparación quedó así:

En el caso del exgobernador Óscar Armando Rodríguez, cuyo periodo se ejecutó entre 2013 y 2016, aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, por 35 peculados, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y cinco eventos de cohecho propio.

“Por estas conductas, se fijó el reintegro de 9.761.128.118 pesos, de los cuales ha devuelto más de 6.219 millones de pesos al transferir a nombre del departamento de Guainía el dominio y propiedad de un inmueble rural”, explicó la Fiscalía.

En el caso de Javier Eliécer Zapata Parrado, quien ejerció como gobernador en el periodo 2016-2019, reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, tres más de cohecho propio, un de corrupción de sufragante, cuatro de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y uno de fraude procesal.

“En el preacuerdo el señor Zapata Parrado se comprometió a retornar 5.033.435.982 pesos, de los cuales ha reintegrado más de 3.838 millones de pesos mediante la transferencia de dominio y propiedad de un bien”, señalaron desde la Fiscalía.