Roberto Ortiz dice que devolverá a los caleños la plata de las megaobras inconclusas de Jorge Iván Ospina

El candidato a la Alcaldía de Cali Roberto ‘El Chontico’ Ortiz anunció que devolverá la plata de las megaobras que fueron cobradas a los ciudadanos desde 2008 por Jorge Iván Ospina en su primera administración, a través del impuesto de valorización y que nunca se hicieron.

“Si soy elegido Alcalde de Cali, como lo dicen las encuestas serias, en las que llevo una buena ventaja sobre el segundo, voy a revisar cuatro megaobras que no se han hecho y que costaron $74.000 millones. Así que voy a devolverle a la gente la plata que pagó por ellas, porque eso es justicia social, eso se llama responsabilidad”, anunció el candidato.

Ortiz explicó que esos dineros serán devueltos a través de un cruce entre el municipio con el pago del impuesto predial de cada ciudadano. Por ejemplo, si una persona pagó $500.000 y tiene que pagar $600.000, ahora pagará solo $100.000″, advirtió Ortiz.

Las megaobras que no se han hecho hasta la fecha son la ampliación de la Vía al Mar, ampliación de la Carrera 80 con Calle 5, Parque Alameda y megaobra del Puente frente a Chipichape. Ortiz denunció, en el debate de Noticias Caracol, que en la campaña del candidato Alejandro Eder está el exconcejal Milton Castrillón, ponente de las megaobras del primer gobierno de Ospina, quien propició está afectación a la ciudadanía.

Contraloría abre procesos

La Contraloría anunció la apertura de procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares por supuestas irregularidades en contratos celebrados por la Alcaldía de Cali, Imprectis y Emcali. Sobre la mesa habría un billón de pesos.

Estos hallazgos se dieron gracias a la audiencia pública celebrada el pasado 30 de septiembre de 2022 en la capital del Valle del Cauca y al estudio detallado de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata del ente de control.

Se abrieron seis indagaciones preliminares sobre 126 proyectos por un valor de 4.928 millones de pesos de obras públicas, Plan de Alimentación Escolar, interventoría pública, consultoría, alcantarillado, saneamiento básico, bienestar social y desarrollo económico.

Además, se ordenó poner la lupa sobre los funcionarios que habrían intervenido en proyectos donde se destinaron 58 mil millones de pesos. En la lista aparecen empleados públicos, contratistas, supervisores, interventores y terceros civilmente responsables.

Caso Imprectis

En el caso de la Imprenta Departamental del Valle del Cauca se estudiaron las denuncias presentadas por varios ciudadanos donde se advirtió de un presunto daño en contrataciones ejecutadas con 34 entidades territoriales del orden regional y nacional.

“Se han abierto dos procesos y tres indagaciones preliminares donde se investigan 904 contratos que suman cerca de $ 130.000 millones”, reportó la Contraloría General de la República por medio de un comunicado de prensa divulgado este 6 de octubre.

Investigaciones Emcali

En cuanto a las Empresas Municipales de Cali, se tomaron 36 decisiones: abrir 15 indagaciones preliminares por $ 503.470 millones y 7 procesos de responsabilidad fiscal por $ 95.522 millones; también se estudian 20 hallazgos por $ 139.314 millones.

Se sospecha de “deficiencias en la ejecución y supervisión de contratos de obras; por pagos no permitidos, pero autorizados por la supervisión en los contratos; por pagos de obras que no cumplieron su finalidad; por falencias en diseños; por sobrecostos”, relató la Contraloría.

Frente a este escenario, se está investigando la conducta y eventual responsabilidad fiscal de funcionarios de Emcali, contratistas, supervisores e interventores de los contratos. Incluso, el ente de control ya se ha tomado medidas contundentes.

En el documento emitido por la entidad, en la mañana de este viernes, se lee: “En el transcurso de las investigaciones, se han decretado medidas cautelares en algunos procesos, embargando y secuestrando bienes y dineros de presuntos responsables fiscales”.

Así las cosas, en todos los procedimientos adelantados, se reflejarían los siguientes recursos públicos involucrados: $ 235.109.259.344 (en hallazgos); $ 317.587.109 (en indagaciones preliminares), y $ 118.706.485.345 (en procesos de responsabilidad fiscal).