La implosión del Cric: miles de indígenas están desertando de esa organización y hacen graves denuncias; “hay corrupción y asesinatos”

El Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, no está pasando por su mejor momento. A las marcadas divisiones dentro de esta organización, se suman delicadas denuncias de corrupción y asesinatos cometidos por antiguos miembros de ese colectivo. Hoy, miles de indígenas aseguran que el Cric los ha traicionado: los recursos no llegan, los líderes se enriquecen y las balas entre hermanos se han vuelto pan de cada día.

Marcelino Huber Campo, gobernador del cabildo Kiwe Wala de Santander de Quilichao, es uno de los que decidieron romper con el Cric. Su voz, cargada de frustración, describe una realidad que contradice el discurso oficial: “Nos independizamos porque el Cric solo trajo problemas. Nos quitaron la salud, la educación y nos dejaron solos. Ahora trabajamos con nuestras manos: hacemos carreteras con palos y macheteamos la tierra para sacar el café”.

Sobre los millonarios recursos que el Gobierno nacional le ha entregado al Cric, como los 57.000 millones de pesos a principios de marzo, para apoyo en dinámicas locales, Marcelino señala que de ese dinero no les toca nada a las comunidades indígenas.

“Por ejemplo, aquí tenemos un problema por unas carreteras que se dañaron por la ola invernal y los vehículos no pueden pasar, ¿qué nos tocó hacer? Arreglarlas entre nosotros a pura pala. Y ellos (el Cric) también pasan por aquí, ven que estamos trabajando y no dicen: vean, tengan estos dos pesos para un refrigerio. Ahí es donde uno se pregunta: ¿dónde es que está la plata?”, precisa.

El Cric, que fue fundado en 1971 para defender los derechos indígenas, hoy es sinónimo de división. Según otro líder, el 70 por ciento de las comunidades del norte del Cauca se ha separado, fragmentándose en tres grupos: los Nietos de Quintín Lamé, los independientes (como su cabildo) y la Coccam, que es la agremiación de los raspachines de coca. “Ellos dicen que reparten plata, pero aquí nadie ve un peso. Solo hay peleas: sobrinos contra tíos, primos contra hermanos. Los mismos guardias indígenas se están matando”, denuncia.

Los datos le dan la razón. Solo en 2023, al menos 32 indígenas fueron asesinados en el Cauca, muchos en disputas internas. “Cuando reclaman sus derechos, les responden con balas. Y el Gobierno no ve, o no quiere ver”, agrega Marcelino, mostrando fotos de puentes rotos que su comunidad repara con troncos arrastrados a mano.

“Nosotros nos independizamos del Cric por varios problemas, uno de ellos fue la convivencia con las iglesias evangélicas, que ellos casi no aceptan; también por problemas de corrupción, todo es una pelea interna. Y pues en los trabajos comunitarios se trabajaba común y corriente, se apoyaba al Cric en todo. Pero ellos siempre lo tomaban mal. Entonces la decisión fue independizarnos. (...) Más que todo en el norte del Cauca, como unas 30.000 personas se independizaron”, relata Marcelino.

¿Dónde está la plata?

Mientras las comunidades sobreviven con ollas comunitarias, el Gobierno de Gustavo Petro ha inyectado millones al Cric. El 18 de marzo de 2024 se firmó un contrato por 57.000 millones de pesos para “proyectos productivos y ambientales”. Pero líderes de comunidades indígenas recriminan: “Esa plata se pierde en el camino. A nosotros no nos llega ni para un machete. Les dan todo a 10.000 personas, y los demás, los que trabajamos, nos quedamos con hambre”, dice un representante de Corinto.

El contrato, suscrito por la Agencia de Renovación del Territorio, beneficiaba directamente al Cric. Sin embargo, líderes como Marcelino insisten en que los recursos se desvían a intereses particulares. “Ellos usan los paros en la Panamericana para presionar al Gobierno. Petro les ha recortado algo, pero siguen manejando el poder. A nosotros ni nos consultan”.

“Eso es lo que uno no entiende. Ellos hablan y hablan, pero lo que yo les vengo diciendo a muchas personas es que con el Gobierno no sé qué ocurre. Quizás es por cómo se solicitan los recursos, pero lo que vemos aquí en el norte del Cauca es que somos alrededor de 200.000 personas. La gran mayoría, unas 190.000, trabajamos duro para ganarnos el sustento, nos rebuscamos el sancocho diario. Pero resulta que solo unos 10.000 son los que piden ayuda, y a esos 10.000 es a quienes les llegan los recursos. ¿Y el resto?”, señala Carmelina Páez, líder indígena de Toribío.

“Que Petro venga a ver”

La petición de Marcelino es clara: “Que el presidente venga al Cauca y hable con los que no somos del Cric. Que vea cómo vivimos: ancianos de 80 años tumbando árboles para sacar el café, niños sin escuela, caminos hechos a pala”. Su comunidad, como otras, ha optado por la autogestión: “La Federación de Cafeteros y hasta el Ejército nos han ayudado más que el Cric”.

Mientras tanto, la violencia no cesa. “No hay equidad para todos. Aquí no se ven resultados, y ese es precisamente el problema: la violencia descontrolada. La juventud se les ha salido de las manos, tienen grupos armados por todas partes. Cuando se reclaman los derechos, la respuesta son balas. Hay machetazos, balaceras, muertos y heridos. Todo porque exigen lo que les corresponde. Pero nadie rinde cuentas del dinero, nadie muestra transparencia. No hay quien diga: ‘Aquí están los recursos, esto es lo que hemos hecho’. Absolutamente nada”, sentencia Marcelino.

De acuerdo con su testimonio, la violencia en la región ha alcanzado niveles alarmantes, con asesinatos recurrentes de guardias indígenas en medio de conflictos intrafamiliares que enfrentan a parientes cercanos. Paralelamente, las comunidades deben autogestionarse: recientemente adquirieron eucaliptos para mejorar la transitabilidad, haciendo todo el trabajo sin apoyo del Cric.

La deuda histórica

El Cric, antes símbolo de resistencia indígena, hoy enfrenta una crisis de legitimidad. Las denuncias de corrupción, los asesinatos entre miembros y el desvío de recursos públicos han fracturado su unidad. Y aunque el Gobierno insiste en que trabaja por las comunidades, los hechos muestran otra cosa: contratos opacos, violencia impune y una paz que, para muchos, sigue siendo un espejismo.

“Nosotros aquí, cuando organizamos una comisión, nos reunimos espontáneamente durante los trabajos comunitarios. Éramos entre 400 y 500 personas. En el municipio de Santander de Quilichao somos alrededor de 13.000 habitantes, y queremos hablar con el presidente para contarle la verdad de lo que ocurre. Creo que él ya se está dando cuenta, porque al menos les ha quitado ese mecanismo de los paros en la vía Panamericana que ellos tanto utilizaban. Nos manipulaban pidiendo plata, aparecían diciendo que esos recursos eran para la salud a través de la Asociación Indígena del Cauca, pero la plata nunca llegaba. Ahora, cuando el Gobierno comenzó a recortarles los fondos y a investigar, les dolió mucho, pero siguen presionando. Hasta al mismo presidente lo tienen chantajeado”, agrega Marcelino Campo.

Y finaliza con una sentencia de un secreto a voces: “Nosotros no tenemos miedo. Seguiremos luchando, pero queremos que el país sepa la verdad: el Cauca está dividido y el Cric ya no nos representa”.