No solo son los dueños del agua, también de la tierra y muchas otras cosas: el poder de los indígenas del Cric en el Cauca por orden de Petro

Los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) no solamente son dueños del agua en ese departamento, sino de la tierra, de los recursos naturales y de un sistema normativo paralelo con el que ellos son quienes toman las decisiones sobre el resto del territorio. Es decir, allí no valen los derechos de las comunidades afros, campesinas y otros resguardos indígenas no afiliados a esa organización.

¿Cómo lo lograron? En el segundo semestre del año pasado, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1094, también llamado Atea (Autoridad Territorial Económica y Ambiental). Con eso le entregó superpoderes, sobre todo, el territorio caucano, únicamente al Cric. Esta organización decide acerca de la captación y disposición de agua en todos los cuerpos hídricos, así como de lo que se puede sembrar en la tierra y del uso que se le dé. Básicamente, a ellos se les debe solicitar un permiso especial para cualquier actividad comercial que involucre agentes ambientales.

Pero detrás de esta supuesta autonomía hay algo más grave: denuncias de comunidades que aseguran que el Cric actúa como una autoridad impositiva, muchas veces por fuera de la ley, exigiendo pagos, imponiendo restricciones e incluso obligando a cambiar cultivos bajo amenazas o sanciones sociales. “Ellos se creen los dueños de todo. Nos piden que quitemos el café para sembrar maíz, y nos cobran si queremos seguir cultivando como siempre lo hemos hecho”, dice Carmen Hurtado, lideresa afro de la vereda El Jagual, en el municipio de Toribío.

La situación ha sido denunciada por múltiples actores locales que afirman que el Cric, amparado en el Decreto 1094, creó un sistema cerrado en el que no hay espacio para el disenso. En palabras de Javier Londoño, campesino del corregimiento El Plateado, “ya ni la ley sirve aquí. Lo que dice el Cric es lo que se hace. Uno no puede sembrar una hectárea de plátano sin tener que pedirles permiso o pagar una ‘contribución’, que no va para el Estado, sino para sus arcas”.

A eso se le suma que el Decreto 1094 –cuestionado por juristas, líderes sociales y hasta por la Corte Constitucional– crea un marco jurídico ambiguo y peligroso. Por medio de Atea, se estableció que el Cric no solo ejerce funciones de control territorial y ambiental, sino que tiene capacidad normativa en sus zonas de influencia. Esto, en la práctica, significa que sus decisiones pueden estar por encima de las leyes nacionales.

“No tenemos a quién acudir. La Gobernación mira para otro lado, el Gobierno nacional está del lado del Cric y ni siquiera la Defensoría del Pueblo se atreve a ponerle límites”, cuenta Yilber Cuetia, indígena del pueblo yanacona, que no pertenece al Cric. Denuncia haber sido expulsado de una zona de cultivo en Silvia, Cauca, por no acatar las directrices de esta organización.

Las denuncias también apuntan a una preocupante superposición de poderes. Mientras que el Ministerio de Ambiente, las CAR y las alcaldías locales pierden terreno, el Cric gana control sobre licencias, permisos y planes de manejo ambiental, sin un marco técnico transparente ni mecanismos de rendición de cuentas. En zonas como Caloto, Santander de Quilichao y Corinto, se han documentado casos en los que paralizaron proyectos productivos porque no contaban con el aval de la autoridad indígena.

El Decreto 1094 ha causado tal nivel de controversia que la Corte Constitucional intervino para moderar sus alcances. En una decisión reciente, el alto tribunal dictaminó que “no se pueden otorgar funciones que superen los límites de la autonomía indígena establecidos en la Constitución” y que el Cric no puede sustituir al Estado ni ejercer funciones que le son propias. En otras palabras, el decreto es, a todas luces, inconstitucional.

Sin embargo, en la práctica, poco ha cambiado. Las comunidades siguen reportando cobros arbitrarios, restricciones a su movilidad e imposiciones agrícolas.