Valle del Cauca
Lo que hay detrás de la creciente quema de vehículos de carga en la vía a Buenaventura
Gobernación del Valle refuerza seguridad con más de 200 uniformados tras ola de ataques a transportadores.
Una nueva escalada violenta sacude el principal corredor logístico del suroccidente del país. En menos de diez días, al menos nueve vehículos de carga han sido incinerados en la vía que comunica a Buga, Cali y Buenaventura, en una serie de ataques que, según autoridades e inteligencia militar, habrían sido coordinados por el ELN y disidencias de las Farc.
Los hechos, ocurridos entre los kilómetros 16 y 25 del corredor, habrían sido ejecutados como parte de una estrategia para desviar la atención de la Fuerza Pública y facilitar otros delitos, como narcotráfico y extorsión en la región del Bajo Calima, donde estos grupos mantienen fuerte presencia.
La primera alerta se dio el 4 de julio, cuando hombres armados detuvieron camiones y les prendieron fuego en el kilómetro 17, dejando mensajes y símbolos alusivos al ELN. Luego, el 16 de julio, seis tractomulas más fueron incineradas en un tramo cercano.
Uno de los conductores resultó herido por arma de fuego y, según la Policía, se encontró una granada artesanal enterrada en el punto de ataque.
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Estos hechos han generado temor entre transportadores y un duro golpe a la movilidad y al comercio exterior, pues la vía a Buenaventura es el eje por donde transita más del 40 % de la carga que entra y sale del país.
Frente a la gravedad de la situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ordenó un refuerzo inmediato de la seguridad en el corredor, incluyendo vigilancia permanente las 24 horas.
“Hemos desplegado las capacidades de nuestra Fuerza Pública sobre el principal corredor vial que conecta Cali con Buenaventura. Se están haciendo controles, monitoreos y presencia permanente de soldados y policías que acompañan a todos los viajeros”, aseguró Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento.
El operativo incluye más de 150 unidades del Ejército, 70 de la Policía y miembros de la Armada Nacional, con presencia activa en puntos neurálgicos como Cisneros, Loboguerrero, Mediacanoa, Zaragoza y el kilómetro 21.
El capitán Jeison Cuadros, del Grupo de Reacción e Intervención de la Policía de Tránsito del Valle, indicó que el despliegue busca acompañar directamente a los gremios de carga y brindar seguridad a todos los actores viales.
“Estamos realizando acompañamiento a los transportadores, garantizando seguridad y movilidad en el corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga. La ciudadanía puede desplazarse con normalidad”, afirmó.
Disidencias y ELN detrás de los ataques
De acuerdo con fuentes de inteligencia, los responsables de la ofensiva serían integrantes del Frente de Guerra Occidental del ELN y de las disidencias de las Farc, que operan bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, con fuerte influencia en el norte del Cauca y el litoral pacífico.
Las autoridades creen que la quema de vehículos hace parte de un plan de distracción para liberar rutas de narcotráfico y presionar a empresas de transporte que se han negado a pagar extorsiones. El uso de artefactos explosivos improvisados y amenazas a conductores confirmarían esa hipótesis.
Empresarios, sindicatos de transportadores y organizaciones logísticas han lanzado un llamado urgente al Gobierno nacional para que se declare la emergencia de seguridad en la vía a Buenaventura, y se implemente una estrategia integral que no solo contenga los ataques, sino que asegure la libre movilidad a largo plazo.
La Cámara de Comercio de Buenaventura y gremios como Colfecar han advertido que la inseguridad en el corredor podría tener efectos catastróficos sobre el comercio exterior y el abastecimiento de alimentos, insumos médicos y mercancía nacional.
La vía a Buenaventura está hoy bajo fuego. Nueve tractomulas quemadas en menos de dos semanas evidencian que los grupos armados están reactivando su ofensiva en puntos estratégicos del país.
Aunque la Gobernación ha desplegado una respuesta firme, los transportadores siguen en alerta, y el país enfrenta el reto de garantizar la soberanía sobre uno de sus corredores económicos más importantes.
